Sentecia definitiva Nº 61 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 06-06-2019

Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2019
Emisor:Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo nº3
 
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///MA, 6 de junio de 2019.
Visto: Las presentes actuaciones caratuladas: "CID, CORINA S/QUEJA EN: CID, CORINA C/CONSORCIO CLUB DE VACACIONES NAHUEL MAPU S/SUMARIO" (Expte. N° 25359/14 // 28161/15-STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO
El Señor Juez doctor Sergio M. BAROTTO dijo:
1.- Contra la sentencia dictada por este Superior Tribunal de Justicia a fs. 77/77 vlta., que rechazó el recurso de queja interpuesto por la actora, a raíz del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley previamente denegado por la Cámara, la misma parte dedujo -a fs. 100/107 vlta.- recurso extraordinario federal en los términos del art. 14 de la Ley 48.
Al así decidir, el pronunciamiento de este Cuerpo confirmó, en definitiva, la resolución dictada por la Cámara Segunda del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, que hizo lugar parcialmente a la demanda y -en lo que fuera materia de agravios- la rechazó por el reclamo de las indemnizaciones derivadas del despido indirecto y multas.
En ese orden de ideas, en la resolución recurrida este Cuerpo sostuvo que el presentante no cumplió los requisitos formales impuestos por el art. 299 del CPCCm. que hacen a la autosuficiencia del recurso de hecho, cuya omisión impedía al Superior Tribunal tomar cabal conocimiento de lo decidido por el grado en punto a la materia que, en definitiva, se pretendía traer a su conocimiento, debido a que omitió adjuntar copia completa de la sentencia definitiva de la Cámara.
2.- En sustento de la pretensión articulada y luego de realizar una reseña de los antecedentes de la causa, la parte recurrente sostiene que la solución alcanzada por el Superior Tribunal constituye un excesivo rigor formal que vulnera la garantía de defensa en juicio y del debido proceso afectando derechos humanos. En apoyo de su postura, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, conforme con ella, considera que se le debió conferir un término perentorio para subsanar la omisión formal, máxime teniendo en cuenta que las sentencias se publican en la página web del Poder Judicial y son de muy simple consulta.
3.- El juicio de admisibilidad exigido por la Corte Suprema a los tribunales de la causa debe satisfacer los requisitos mínimos idóneos para cumplimentar la finalidad que el auto de concesión o denegación persigue, a cuyo efecto la decisión que se adopte sobre ese particular debe resolver de manera circunstanciada si la apelación federal -prima facie valorada- cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan, con la debida fundamentación y con valoraciones suficientes para darle sustento; conforme lo exige la doctrina del más Alto Tribunal de la Nación (in re: "SANTILLAN" del 20.05.87, "CIMA S.A." del 10.11.88). Actividad que también ha de desplegarse, cumpliendo las mismas exigencias indicadas, en caso de invocación del excepcional supuesto de arbitrariedad (cfr. CSJN in re: "REYNOSO" del 10.09.87).
4.- Ingresando en el análisis del recurso extraordinario federal obrante a fs. 100/107 vlta., corresponde señalar que ha sido interpuesto en término, por una parte legitimada al efecto y se dirige contra un decisorio carácter definitivo que ha sido emitido por el máximo Tribunal de la provincia -que se erige a esos efectos en el superior tribunal de la causa- en ejercicio de funciones jurisdiccionales propias. Por ende, las instancias locales han sido transitadas en la forma establecida por la ley ritual de aplicación y se halla agotada la posibilidad de intervención de los tribunales provinciales (CSJN in re: "STRADA"; "DI MASCIO", D.J. 1992-1-49; Fallos: 308-I-490; 311-II-2478).
Ahora bien, tal circunstancia no es suficiente para la apertura de la vía intentada, ya que la presentación recursiva no cumplimenta algunos de los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco reglamentario fijado en la Acordada N° 4/2007, lo que obstaculiza la habilitación de la instancia pretendida.
Así, en relación a la carátula exigida en el art. 2º de esa Acordada, que el recurrente acompaña, se advierten deficiencias al cumplir con el inc. i) de dicha Acordada que establece la obligación de referirse con mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, ya que no incluye los planteos referidos a la...

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