Sentencia Nº 6088/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:27 de Abril de 2018
 
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En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "M., Cinthia Celeste C/ DÍAZ, M.H. y otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (expte. Nº 6088/17 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 1 de esta Circunscripción


El Dr. R.F.R., sorteado para emitir el primer voto, dijo


Sentencia de Grado: A fs. 354/369 el aquo dicta la sentencia cuestionada en las apelaciones vertidas por los recurrentes. El magistrado de primera instancia realiza un pormenorizado relato de los hechos del expediente a fs. 354/356 vta., a los cuales me remito por razones de brevedad. En primer término trata la prejudicialidad, argumentando sobre un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que a fin de no afectar el derecho de los justiciables es razonable dictar la sentencia civil antes del pronunciamiento definitivo en sede penal, so pena de desnaturalizar el proceso por dilatarse en el tiempo; asimismo aplica la doctrina sustentada en el nuevo Código Civil y Comercial que permite el dictado de la sentencia civil sobre la base de estas circunstancias de tiempo, cuando dilaten indefinidamente un pronunciamiento en perjuicio evidente de los justiciables


El sentenciante explica la mecánica del accidente relatando que la actora era un tercera persona transportada en el vehículo Renault Clío, dominio FQE 283, de propiedad del demandado y que él mismo conducía. En circunstancias que circulaba por la ruta 143 en dirección a la ciudad de San Rafael, pcia. de MENDOZA, pierde el control del vehículo, derrapa y vuelca, quedando de la mano contraria a la ruta, sufriendo los involucrados lesiones de consideración. Así es que la actora como tercera transportada considera que ha habido responsabilidad en el conductor del rodado por ser el guardián y propietario del vehículo que realizó la maniobra por la cual se produjo el accidente


Luego de este relato, el juzgador entiende que es de aplicación el art. 1.113 del viejo Código Civil y, siendo el daño producido con la intervención de una cosa riesgosa (automóvil), el dueño o guardián solo queda eximido de responsabilidad si probara la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder. En esa inteligencia ha quedado demostrado que la actora era transportada en forma benévola, citando el magistrado fallos acordes con la responsabilidad cuando la víctima es transportada de esa manera. Por su parte el aquo tiene por acreditadas las lesiones de la accionante sobre la base de la prueba documental y la historia clínica adjuntada al expediente, concluyendo que las lesiones padecidas por aquélla fueron producto del accidente


Por otra parte el aquo entiende que el demandado no ha acreditado ningún eximente de responsabilidad, ya que lo único que éste pronunció en su defensa en el expediente penal fue que se había topado con un objeto en la cinta asfáltica, lo que hizo que el auto se desestabilizara; deduce que la existencia de ese objeto no ha sido acreditada y que además, de acuerdo a esas constancias documentales ese día había muy buena visibilidad; agrega que el accionado aduce que la víctima viajaba sin tener colocado el cinturón de seguridad, pero esta circunstancia no se encuentra acreditada, sino que al contrario, el propio demandado es quien a fs. 252 en su declaración de parte desmiente esa afirmación. Asimismo el aquo aclara que la falta de cinturón de seguridad no disminuye la responsabilidad en el evento dañoso, sino que se refleja en las consecuencias dañosas y cita jurisprudencia al respecto. Por lo cual como resultado final considera totalmente responsable del evento dañoso al demandado DÍAZ


A continuación el juez analiza la existencia y magnitud del daño resarcible. En cuanto a la incapacidad física, comienza evaluando los ingresos de la víctima, la cual se desempeñaba como moza conforme a la categoría 3 del C.C.T. 389/04, y a pesar de la escasez probatoria respecto a la jornada laboral entiende que está acreditado que la actora percibía la suma de $ 4.040,00 por mes. Luego analiza el monto de las propinas, las cuales deben ser acreditadas en el marco de esta acción civil por quien las invoca, es decir, la accionante, y en ese contexto, el magistrado advierte que no están probadas. Además, explica que según el CCT 389/40 se establece la prohibición de recibir propinas, por lo que no tiene en cuenta ese rubro como componente de los ingresos de la víctima. Por otra parte la actora reclama la suma de $ 3.000,00 en concepto de servicios de catering, pero conforme con la prueba testimonial -que el magistrado analiza puntualmente- no se acredita que esos ingresos fueran habituales y ante la orfandad probatoria referida a la época que se efectuaron montos percibidos, etc., rechaza este rubro también como componente de los ingresos.


En cuanto al porcentual de incapacidad se remite a la pericial traumatológica que le otorga el 18,95%, por lo demás extiende el concepto de vida útil laboral hasta los 75 años, conforme al criterio pacífico de esta Alzada, y toma como tasa de interés de descuento el 4%. A través del cálculo actuarial el aquo arriba, por este rubro de incapacidad sobreviniente, al importe de $ 206.220,00.


Posteriormente el sentenciante analiza el rubro "Pérdida de Chance". Manifiesta que la actora aduce en su demanda que de haber continuado en el lugar donde se desempeñaba podría haber ascendido de categoría, mejorando su salario por la antigüedad, lo que se frustró al perder su trabajo a causa del accidente. El juez, sin embargo, tiene por acreditado que el distracto se produce por causas ajenas al accidente de autos, ya que se debió a no haberle reconocido al empleador la jornada laboral ni las diferencias salariales y por ello se llega a un acuerdo conciliatorio, en el cual ni siquiera se menciona el accidente objeto de autos. Por ese motivo rechaza el rubro. En otro aspecto tampoco considera acreditada la pérdida de chance en cuanto a la posibilidad de tener un servicio de catering propio, ya que de acuerdo a la prueba testimonial se observa que dicho servicio es independiente de la tarea de moza, y siendo esta labor la que la actora se vería imposibilitada de realizar, conforme a la pericia médica, no existiría impedimento para que M. desarrolle esa actividad.


En cuanto al daño estético la actora reclama la suma de $ 50.000,00, pero expone el magistrado que conforme a lo peticionado en la demanda, y sin perjuicio de las constataciones efectuadas por el experto médico, siempre integra para la accionante un daño extrapatrimonial, ya que nada está acreditado sobre algún perjuicio en su vida patrimonial. Con lo cual siguiendo el criterio de esta Alzada y nutrida doctrina, el juez entiende que el daño estético no es un daño autónomo sino que es parte del patrimonial o extrapatrimonial, llegando a la conclusión de que en este caso será merituado como integrante del daño moral, citando jurisprudencia en su favor.


En cuanto al daño moral propiamente dicho, la actora reclama la suma de $ 150.000,00. El juez analiza las circunstancias de internación, el proceso de recuperación, las intervenciones quirúrgicas, y las cicatrices con consecuencias estéticas, por lo cual apoyándose en jurisprudencia local asigna a este rubro la suma de $ 100.000,00 a la fecha del siniestro.


En otro punto de su sentencia el magistrado trata la extensión de cobertura a la aseguradora NATIVA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., que la pide con fundamento en la convivencia en aparente matrimonio de los sujetos involucrados, estipulado en la cláusula 17-1 de las condiciones generales de la póliza. En principio el juez afirma que no surge del material probatorio la causal alegada por la aseguradora. Lo expresado por el funcionario policial en el expediente penal no es indicativo de una convivencia, habida cuenta que el hecho de mencionar "pareja" no significa necesariamente una convivencia o matrimonio -dice el magistrado- sino que puede ser interpretado como noviazgo, amigos, acompañante, etc., es decir, que tiene diversas acepciones; tampoco expresa el funcionario que lo dicho por él sea porque lo manifestaran las personas firmantes del documento. Asimismo recalca el sentenciante que de la documental, como la historia clínica, el contrato de locación o los servicios e intercambios epistolares, dan cuenta que los domicilios son diferentes, y por otra parte las demás pruebas no acreditan que las partes hayan sido convivientes; por lo cual rechaza la exclusión de cobertura de la aseguradora.


Al imponer las costas, el juez observa que la actora no ha merecido reproche en cuanto a su culpabilidad en el accidente acaecido, y por este motivo considera que los demandados han resultado vencidos. En función de los rubros reclamados el magistrado entiende que la actora dejó librado a la apreciación judicial su cuantía, y que ésta se logró en gran medida por el informe pericial y la utilización de fórmulas actuariales para el caso de la incapacidad, ya que para el daño moral y estético se basó en la apreciación judicial, por ello entiende a fin de no ver menguada la indemnización de la accionante, acudir a la facultad otorgada por el propio artículo 65 del C. Pr. en que por razón fundada puede eximir de costas en estos rubros a la actora, y cita jurisprudencia acorde con su fundamento. Por otra parte, y en cuanto al rubro "Pérdida de Chance", considera que es manifiestamente improcedente y por ello le impone las costas a la accionante.


En referencia a los honorarios profesionales fundamenta la regulación en cada caso, y respecto de los intereses aplica la tasa mix de uso judicial indicando las fechas de cálculo para cada rubro; haciendo finalmente lugar parcialmente a la...

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