Sentencia Nº 6078/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2018
 
EXTRACTO GRATUITO

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo C.il, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "DIAZ, E.J. C/ Empresa de Seguridad Falcón S.A. y Otro S/ LABORAL" (expte. Nº 6078/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. N° 1 de esta Circunscripción


El Dr. M.C.M., sorteado para emitir el primer voto, dijo:

1. Antecedentes: E.J.D. promovió demanda laboral contra Empresa de Seguridad Falcon S.A. y F.P.S., para que se las condenara solidariamente -en los términos del art. 30 de la LCT- a abonar la suma de $ 272.760 o lo que surgiera de la prueba a producirse. Dijo haberse desempeñado -entre julio del año 2011 y diciembre del año 2012- para la primera de las sociedades accionadas, realizando tareas de vigilador general en esta ciudad y en las localidades de Intendente Alvear y Realicó. Denunció un trato abusivo y persecutorio de la patronal a través de su personal jerárquico (supervisor), además expuso que la prestación de tareas se cumplía en condiciones sumamente estresantes (a la intemperie y sin baños), todo lo cual -afirma- derivó en un daño psicológico y moral cuya reparación demanda. También reclamó el pago de horas extraordinarias, de los conceptos indemnizatorios relativos al despido incausado y la indemnización prevista por el art. 52 de la ley 23.551


A fs. 60/74 el actor amplió su demanda. Expresó que la actividad laboral llevada a cabo en forma abusiva, esclavista y despiadada (malas condiciones ambientales, ilícita extensión de la jornada de trabajo, maltrato verbal, acoso laboral y abuso de poder) entrañó la calidad de actividad riesgosa productora de los daños cuyo resarcimiento requiere, motivo por el cual consideró aplicable el art. 1.113 del C.. C.. Planteó la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 (en adelante LRT)


F.P.S. contestó la demanda y adujo la inexistencia de responsabilidad solidaria de su parte al no verificarse los recaudos previstos por el art. 30 de la LCT. Afirmó que la sociedad codemandada tenía individualidad jurídica y objeto propio y específico, diferenciado del suyo, por lo que la responsabilidad solidaria denunciada -a su criterio- resultaba improcedente. Impugnó la liquidación practicada por el actor y se opuso a la procedencia de los diversos rubros reclamados por el actor. También rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto de la LRT


En tanto, a fs. 124/136 compareció Empresa de Seguridad Falcon S.A. Contestó la demanda instaurada en su contra y solicitó el rechazo de la misma. Denunció que el reclamo posee una tipificación fáctica que no se corresponde con la realidad de lo acontecido. En esa tesitura descartó persecusiones, presiones, cambio de puestos de trabajo, actividad gremial y la extensión de la jornada laboral invocada en la demanda. Negó el reclamo por incapacidad psicológica argumentando la ausencia de relación causal. Se opuso al planteo de inconstitucionalidad de la LRT. Impugnó la liquidación practicada por el demandante


A fs. 157/182 vta., y a solicitud de la empleadora accionada, se presentó a la causa en carácter de tercero Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Reconoció su vinculación contractual con quien peticionara su citación al pleito, pero solicitó el rechazo de la acción oponiendo -entre otros planteos- defensa de falta de legitimación pasiva y omisión de trámite legal por ante las comisiones médicas. A su vez rechazó el planteo de inconstitucionalidad vertido por el actor


La jueza de primera instancia dictó sentencia a fs. 700/717 haciendo lugar parcialmente a la demanda y condenando en forma solidaria a Empresa de Seguridad Falcon S.A. y F.P.S. al pago de la suma de $ 17.305 en concepto de indemnización y liquidación final por despido. Las costas del proceso las impuso en un 84,24% a la actora y en el 15,76% restante a la demandada. Las relativas a la citación del tercero decretó que fueran soportadas por la propia ART.


El actor dedujo recurso de apelación contra dicho pronunciamiento definitivo (fs. 731), exponiendo su disconformidad en el memorial de fs. 738/745 vta., respondido a fs. 753/755 por Empresa de Seguridad Falcon S.A. y por F.P.S. a fs. 757/760. Esta última también recurrió la sentencia (fs. 733), expresando agravios a fs. 764/767 vta., los que fueron contestados por el demandante a fs. 764/771.


2. La sentencia apelada. A fin de lograr una adecuada comprensión y esclarecimiento de las cuestiones a tratar en esta instancia revisora, en forma previa, es conveniente describir cuáles han sido los argumentos centrales de la decisión impartida en primera instancia.


Pues bien, en el pronunciamiento impugnado la jueza resolvió lo siguiente: a) hizo lugar a la indemnización por despido incausado y liquidación final demandadas, por la suma de $ 17.305; b) rechazó el reclamo formulado en concepto de horas extraordinarias; c) rechazó la pretensión indemnizatoria incoada con sustento en lo dispuesto por el art. 52 de la ley 23.551; d) rechazó el reclamo de reparación integral de los daños (afección psíquica y moral) que el actor dijo haber sufrido en base a malos tratos, hostigamiento y persecución en el lugar de trabajo. Fundó esa determinación invocando la falta de acreditación de tales hechos, en particular del acoso laboral o mobbing. Concluyó que a la luz de las pruebas reunidas, la afección del trabajador no reconocía un nexo causal con la problemática laboral en la que dijo haber estado inmerso. En definitiva, denegó este aspecto de la demanda por no haberse acreditado los presupuestos exigidos por la legislación civil para su procedencia; e) decretó la responsabilidad solidaria -en los términos del art. 30 de la LCT- de F.P.S.. respecto de las obligaciones derivadas del contrato laboral celebrado entre Empresa de Seguridad Falcon S.A. y el trabajador demandante. En tal sentido, destacó que las mencionadas empresas, cada una con su actividad, se complementaban tendiendo de ese modo a un único objetivo y; f) en virtud de la solución propuesta, impuso las costas procesales a la actora en el 84,24% y a la demandada en el 15,76%.-

Es de importancia señalar que la decisiones consignadas en los puntos a), b) y c) del párrafo que antecede no han sido materia de agravios por parte de los apelantes, razón por la cual esas determinaciones arriban firmes a la segunda instancia.


A continuación abordaré las apelaciones deducidas, no sin antes recordar que en reiteradas oportunidades la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).


3. El recurso del actor.


El apelante objeta el rechazo de la pretensión vinculada al rubro daños y perjuicios por enfermedad laboral, destacando que para arribar a esa decisión la jueza exigió el aporte de pruebas directas que resultan prácticamente imposibles de producir atento que, habitualmente, el trabajador se encontraba solo en el lugar de prestación de tareas. Critica que la sentenciante no haya tomado en consideración las presunciones existentes vinculadas al modo, tiempo y lugar en el que el actor se desempeñaba laboralmente. También se queja por la no aplicación al caso de la carga dinámica probatoria. Sostiene que la jueza ha sido muy severa en la apreciación de la prueba testimonial, desacreditando los dichos de los ex empleados de F.P.S. y optando por creerle a los actuales dependientes de la mencionada empresa, a quienes les comprenden las generales de la ley. Afirma que existe una vinculación clara entre la problemática laboral y el origen de los padecimientos, pues el recurrente dice haber ingresado al trabajo sin ninguna patología de base. Añade que esa vinculación fue informada por el perito psiquiatra actuante y apunta que la interpretación de la jueza respecto del dictamen pericial en cuestión ha sido equivocada.


Vale recordar que en el escrito inicial el actor relató que prestaba sus tareas laborales para la empleadora en condiciones sumamente estresantes, bajo una presión y acoso insoportables, ejercidos por el supervisor T.E.. Además denunció abuso de autoridad, amenazas de despido y cambio de tareas que, según afirmó, le provocaron un cambio disvalioso en su personalidad. Expresó que en los lugares en los que se desempeñó nunca se colocó una garita o cabina, ni baños, a pesar de trabajar a la intemperie, tanto en invierno como en verano. Calificó a esas omisiones como humillantes y crueles. Transcribió, en forma parcial, diversos precedentes de jurisprudencia extranjera referidos al mobbing.


Al ampliar la pieza de inicio (fs. 60/74 vta.), enunció que su incapacidad sobreviniente obedecía a las circunstancias de tiempo y lugar, horarios y condiciones en que la patronal le hacía prestar tareas. En ese rumbo, denunció una vez más adversas condiciones ambientales (frío, calor, de noche, a la intemperie) y humanas (presión inmensa, humillante y vejatoria). Consideró que ello "constituía una cosa/actividad riesgosa" que caía bajo el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA