Sentencia Nº 6053/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2018
 
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En la ciudad de General P., provincia de La Pampa, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "GARCÍA, E.H.C./ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PICO S/ DESPIDO INDIRECTO" (expte. Nº 6053/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. N° 1 de esta Circunscripción


El Dr. H.A.C., sorteado para emitir el primer voto, dijo


1. E.H.G. promovió demanda laboral contra la Municipalidad de General P. por la suma de $ 96.058,43, con más intereses y costas. Dijo que trabajó para la demandada cumpliendo tareas de mantenimiento (como cortar el pasto, pintar bancos y monumentos, juntar residuos, etc.) en la plazoleta "Principado de Asturias", desde el 1 de junio de 2012 hasta que se consideró indirectamente despedido el 18 de marzo de 2016. Manifestó que le pagaban remuneraciones en forma mensual y que le hacían emitir facturas como monotributista. Fue así que emitió 45 facturas correlativas e ininterrumpidas desde su ingreso en adelante, a razón de una por mes, siendo las últimas por $ 4.900. Reclamó las indemnizaciones por despido y falta de preaviso, integración del mes de despido, las indemnizaciones previstas por los arts. 80 LCT y 1 y 2 de la ley 25.323, haberes, vacaciones y SAC (fs. 10/16)


La Municipalidad de General P. pidió que se rechace la demanda, con expresa imposición de costas. Negó los hechos invocados por el actor y especialmente la existencia del vínculo laboral, pero reconoció que GARCÍA era prestador de servicios del Municipio, que en febrero de 2016 le notificó una disminución del "canon" que percibía como contraprestación y el intercambio epistolar que mantuvieron. Aseguró que G. prestó primero servicios como proveedor y luego fue contratado para efectuar tareas de mantenimiento en la plazoleta "Principado de Asturias" que consistían, principalmente, en cortar el pasto en una superficie reducida de la vereda, rastrillar hojas y juntar residuos. En una sola ocasión se le solicitó al actor que pintara el pequeño y único monolito central. Admitió que el actor percibió desde junio de 2012 a mayo de 2014 la suma de $ 2.500 por mes, en junio de 2014 $ 4.100, desde julio de 2012 (seguramente quiso decir 2014) hasta agosto de 2015 $ 4.000 y desde septiembre de 2015 hasta enero de 2016 $ 4.900. También afirmó que GARCÍA presentaba "la factura correspondiente al cobro" y que debía cumplir con sus obligaciones tributarias y encontrarse inscripto como proveedor del Municipio (fs. 32/36).

A fs. 45 se realizó la audiencia de conciliación de rigor, pero las partes no arribaron a un acuerdo


La causa se abrió a prueba y se produjeron las indicadas en el certificado actuarial de fs. 57


Luego de clausurado el período probatorio alegaron ambas partes. - -

El a quo rechazó la demanda, con costas (fs. 123/128 v.)


Apeló la actora (expresión de agravios de fs. 137/141, contestada a fs. 145/154).


2. La jueza llegó a las siguientes conclusiones:


a) que la vinculación entre G. y la Municipalidad comenzó muchos años antes de la fecha en que fue "contratado" y/o retribuido por las tareas de mantenimiento de la plaza, por cuanto "... fue el motor y gestor junto con otros vecinos, descendientes de asturianos, del nacimiento de la plazoleta a la que se impuso el nombre de "Principado de Asturias"..."


b) que "... el actor se ocupaba personalmente del cuidado de la plaza, ... sin horarios preestablecidos y con sus propias herramientas de trabajo, de manera auto disciplinada y sin sujeción a órdenes, ..." (la municipalidad puso bancos y él los sacó, M..(él decidió hacer la plaza y cuidarla, cuando dijo que iba a hacer la plazo no tenía ninguna ayuda, conseguías las plantas y todo, iba a pedir a los vecinos);


c) que (coincidiendo en este caso expresamente con la demandada) una vez construida e inaugurada la plaza, G. "ofreció sus servicios para mantener y cuidar el espacio público" y por esa razón"... el Municipio procedió a contratar ..." (sus servicios), que consistían en cortar el pasto, rastrillar hojas y juntar residuos, aunque "... en una sola ocasión se le solicitó pintar el único monolito central de la plazoleta ...";


d) que no existía subordinación jurídica ni técnica, "existiendo únicamente una compensación económica que la demandada canalizaba mediante pagos contra factura, colocando al actor bajo la categoría de proveedor de servicios, ...".


No obstante afirmar antes que "... exigir la prueba concreta de la subordinación importa un alejamiento de lo dispuesto por la LCT en el art. 23", la jueza sostuvo que estaba a cargo de G. "... probar los hechos que alegó al momento de demandar, toda vez que en el proceso laboral rigen las reglas del 'onus probandi' y quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo a riesgo de que se pretensión sea desestimada, ..." . Por ello juzgó que era el actor quien "... debía probar la existencia de una relación de dependencia con la municipalidad demandada y que ella se desenvolvía con todas las características que la signan".


Así las cosas, como el actor no logró cumplir con esa carga y solo probó que se ocupaba del cuidado de la plaza en interés de la comunidad -y a pesar de admitir que la Municipalidad "... de manera poco clara y prolija ..." decidió "... retribuir los servicios prestados mediante el pago de una suma mensual, ..."- terminó desestimando la existencia del vínculo laboral y rechazó la demanda.


3. GARCÍA se agravia porque se desconoció la existencia de la relación laboral. Sostiene que está acreditada y pretende que se condene a la demandada a pagar las indemnizaciones inicialmente reclamadas.


Conforme a los términos de la sentencia y a falta de recurso de la demandada, está fuera de discusión que GARCÍA prestó para la Municipalidad determinados servicios y que lo hizo personalmente a cambio de una contraprestación. Dicho con más precisión aún, no obstante la inexistencia de una relación de empleo público permanente o no permanente, el actor cumplió tareas encomendadas por la demandada recibiendo por ello una retribución fija mensual (concretamente, $ 2.500 desde junio de 2012 a mayo de 2014, $ 4.100 en junio de 2014, $ 4.000 hasta agosto de 2015 y $ 4.900 desde septiembre de 2015 hasta enero de 2016.


Como bien dice la apelante, la continuidad de los servicios y la escasa variación del "precio" que los retribuía corrobora la existencia de una relación laboral, pues no hubo incrementos durante períodos prolongados a pesar del notorio proceso inflacionario de la época y es improbable que un prestador de servicios autónomo hubiera admitido el deterioro de la contraprestación sin reclamar reajustes. También es cierto que la suma que abonaba la Municipalidad se mantenía a pesar de que variaban las tareas consignadas en las facturas, lo cual es indicio elocuente de que el actor recibía una retribución por la prestación de servicios en relación de dependencia.


En otro orden de ideas, el Director de Espacios Públicos de la Municipalidad, Ing. R.A.V., preguntado "bajo las órdenes de quién realizaba las tareas el actor", respondió: "nosotros asignamos las tareas, las órdenes no, ...", porque siendo un servicio contratado "se las daría el mismo". La afirmación del funcionario es relevante, pues tratándose de tareas de mantenimiento la dependencia se visualiza con la asignación de tareas y no precisamente con órdenes directas, pues es inverosímil suponer que el superior permanezca junto al empleado indicándole la forma de cortar el pasto, la forma de juntarlo o la dirección de la cortadora de césped utilizada.


Cuando GARCÍA reclamó por su trabajo una retribución de $ 4.900, el Director y el Coordinador de Espacios Públicos le contestaron que el monto no era "el ofrecido" por esa Dirección y que así se lo habían hecho saber "al momento de recibir su factura del mes anterior", por lo que le solicitaron que comunique a la brevedad "la continuidad o no" de sus trabajos "con nuestra dirección" (nota de fs. 7). El texto es más que ilustrativo, pues importa el reconocimiento de la facturación mensual de la contraprestación abonada por los servicios que el actor prestaba bajo la dirección (ya que "con la dirección" no significa "en la Dirección") del área de Espacios Públicos de la demandada.


La afirmación precedente también está corroborada por la respuesta que dio la Municipalidad al primer telegrama laboral remitido por el actor (fs. 9). La demandada, lejos de desconocer que GARCÍA realizaba tareas de mantenimiento en la plazoleta "Principado de Asturias", como cortar el pasto, limpiar o pintar, negó haber pretendido reducir la remuneración del actor para afirmar que procedió a "disminuir los servicios requeridos a su persona en su carácter de prestador de servicios" (telegrama de fs. 8).


Como resultado del análisis efectuado debe afirmarse que el principio general aplicable es exactamente el contrario al postulado por el a quo, toda vez que "... la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, ..." (art. 23 LCT) y en el caso la Municipalidad no ha hecho nada para demostrar lo contrario.


Según tiene dicho esta Cámara, el personal contratado por la administración pública puede hallarse, por lo menos, en tres situaciones distintas, que deben ser objeto de un encuadre jurídico diferente y someterse a órganos y procedimientos judiciales también diferentes. "En primer lugar, está el personal inobjetablemente contratado, es decir el destinado a tareas eventuales, transitorias o de plazo determinado (excluyente de las sucesivas renovaciones), que no son de las que pueden adjudicarse al personal permanente... En segundo lugar, aparece el personal contratado para realizar las mismas tareas que los empleados permanentes que, por alguna circunstancia propia de la...

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