Sentencia Nº 6013/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2017
 
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En la ciudad de General P., provincia de La Pampa, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "ROQUE, N.L.A.C.H., Bautista S/ LABORAL" (expte. Nº 6013/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. N° 1 de esta Circunscripción
El Dr. M.C.M., sorteado para emitir el primer voto, dijo
1. Antecedentes. N.L.A.R. promovió demanda laboral contra B.H. por cobro de diferencias relativas a integración mes de despido, preaviso, indemnización por despido, vacaciones y aguinaldo proporcionales, diferencias salariales, horas extras e incrementos indemnizatorios del art. 80 de la LCT y arts. 1 y 2 de la ley 25.323. A su turno, el accionado contestó la demanda instaurada en su contra y solicitó el íntegro rechazo de la misma (fs. 244/250 vta.)
La jueza de grado hizo lugar parcialmente a la acción entablada en la suma de $ 246.043,08 con más los intereses establecidos e impuso las costas del proceso al demandado (fs. 449/461 vta.)
El fallo fue apelado por el accionado (fs. 464) y este tribunal de alzada, en otra composición, acogió parcialmente la vía recursiva en cuestión revocando el decisorio de primera instancia, a excepción de la condena que fuera decretada en orden a lo previsto por el art. 80 de la LCT y con la adecuación allí ordenada (fs. 490/493 vta.)
Luego, la actora interpuso recurso extraordinario provincial (fs. 497/522) en el marco de lo dispuesto por el art. 261 incisos 1° y 2º del Cód. P.. Ello derivó en el fallo por el cual el Superior Tribunal de Justicia verificó las causales legales contempladas por la citada norma, casó el decisorio de esta Cámara de Apelaciones y reenvió la causa para que, con otra conformación, se dicte un nuevo pronunciamiento en los términos del art. 271 del Cód. P.., salvo en lo referente a la indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25.323 que fue declarada procedente (fs. 556/568 y fs. 570/573 vta.)
R. puede decirse que la S. A del alto tribunal provincial juzgó, por mayoría, que la Cámara de Apelaciones analizó parcialmente la prueba testimonial y omitió la valoración conjunta de los restantes medios de prueba colectados, introduciendo incluso de modo incongruente una hipótesis no esgrimida como defensa. En defintiva, ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento -a lo que se avocará este actual tribunal- respecto de las cuestiones controversiales inherentes a la antigüedad y jornada laboral cumplida por la trabajadora.
2. Alcance del reenvío. Teniendo en cuenta las particulares circunstancias procesales por las que este expediente arriba a estudio, es importante dejar en claro que la sentencia de reenvío no puede desconocer su indiscutible filiación recursiva (sea casación, inaplicabilidad de ley, apelación y nulidad e incluso extraordinario federal), de donde, sus límites y extensión no pueden a su vez ir más allá que los que quedaron fijados en la instancia superior, que a su vez reconocen su límite en las respectivas actividades impugnativas que provocaron el fallo casatorio. Dicho de otra manera, la sentencia de reenvío no remite a la situación anterior al fallo anulado, sino que es tributaria del que lo anuló. Nulidad procesal no es equivalente a inexistencia de un acto (Palacio, "Manual de derecho procesal civil", Buenos Aires, 1973, t. I, p. 359); anular un acto es consagrar su invalidez para producir algunos efectos jurídicos (M., "Función normativa de la nulidad", Buenos Aires, 1980, p. 141) pero no es hacerlo desaparecer del mundo de la realidad, tanto que continúa existiendo como acto anulado y produciendo incluso aquellos efectos que puedan considerarse independiente de la nulidad [...] es claro que envuelve exorbitancia jurisdiccional, frustratoria del derecho de defensa, el comportamiento del tribunal de reenvío que excede el marco de los agravios que fueron llevados al órgano que nulificó el pronunciamiento, de manera que afirmar la reversión de los poderes de alzada, tras el pronunciamiento nulificatorio, supone no sólo desconocer el fundamento de la prohibición, sino también hacer tabla rasa con el principio preclusivo, con el nemo iudex sine actore y con el ne procedat iudex ex officio que gobiernan los mecanismos recursivos. El juicio de reenvío no es un nuevo y originario juicio -dice con acierto A.- sino "una nueva fase que se vincula a la sentencia de anulación" (ob. cit.); y sostener que los poderes del tribunal que va a dictar el nuevo fallo son los mismos que provocaron la competencia devuelta del tribunal anulado, es ignorar la secuencia procesal que condujo a esa anulación, en la que debieron quedar fijados los pertinentes agravios que marcaron el interés de los impugnantes (Reformatio in pejus y Juicio de Reenvío; A., M.Á.. Publicado en: DJ 1986-2, 1; Cita Online: AR/DOC/4088/2006).
Con similar orientación, se ha dicho que el primer límite de cognición de los jueces de reenvío está dado por las cuestiones resueltas en las instancias ordinarias, que arribaron firmes a la sede de casación. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia declara que viola el principio de congruencia y la autoridad de cosa juzgada el fallo de la Cámara dictado por reenvío, que, excediendo el marco de la sentencia casatoria, resuelve sobre aspectos que habían quedado firmes por falta de impugnación en el recurso de inaplicabilidad de ley que había provocado su intervención. Y esta restricción del conocimiento judicial comprende a las cuestiones resueltas por el juez de primera instancia, que no fueron objeto de apelación, y, por lo tanto, tampoco podían proponerse admisiblemente ante el órgano de casación, como a las decididas en la sentencia de la Cámara de Apelaciones casada, que no fueron impugnadas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley declarado procedente. Si reenvío mediante, la alzada entra a conocer de esos tópicos, vulnera la res iudicata. Luego, el conocimiento del órgano judicial de reenvío lo delimita la sentencia de casación que devuelve el proceso para el dictado de un nuevo pronunciamiento [...] Y dentro del marco de congruencia que viene impuesto por el pronunciamiento de casación, el a quo debe respetar, además, la totalidad de las declaraciones de certeza contenidas en el voto que concitó adhesión unánime o mayoritaria, y, en su caso, las pautas suministradas por el superior para el dictado de la sentencia de reenvío, pues de lo contrario arremetería contra la autoridad de la cosa juzgada (El reenvío en materia de casación por errores de juicio. Los límites de cognición de los jueces de reenvío • T., A.J. •AP/DOC/191/2013 •La Ley).
En ese orden de ideas, los poderes del tribunal de reenvío se circunscriben pues al análisis de los agravios que se correspondan con la materia tratada en la instancia superior con motivo del recurso extraordinario, mas no abarcaría la revisión de aquellas cuestiones que no fueron materia de dicho recurso.
Pues bien, en nuestro caso, guardando coherencia con las citas doctrinarias traídas a colación -que desde ya comparto-, es de suma trascendencia dejar en claro que este tribunal de alzada, convocado para efectuar un nuevo fallo, se encontrará inexorablemente limitado -al momento de sentenciar- no sólo por la extensión de la expresión de agravios glosada a fs. 467/471, sino también, por el marco o la amplitud de los cuestionamientos que mediante recurso extraordinario provincial la aquí demandante formulara ante nuestro máximo tribunal de justicia provincial, el cual dispusiera el dictado de un nuevo pronunciamiento.
3. La sentencia. Hechas las aclaraciones precedentes e ingresando ya en el abordaje de la labor encomendada a este tribunal en virtud del reenvío ordenado, es dable indicar que para decretar la procedencia de la demanda en la cuantía sentenciada, la jueza de primera instancia brindó los siguientes argumentos: a) la relación laboral que uniera a los litigantes comenzó en el mes de septiembre del año 2.000 y no en el año 2011, tal como surge de la documentación laboral; b) la demandante se desempeñó laboralmente para el demandado realizando tareas de jardinería y huerta en la quinta que el accionado posee en las afueras de la localidad de Intendente Alvear; c) la trabajadora se desempeñó en jornada laboral completa (categoría maestranza "A", CCT n° 130/75) y no parcial, tal como el vínculo se encontraba registrado; d) resultan procedentes los incrementos indemnizatorios normados por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y art. 80 de la LCT; e) resulta procedente el reclamo formulado en concepto de diferencias salariales adeudadas por el período comprendido entre el mes de mayo del año 2.011 y el mes de marzo del año 2.013 y; f) la suma dineraria total adeudada a la...

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