Sentencia Nº 60 de Secretaría Penal STJ N2, 06-04-2016

Fecha de Resolución: 6 de Abril de 2016
 
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///MA, 6 de abril de 2016.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores Sergio M. Barotto, Liliana L. Piccinini, Enrique J. Mansilla, Gustavo Guerra Labayén y Sandra E. Filipuzzi de Vázquez los dos últimos por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 60, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para el tratamiento de los autos caratulados “A., C.J. s/Homicidio en ocasión de robo s/Incidente de excarcelación s/Casación” (Expte.Nº 28240/15 STJ), elevados por la Sala A de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en esta ciudad, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor Sergio M. Barotto dijo:
1. Antecedentes de la causa:
Mediante Sentencia Interlocutoria Nº 303, del 23 de octubre de 2015, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió denegar el pedido de excarcelación formulado por los señores Defensores Penales de C.J.A., doctores Marta Gloria Ghianni y Camilo Curi Antun.
Contra lo decidido, la Defensa dedujo recurso de casación, que fue concedido por el Tribunal a quo y admitido posteriormente por este Cuerpo. Se dispuso entonces que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte del Ministerio Público de la Defensa y se dio intervención a la Defensoría General y a la Fiscalía General. A su turno, la primera presentó su escrito de sostenimiento (fs. 41/50) y la segunda su dictamen negativo al acogimiento del recurso (fs. 55/59).
Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal, con la incomparecencia de las partes, los autos han quedado en condiciones de ser tratados en definitiva.
/// 2. Argumentos del recurso de casación:
La Defensa alega que la sentencia que denegó la excarcelación de su defendido incurre en vicios in procedendo e in iudicando, por no haberse observado la ley sustantiva y las normas adjetivas que regulan la libertad durante el proceso y la posibilidad de su restricción mediante el instituto de la prisión preventiva, a la vez que resulta arbitraria por falta de fundamentación conforme a derecho.
Los presentantes reseñan que la solicitud de excarcelación se motivó en el vencimiento del plazo de la prisión preventiva en los términos de los arts. 287 bis y 287 ter del Código Procesal Penal, ya que A. llevaba en detención -en ese entonces- cuatro años y cinco meses, desde su internación siendo menor de edad, como asimismo en la inexistencia de riesgo procesal.
A ello suman que el fallo no ha adquirido firmeza, en conformidad con la doctrina legal de este Cuerpo (STJRNS2 Se. 98/15).
También argumentan que no se han efectuado pedidos de prórroga de la prisión preventiva y que, sin perjuicio de ello, el plazo máximo permitido por el ritual, que es de tres años y seis meses, se encuentra perimido, por lo que correspondía disponer la libertad de su pupilo de puro derecho.
Agregan que no es válido concluir que persisten los motivos de riesgo procesal invocados al momento del dictado y el posterior mantenimiento de la medida, en virtud de la realización del juicio oral y el comportamiento ejemplar que, según refieren, ha tenido y mantiene A. en su lugar de alojamiento, sumado a la posibilidad cierta -ante la supuesta apertura del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- de obtener la reducción de la pena por su condición de menor al momento del hecho investigado, el arraigo constituido por poseer familia en esta ciudad, etc.
Sintetizan y cuestionan los argumentos de la Cámara, sosteniendo que fundó la denegatoria en tres motivos: 1) que no se encuentra afectada la garantía de plazo razonable, derivando sus efectos sobre la prisión preventiva vigente; 2) que el plazo máximo de prisión preventiva dispuesto en los arts. 287 bis y ter tiene carácter ordenatorio, por lo que su vencimiento no necesariamente conlleva la revocación automática de la prisión preventiva, y 3) que subsiste el peligro de fuga como riesgo procesal habilitante del mantenimiento de la medida cautelar.
///2. En cuanto al primer aspecto, la Defensa aduce que el a quo confunde el término de duración de la prisión preventiva con la garantía de ser juzgado en plazo razonable, y señala que el incumplimiento de uno de dichos plazos no equivale necesariamente al incumplimiento o violación del otro, además de que el juzgamiento del imputado continúa, por no estar firme la condena. A ello añade que, de todos modos, el Tribunal no ha ensayado los argumentos por los cuales entendía que la extensión del proceso seguido contra A. desde 2011 no configura una franca violación a la garantía de juzgamiento en un lapso razonable y que, al estar privado de libertad desde entonces, ambos términos se encuentran violentados en autos.
En respuesta al argumento sobre el carácter ordenatorio de los plazos, la Defensa plantea que ello contradice el propio cuerpo normativo citado y también se opone al sentido literal de las normas en juego (arts. 139, 287 bis y 287 ter C.P.P.).
Hace referencia luego a la normativa convencional implicada y cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y concluye que, además de ser irrazonable desde el punto de vista temporal, la prisión preventiva mantenida en contra de A. resulta infundada por cuanto ni el Ministerio Público Fiscal ni el Tribunal han dado razones suficientes para su mantenimiento.
Respecto de los indicadores de riesgo procesal, los recurrentes advierten que la reiteración delictiva, la amenaza de pena de cumplimiento efectivo, la peligrosidad social o la conmoción social, entre otros extremos, han sido desechados por este Cuerpo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pronunciamientos que citan. Aluden asimismo al control de convencionalidad que deben efectuar los jueces y a su obligación de verificar periódicamente la necesidad de las medidas de coerción, y entienden que no corresponde a la Defensa acreditar la inexistencia de riesgo procesal, entre otros conceptos sobre la temática.
Concluyen entonces que “ni el Ministerio Público ni el Tribunal han acreditado los indicadores concretos de peligro de fuga, como así tampoco se han expedido sobre el fundamento de arraigo oportunamente señalado por esta defensa en relación al comportamiento ejemplar que ha tenido y mantiene A. en su lugar de alojamiento, la posibilidad cierta -ante la apertura del recurso extraordinario por parte de la CSJN- de obtener
/// la reducción de la pena e incluso su anulación total por su condición de menor al momento del hecho investigado que habilita la declaración de responsabilidad penal con eximición de pena, el arraigo constituido por tener su familia en esta ciudad, como así tampoco al tratamiento especial que demanda el presente atento consistir en el juzgamiento de un delito imputado a quien al momento de los hechos era menor de edad”.
Finalmente, la Defensa pública afirma que los motivos señalados para el rechazo de la excarcelación de su defendido contradicen el plexo normativo aplicable y no resisten el control de constitucionalidad y convencionalidad pertinente, por lo que corresponde -y así lo solicita- que se case la resolución impugnada, se conceda su excarcelación y se ordene su inmediata libertad, sin perjuicio de las medidas alternativas que se pudieran disponer.
3. Escrito de sostenimiento de la Defensoría General:
La señora Defensora General subrogante manifiesta que la resolución impugnada debe ser dejada sin efecto, en conformidad con los fundamentos expuestos en el recurso y las consideraciones que añade.
Señala que no puede inferirse que exista sentencia firme en autos, en virtud de que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario federal, con cita de doctrina legal sobre este aspecto (STJNRS2 Se. 98/15).
Posteriormente destaca el acierto de los agravios relativos a la falta de actualización de los motivos de riesgo procesal capaces de fundamentar la prisión preventiva mantenida en contra de A., así como también en lo que respecta al vencimiento de su plazo máximo conforme lo dispuesto por nuestro ritual.
Menciona jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agrega que no debe olvidarse que nos encontramos ante un procedimiento seguido contra quien era menor al momento del hecho imputado y de su privación de la libertad, por lo que cualquier medida que se tome a su respecto debe respetar los principios propios del régimen penal juvenil, en particular el principio de especialidad. En este sentido, señala, todos los institutos, principios y garantías tales como la prisión preventiva y el plazo razonable de duración del proceso deben ser interpretados a la luz de dichos principios. También cita normativa y jurisprudencia sobre esta temática.
4. Dictamen de la Fiscalía General:
///3. El señor Fiscal General solicita el rechazo del recurso en estudio, fijando posición respecto de los agravios recursivos a partir de un análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los alcances del art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Comienza citando la causa “Firmenich” en la que, refiere, la Corte vinculó la prolongación de la medida cautelar a las circunstancias del caso y del imputado y citó una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se establecía que el término no puede ser determinado por un número fijo de días, meses o años, por lo que la razonabilidad del plazo no debe ser analizada en forma abstracta.
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