Sentencia Nº 5982/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:12 de Diciembre de 2017
 
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En la ciudad de General P., provincia de La Pampa, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "QUIÑONES, D. C/ LLORET, R.H.S./ DESPIDO" (expte. Nº 5982/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo L. N° 1 de esta Circunscripción


El Dr. M.C.M. , sorteado para emitir el primer voto, dijo:

1. Antecedentes. Llegan las actuaciones a este tribunal de alzada en virtud de los recursos de apelación que ambas partes interpusieran (fs. 175 y fs. 176) contra la sentencia de fs. 154/166 vta., en la que se hizo lugar -parcialmente- a la demanda laboral por despido promovida por D.Q. contra R.H.L.. Las costas del pleito fueron íntegramente impuestas al demandado
El decisorio impugnado hizo lugar al reclamo en la suma de $ 239.802,69; monto de condena respecto del cual se ordenó aplicar intereses a partir del día 09/10/2015 (cfme. aclaratoria de fs. 177/178). La jueza de primera instancia admitió la procedencia de los siguientes conceptos: liquidación final por despido ($ 68.904,28), indemnizaciones ley 25.323 ($ 48.074,40), indemnización art. 80 LCT ($ 26.222,40) y diferencias salariales ($ 96.601,61)


Ambas partes dedujeron recurso de apelación. La parte demandada expresó agravios a fs. 181/191, los que fueron contestados por el demandante a fs. 193/200 vta. mientras que este último fundó su recurso a fs. 202/211 vta y fue respondido por el accionado a fs. 215/219


2. El fallo. Para admitir el progreso parcial de la acción instaurada, la magistrada asentó su decisión en los siguientes principales argumentos: a) la relación laboral que uniera a las partes integrantes del juicio comenzó el día 10/05/2013; b) no obstante la renuncia al empleo que el demandante efectuara en el mes de julio del año 2013, éste continuó desempeñándose laboralmente para el accionado; c) el trabajador se desempeñó en el marco de la categoría "ayudante" prevista por la CCT n° 27/88, prestando tareas durante cuarenta y cinco -45- horas semanales y percibiendo las remuneraciones denunciadas en el escrito inaugural de esta causa y; d) la relación laboral se extinguió por culpa del empleador, a causa de la falta de pago de salarios (agosto y septiembre de 2015), irregularidad registral e incorrecta liquidación en la retribución de las tareas


3. Los recursos. Razones de orden práctico y metodológico imponen abordar el tratamiento de los agravios formulados por ambas partes en el orden que se irá consignando a continuación
3.1. Estimo pertinente comenzar examinando el agravio que el accionado formulara en su memorial en segundo término, ya que en este punto se objeta "que la jueza haya concluido en la validez de un despido indirecto legitimando la retención de tareas" (fs. 187).
El recurrente dice resistir la imputación de responsabilidad que se le efectúa por la no registración y falta de documentación del pago de remuneraciones, situación que llevara a la sentenciante a justificar la retención de tareas y a validar la ruptura ejercida por el trabajador.


Anticipo que, en mi percepción, el andamiaje de este aspecto recursivo luce notoriamente endeble y, por consiguiente, está destinado al fracaso.
Es que, en un intento tan desesperado cuanto infructuoso, el apelante pretende trasladar al trabajador la responsabilidad por la falta de registración y la ausencia de firma en los recibos de pago. Además de resultar un argumento muy poco convincente, vale decir que no existe en la causa una sola prueba que demuestre que el empleador, en ejercicio de sus facultades disciplinarias, haya reclamado a su empleado frente a semejantes inobservancias, y mucho menos, que éste desoyera algún tipo de exigencia en ese sentido.
En el desarrollo recursivo el demandado formula una serie de interrogantes y consideraciones que lejos están de embestir la línea de razonamiento que la magistrada expusiera acertadamente para considerar que el despido dispuesto por iniciativa del trabajador tuvo justa causa.


Lo cierto es que en la etapa prejudicial, sobre la base de diversos reclamos fehacientemente formulados bajo apercibimiento (fs. 22), el actor se consideró injuriado y despedido al denunciar la falta de pago de los salarios inherentes a los meses de agosto y septiembre del año 2015 (fs. 24). En tanto, el empleador contestó esa intimación negando rotundamente que esos haberes fueran adeudados (23).


Luego, en el transcurso de estas actuaciones el accionado admitió no poseer la documentación laboral que acreditara efectivamente el pago de tales conceptos y ni siquiera intentó arrimar otras probanzas que abonaran su versión de los hechos, de modo tal que, la decisión impartida en la sentencia de grado en cuanto a la legitimidad de la retención de tareas por parte del dependiente y la posterior ruptura que adoptara en base a la mentada y grave falta, deviene ajustada a derecho.
En este punto cabe tener presente que el incumplimiento salarial legítima la retención de tareas por parte de los trabajadores hasta que el empleador satisfaga su crédito, sin pérdida de haberes ya que el trabajo puesto a disposición de aquél no se ha entregado por razones no imputables al trabajador: el incumplimiento del empleador y la causa legal objetiva de la exceptio (CNTrab., sala VI, DT 1988-B-1776). En el mismo rumbo argumental, calificada doctrina señala que la retención de tareas es un remedio que la ley pone al alcance del trabajador, frente al incumplimiento de su principal de las obligaciones que la ley le impone. Se trata de una excepción que, en el ámbito laboral, fue insinuada tímidamente hace varias décadas por algunos autores, pero que, con el paso del tiempo fue abriéndose paso, hasta convertirse en una posibilidad regularmente admitida por nuestros tribunales (M.E.A., Ley de Contrato de Trabajo, t. I, pág. 523, R.C.).


A su vez, frente a las particularidades del caso que nos convoca, deviene propicio citar dos precedentes de esta Cámara de Apelaciones -en su anterior composición-, en los cuales se pronunció lo siguiente: “… el dependiente no se dio por despedido por la falta de inscripción, sino porque ESPIL lo injurió al no pagarle sus haberes, como resulta de la comunicación de fs. 10. La intimación requiriendo la inscripción no obliga al trabajador a soportar los incumplimientos del principal ni las injurias que le infiera durante los siguientes treinta días (CNTrab., sala VII, DT 1997-A-319), ni otorga a este último un "bill" de indemnidad; en este caso, la falta de pago forzó al actor a romper el vínculo, para evitar que caducara su facultad rescisoria y se entendiera que había consentido la injuria (principio de oportunidad)…” (expte. nº 1.542/00 r.C.A.). “… Es sabido que la falta de pago de los sueldos justifica que el empleado se de por despedido, por tratarse de una injuria de notoria gravedad. También cabe que lo haga cuando se le adeudan diferencias salariales…” (expte. nº 3.525/03 r.C.A.).
En consecuencia, por las consideraciones y citas vertidas con antelación, se advierte con toda notoriedad la adecuada determinación de la jueza en orden a la ruptura del contrato de trabajo por culpa del empleador. Entonces, sin más, propongo que el agravio sea desestimado.
3.2. En otro orden, el demandado se agravia porque el a quo concluyó que la relación laboral entre las partes se desarrolló, sin interrupciones, entre el mes de mayo del año 2013 y el mes de octubre del año 2015.
Sostiene que al decidir de ese modo se contrariaron las reglas de la sana crítica, el razonamiento coherente y el principio de contradicción, ya que la jueza se habría apoyado en dos testimonios respecto de los cuales afirmó que no transmitían certeza, desechando lo manifestado por los testigos aportados por el recurrente por no resultar precisos y certeros. Arguye que debió haber sido el actor el que probara que luego de su renuncia continuó trabajando, pero refiere que la jueza colocó injustamente a su cargo la demostración de tal hecho negativo.
Pues bien, es dable enunciar que en el veredicto impugnado, luego de analizar los testimonios arrimados al proceso por las partes y hacer mención a las reglas del onus probandi y de la sana crítica, la magistrada tuvo por acreditado que el inicio del vínculo laboral se produjo el día 10/05/2013 (cfme. constancia de alta ante AFIP, fs. 29) y, en lo que a la queja en tratamiento interesa, sostuvo que no obstante la renuncia exteriorizada en el mes de julio del año 2013 (fs. 28), Q. continuó desempeñándose laboralmente para L..


Es decir que, pese a la formal dimisión del dependiente, para la jueza la relación laboral prosiguió sin alteración alguna hasta producirse la ruptura contractual que en definitiva motiva estas actuaciones judiciales.


Ahora bien, los hechos acreditados en la causa evidencian de modo indiscutible que el trabajador renunció al empleo el día 20/07/2013, tanto como que la vinculación entre los litigantes no se extinguió definitivamente con ese acto unilateral, pues está claro que con ulterioridad, concretamente en el mes de octubre del año 2015, Q. se consideró despedido por exclusiva culpa de L..


Lo expuesto en el párrafo que antecede conduce a señalar que al momento de producirse la ruptura del contrato de trabajo el mismo no se encontraba registrado ante los organismos pertinentes, de hecho, así lo admitió el propio accionado -aunque pretendiendo absurdamente endilgar tal responsabilidad a su empleado- y ello emana con elocuencia del informe brindado por la AFIP a fs. 249/251.
En ese orden de sucesos, es dable apuntar que si el empleador demandado hubiera registrado debidamente el contrato de trabajo, podría haber aportado al expediente documentación laboral en la que habría constado la fecha de reingreso del trabajador, además de otros datos concernientes...

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