Sentencia Nº 5965/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 8 de Agosto de 2017
 
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En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "RATTALINO, Vilma Noemí C/ CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO S/ LABORAL" (expte. Nº 5965/17 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 1 de esta Circunscripción


El Dr. Mariano C. MARTÍN, sorteado para emitir el primer voto, dijo:-


1. Antecedentes: Vilma Noemí Rattalino promovió demanda laboral contra el Centro de Empleados de Comercio (en adelante CEC) de esta ciudad, por la suma de $ 1.292.038,81 -en más o en menos y de acuerdo a lo que surgiera de la prueba- con más intereses y costas. Dijo que el día 01/04/1989 ingresó a trabajar para la farmacia sindical de la accionada como farmacéutica directora técnica. Expresa que desde su ingreso y hasta el año 2003 la empleadora se negó a registrar la relación laboral, haciéndosele suscribir contratos denominados "por servicios a plazo fijo". Además, refiere que se omitió encuadrar su relación en el convenio colectivo de trabajo de los farmacéuticos. Señala que al asumir la nueva conducción del CEC -noviembre del año 2002- le prometieron que la relación laboral sería registrada debidamente, pero la misma fue inscripta con fecha de inicio el día 15/04/2003 y con un incorrecto encuadre convencional en la CCT n° 130/75 -categoría auxiliar especial "A"-, por cuanto, afirma, debió ser encuadrada en la categoría farmacéutico de la FATFA. Describe el intercambio epistolar mantenido con la accionada a partir del mes de abril del año 2013 -motivado en su reclamo de registración del vínculo desde la real fecha de inicio, correcto encuadre convencional y pago de diferencias salariales- que cesó en fecha 11/08/2014 mientras transcurría el período de reserva de puesto de trabajo, al considerarse injuriada y despedida por exclusiva culpa de su empleador. Reclama el pago de diferencias salariales, indemnización por antigüedad, preaviso omitido, incrementos arts. 1 y 2 ley 25.323, multa art. 80 LCT, indemnización por discriminación ley 23.592 y aportes previsionales.-


El CEC contestó la demanda incoada peticionando el rechazo de las pretensiones formuladas. Reconoció que la actora se desempeñó en relación de dependencia, pero negó la fecha de inicio invocada por la trabajadora, el encuadre convencional pretendido y la existencia de discriminación alguna en contra de la demandante. Descartó que las injurias invocadas por Rattalino para colocarse en situación de despido indirecto tuvieran contemporaneidad ni razonabilidad. En definitiva negó la procedencia de la acción entablada.- - -


La jueza de grado dictó sentencia a fs. 745/763 vta. e hizo lugar parcialmente a la demanda -por diferencias salariales adeudadas- en la suma de $ 46.008,55 con más intereses. En virtud del monto por el que prosperó el reclamo, las costas del proceso las impuso en un 96,43% a la actora y en el 3,57% a la demandada


Apeló la parte actora (fs. 776), expresando agravios a fs. 778/793, los que fueron respondidos por la accionada a fs. 796/805

2. La sentencia: El veredicto de primera instancia se asienta en las siguientes principales conclusiones: a) la trabajadora excedió el ejercicio de sus derechos y forzó el distracto colocándose en situación de despido indirecto, evidenciando resistencia al diálogo y a la conciliación amparada en su afección psíquica que la limitaba para la negociación pero no la limitó para decidir la ruptura cuando se encontraba en el período de reserva del puesto de trabajo; b) la accionante comenzó a trabajar para la demandada en el mes de abril de 1989, pero dicha irregularidad registral -en virtud de lo actuado por las partes- no puede ser considerada como una injuria grave que habilitara el despido indirecto dispuesto por la trabajadora; c) el incorrecto encuadre convencional denunciado por Rattalino no ha sido tal, puesto que el CEC no forma parte ni integra ninguna de las dos entidades que suscriben en representación de los empleadores la CCT n° 659/13, toda vez que su actividad principal no corresponde a las asociaciones allí representadas; d) resulta manifiestamente improcedente el reclamo por discriminación fundado en la ley 23.592 al no verificarse ninguno de los presupuestos allí alojados; e) la injuria invocada con apoyo en la falta de efectivización de aportes deviene improcedente, pues el art. 46 de la ley 25.345 traslada la acción al organismo fiscal quien una vez determinada la deuda debe proceder a su ejecución; f) la infructuosa pretensión indemnizatoria en los términos del art. 246 de la LCT no obsta la procedencia de las diferencias salariales reclamadas con sustento en el adicional por antigüedad laboral no computado ($ 46.008,55 -capital más intereses al día 24/04/2015-)


3. Cuestión preliminar. Previo a adentrarme en los agravios formulados por la demandante, a esta altura del voto creo trascendente manifestar que en función de lo hasta aquí expuesto y al no haber el accionado deducido recurso de apelación contra la sentencia, llega firme a esta alzada la siguiente conclusión pronunciada por la magistrada de grado, a saber: la fecha de inicio de la relación laboral que uniera a Rattalino con el CEC se remonta al día 01/04/1989, es decir que la fecha de ingreso con la cual se registrara el vínculo (15/04/2003) es falsa, por no ajustarse a la realidad de los hechos acontecidos


En este plano, ante el improcedente planteo de la accionada como cuestión preliminar de su pieza de contestación de agravios (cfme. 796, apartado II.-), estimo propicio recordar que por obra del principio tantum devolutum quantum appellatum, el tribunal de alzada no puede revisar ni resolver cuestiones que han quedado firmes. En caso de hacerlo, la resolución respectiva afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio (al emitir la alzada un pronunciamiento judicial sin que haya existido de parte interesada que hubiera abierto la competencia recursiva), y el derecho de propiedad (al vulnerar la decisión de la alzada lo que la parte interesada había adquirido en propiedad conforme al contenido de la resolución firme). (Roberto G. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", t. 1, pág. 135/136, Astrea).


4. El recurso: Sentado lo expuesto, liminarmente y en una apretada síntesis, es dable indicar que en términos generales la demandante se agravia del fallo impugnado al objetarle una errónea fundamentación para rechazar las injurias en las que se sustenta el reclamo indemnizatorio efectuado en los términos del art. 246 de la LCT (inexacta registración de la fecha de inicio de la relación laboral, diferencias salariales adeudadas, incorrecto encuadre convencional y falta de aportes previsionales). También se agravia por la imposición de costas procesales.


5. Hechos centrales. A fin de lograr una mejor comprensión de las cuestiones traídas a estudio, considero conveniente repasar el intercambio epistolar que las partes mantuvieran con anterioridad a la ruptura del contrato de trabajo. En lo que al planteo recursivo interesa, el entrecruce de envíos postales arroja el siguiente panorama:


* en fecha 29/04/2.013 Rattalino intimó al CEC -bajo apercibimiento de considerarse injuriada- a regularizar la relación laboral de acuerdo a la real fecha de ingreso y al pago de diferencias salariales derivadas de su antigüedad en el empleo, aumentos acordados a los empleados de comercio y adicionales por título y bloqueo del mismo. Reconoció las dificultades que podía entrañar la liquidación de las pretendidas diferencias y dijo ponerse a disposición para explicar lo que el destinatario estimara corresponder. Por último, comunicó que por prescripción médica debía mantener reposo laboral (fs. 4). El CEC respondió desconociendo y negando la fecha de ingreso denunciada por Rattalino, admitiendo su incorporación como empleada a partir del 15/04/2003, pero apuntando que con anterioridad a esa fecha los servicios eran prestados sin dependencia jerárquica, ni se cumplían horarios de trabajo e instrucciones. En función de esa respuesta, rechazó las diferencias salariales pretendidas y expresó que los adicionales reclamados no resultaban de aplicación de acuerdo a la CCT n° 130/75. Negó la existencia de violencia en el ámbito del trabajo y, por último, manifestó que no era su intención dar motivo alguno para la desvinculación de la trabajadora, razón por el cual le brindó diversas alternativas para, según dijo, "poder generar un ámbito de diálogo adecuado para la prosecusión del vínculo laboral" (fs. 5).


* en fecha 09/05/2.013 la actora ratificó y reiteró sus intimaciones relativas a la fecha de ingreso, diferencias salariales y aumentos. Al final de la misiva exteriorizó su voluntad de mantener el vínculo laboral y aclaró que en virtud de su dolencia psiquiátrica laboral no se encontraba en condiciones de sostener una reunión, no obstante lo cual dijo facultar a su letrada a tal efecto (fs. 6). La empleadora contestó que, ante la divergencia de criterios existentes en torno a los reclamos formulados, le ofrecía a la trabajadora mantener la relación laboral hasta el momento en que estuviera en condiciones de sostener una reunión. Reiteró que no era su intención dar motivo alguno para la finalización del contrato (fs. 7).


* en fecha 24/04/2.014 el CEC le comunicó a Rattalino que a partir de ese día finalizaba el período de licencia paga por enfermedad (art. 208, LCT) y, consecuentemente, al día siguiente principiaba el período de reserva del puesto de trabajo (art. 211, LCT) (fs. 8).


* en fecha 20/05/2014, es decir, habiendo transcurrido más de un año desde su última intimación fehaciente (fs. 6), la trabajadora remitió un nuevo despacho postal. Otra vez reclamó la registración a la...

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