Sentencia Nº 5820/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2017
 
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En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados "LEZCANO, A.T. C/ ALLEMANDI, J.E. y otros S/ ORDINARIO" (expte. Nº 5821/16 r.C.A.) y "TORRES, A.C.M. C/ ALLEMANDI, J.E. y Otros S/ ORDINARIO" (expte. Nº 5820/16 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de esta Circunscripción. -

- El Dr. R.F.R., sorteado para emitir el primer voto, dijo:

- I.- Sentencia del aquo: -

- a) Expte. N° 41.195/13 "T., A.C.M.c.A., J.E. y otros s/ Ordinario": A fs. 484/500 vta. el a quo dicta la sentencia cuestionada en la apelación vertida por el recurrente. El magistrado de primera instancia realiza un pormenorizado relato de los hechos del expediente a fs. 484/487, a los cuales me remito por razones de brevedad. El juez en principio observa que al presente caso debe aplicarse el viejo Código Civil de V. en función de la fecha del accidente, que ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento. Señala que los hechos controvertidos son la mecánica del accidente, la responsabilidad en el evento dañoso y la existencia y magnitud del daño resarcible.

En cuanto al primero de ellos, es decir, la mecánica del accidente, el aquo expresa que sólo consta la declaración en sede policial del demandado, transcribiendo algunos párrafos de esa declaración. Dice que el proceso carece de testimonios vinculados al suceso, que la calle 33 poseía doble sentido de circulación mientras que la calle 14 tiene un único sentido de sur a norte, que el perito no pudo determinar velocidades de los vehículos, que el utilitario del demandado es embestido en el tercio delantero del lateral derecho por la parte frontal de la motocicleta. Agrega que utilitario ya había superado la encrucijada por el carril de circulación oeste-este de la calle 33, y por último concluye que la causa basal de accidente fue que el utilitario se interpuso en la línea de desplazamiento de la motocicleta al no respetar la prioridad de paso, y la causa secundaria fue la conducta de la conductora de la moto que por su velocidad no advirtió con suficiente antelación la presencia del rodado mayor como para realizar una maniobra de frenado o esquive.

Expone que el art. 41 de la ley 24.449, ley Nacional de Tránsito (en adelante L.N.T.) dispone que la prioridad de paso corresponde al conductor que se desplaza por la derecha, normativa a la que adhiere la provincia de La Pampa por la ley 1.713 y por la ordenanza municipal de esta ciudad 14/98; por lo cual está claro que la prioridad de paso la tenía quien conducía la motocicleta, entendiendo el aquo que el demandado no divisó la moto y emprendió el cruce sin esa precaución, además de circular a una velocidad mayor a la permitida en el cruce de arterias. Por este motivo y apoyado en jurisprudencia de esta Alzada el juez imputa responsabilidad a ALLEMANDI, agregando que se encontraba al mando de un vehículo de mayor porte que se dedicaba al transporte de pasajeros, por lo que debió requerirse un actuar con mayor prudencia. -

Señala el aquo que cuando chocan dos vehículos se presume la responsabilidad de cada uno de los involucrados, por lo cual analizada la conducta del vehículo de porte mayor cabe analizar ahora la conducta de quien iba al mando de la motocicleta. En este sentido el juez afirma que si bien la prioridad de paso asistía a TORRES, ella tiene el deber de circular en forma reglamentaria. Observa el magistrado que la motocicleta quedó prácticamente destrozada en su totalidad y que las lesiones físicas que sufrieran tanto TORRES como LEZCANO revelan la violencia de la colisión, lo que evidencia que la velocidad legal de 20 km no fue respetada por la moto. Por otra parte el juez agrega, apoyado en el informe del técnico de fs. 10/11 de expte. penal, que la moto poseía una anomalía de orden mecánico, ya que no le funcionaba el sistema de frenos traseros, incumpliendo con los arts. 29 y 39 inc. a) de la L.N.T. Además, agrega que TORRES carecía de carnet habilitante para conducir, no contando con la edad suficiente para guiar un rodado de esas características, con lo cual también en ese punto quebrantó la normativa vigente contribuyendo con otro elemento de juicio en su contra, citando jurisprudencia de esta Alzada en ese sentido. Por todo ello entiende que TORRES incurrió en una violación a las normas de tránsito. -

El magistrado de grado dice que no fue sólo la conducta de ALLEMANDI la que causó el siniestro, sino que también, en menor medida, lo fue la de la conductora de la motocicleta; por ello afirma que existe un culpa concurrente, y le atribuye un 30 % de responsabilidad a la conductora de la moto, y un 70 % al demandado.

En otro punto el magistrado afirma que las ocupantes de la motocicleta circulaban sin caso protector, advirtiendo que el personal de emergencias médicas en ningún momento hizo mención o referencia a la presencia de cascos; asimismo de una documental ofrecida por la actora se revela que la paciente fue trasladada al S.E.M. (Servicios de Emergencias Médicas) luego de sufrir el accidente "con la moto sin casco" (fs. 185), y corrobora la no utilización del casco la historia clínica adjuntada en autos. Aclara el magistrado que la actora no ha traído al proceso prueba alguna que acredite el uso del casco. Afirma el aquo que este elemento sólo podrá ser tenido en cuenta en referencia a la incidencia causal de los daños producidos, citando jurisprudencia de esta Alzada en ese sentido.

- Advierte que la adolescente TORRES fue internada en terapia intensiva tras sufrir un edema cerebral con pérdida de memoria (fs. 182/187 y 261). Dice que de haber usado el casco reglamentario esas lesiones hubiesen sido de menor consecuencia a las efectivamente padecidas, indicando que de la pericia accidentológica se puede inferir que algunos de los cuerpos impactó sobre el rodado mayor, por lo cual el juez entiende que la víctima cometió una falta grave al incumplir la normativa de tránsito potenciando los efectos del siniestro y agravando con ello las lesiones sufridas. Por estas razones el magistrado le atribuye a TORRES un 30% de incidencia causal en la producción de aquellos daños que se relacionan con la no utilización del casco.

Posteriormente el magistrado analiza cada uno de los rubros reclamados; el primero de ellos es la reparación del rodado, la que conforme a la pericial mecánica el rubro asciende a $ 6.605,00, pero haciendo lugar al 70 % de acuerdo a la responsabilidad incurrida por la demandada, admite el rubro por la suma de $ 4.623,50. –

En cuanto a la privación de uso de la motocicleta, expone que los trabajos de reparación insumirán 30 días, y asentado en doctrina y jurisprudencia advierte que la privación de uso no puede extenderse más allá del período temporal que pudo insumir la reparación, sin perjuicio que la sola privación de un vehículo genere un daño indemnizable; por lo cual estima el rubro en la suma $ 1.500,00 pero reducido según el grado de responsabilidad hace lugar a $ 1.050,00.

El otro rubro tratado es la pérdida del valor venal, sobre el cual fundado en doctrina y jurisprudencia que cita y en lo dicho por el experto mecánico, que afirmó que la reparación a través de la reposición de piezas asegura el correcto funcionamiento de la motocicleta, rechaza el rubro por apreciar que no está acreditado que hubiere una disminución por la venta de la motocicleta.

La incapacidad física: Por este rubro la actora reclama la suma de $ 145.573,00 o lo que en más o en menos surja de la prueba. El juez se rige conforme con la pericia médica que obra a fs. 297/299, la cual indica que sufrió un politraumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento, fractura de la 8va. costilla izquierda, omóplato izquierdo, pelvis y traumatismo facial, presenta cicatrices, no fue intervenida quirúrgicamente y no presenta problemas respiratorios, por lo que se le determina una incapacidad parcial y permanente del 16% por las fracturas en la pelvis y pérdida dentaria, manifestando que lo dicho por el experto se condice con la historia clínica de TORRES. A los efectos del cálculo el magistrado usa la fórmula denominada "cálculo actuarial", tomando como ingreso el salario mínimo vital y móvil a la fecha del evento dañoso que ascendía al importe de $ 2.670,00. A ello le agrega el porcentual de incapacidad del 16%, arrojando una suma por ese rubro de $ 125.000,00 a la que debe deducirse el 30% de responsabilidad de su parte, por lo que la indemnización asciende a $ 87.500,00 al momento del evento dañoso, a lo que cabe adicionarle intereses hasta el efectivo pago.

Gastos terapéuticos futuros: Reclama por las numerosas sesiones de kinesiología, fisioterapia, psicología y neurología para recuperar su estado anterior al accidente o mitigar las secuelas del mismo. Observa el magistrado en consonancia con el informe pericial psicológico que el estado psicológico de la examinada era una consecuencia de la lesión cerebral producida por el siniestro. Indicó, a su vez, que las sesiones debían efectuarse durante un promedio de 2 años, agregando que cada sesión costaba la suma de $ 170,00. El juez descarta la procedencia del tratamiento en kinesiología debido a que no se ha dictaminado tal abordaje, por lo cual entiende que el monto por este rubro asciende a $ 17.280,00; pero debe reducirse en función de la responsabilidad atribuida a su parte y, además, por su contribución en la producción de ese daño estimada por el sentenciante en un 30% debido al no uso del casco, circunscribiendo la indemnización a la suma...

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