Sentencia Nº 575 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 26-08-2020

EmisorCorte Suprema de Justicia de Tucumán (Argentina)
Fecha26 Agosto 2020
Número de sentencia575
MateriaBULDURINI VICTOR GUIDO Vs. HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN S/ NULIDAD

SENT Nº 574 Provincia de Tucumán

Y VISTO:
El presente juicio caratulado: “Buldurini Victor Guido vs. Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán s/ Nulidad”, de cuyo estudio R E S U L T A Que a fs. 138/170 Víctor Guido Buldurini promueve demanda de nulidad contra el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán -en adelante HTC- con el siguiente objeto: i) se declare la nulidad-revocación del Acuerdo N° 3638/2011 del 29 de diciembre del 2011, dictado en Exp. N° 62-270-DCF-00 y, consecuentemente, resuélvase dejar sin efecto la sanción de multa de $30.000, así como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el término de 3 años dispuesta; ii) declarar la nulidad del Acuerdo N° 654/2012 del 09 de abril de 2012 pronunciado en Exp. N° 113-270-VGB-12 por el cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el actor contra el acuerdo citado en primer término. A efectos de fundamentar sus pretensiones, asevera que la instancia administrativa se encuentra debidamente agotada en virtud de que el Acuerdo N° 3638/HTC/2011 fue notificado el 29/12/2011, por cédula N° 409/2011, y la presente demanda se dedujo dentro de los 90 días hábiles conforme el art. 9 del Código Procesal Administrativo. A su vez, señala que el Tribunal, al momento de dictar su decisorio, ha prescindido de circunstancias y actos jurídicamente relevantes conducentes, respecto al levantamiento de cargo formulado en su contra, como por cualquier atisbo de imputación o atribución de responsabilidad, ya que está comprobada su falta de competencia u obligación de rendir cuentas con motivo del Juicio de Responsabilidad sustanciado por los hechos investigados. En ese sentido, indica que la conducta endilgada era ajena a su específica asignación de funciones en cuanto no pertenecía al Servicio Administrativo del Ministerio de Asuntos Sociales, área o sector, donde habrían acaecido los actos que sustentaron el juicio de responsabilidad. En esa línea, expresa que el Acuerdo N° 3638/HTC/11 fue emitido a partir de serias deficiencias, imperfecciones y omisiones, tales como ignorar antecedentes, planteos, defensas y actos anteriores que expresamente lo excluían de todo tipo de responsabilidad por la falta de rendición de cuentas. Asimismo, agrega que lo expuesto constituye una evidente lesión a su derecho de defensa puesto que se prescinde de prueba decisiva afectando las reglas esenciales del procedimiento dirigidas a la búsqueda de la verdad objetiva. Específicamente, sobre los antecedentes a los que refiere, esgrime que los acuerdos dictados por el HTC lo excluyen de responsabilidad por las obligaciones investigadas respecto al deber de control y de rendir cuentas por los fondos del Programa de Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO) como la indebida imputación de irregularidad por los hechos y actos objetos del juicio de responsabilidad. Particularmente, cita que el HTC, en los Acuerdos N° 1327/HTC/2000 y 1335/HTC/2001, definió quien era el funcionario responsable del servicio administrativo del Ministerio de Asuntos Sociales -M.A.S - a los fines de cumplir con la obligación legal de control y regularizar las rendiciones de cuentas de dichos fondos concluyendo que el imperativo era ajeno a su persona, de modo que no estaba alcanzado por el mismo en virtud de las funciones que tenía asignadas. En ese marco, razona que el HTC “…jamás pudo legal (sic) ni razonablemente a posteriori del dictado de los Acuerdos mencionados y transcriptos, hacerme responsable de las obligaciones de falta de control y rendición de cuentas inobservados (sic), irregulares o ilícitos que fueron objeto del juicio de responsabilidad, ya que ello significaría a las claras un actuar antijurídico, incongruente, en una palabra, volverse el propio juzgador en contra de sus propios actos anteriores plenamente legítimos, válidos y eficaces, ya que de ocurrir en ese tipo de conducta, se plasmaría una franca violación a la doctrina de los actos propios, pasando el acto constituirse en nulo de nulidad absoluta, por lesionar el principio de congruencia”. A renglón seguido, transcribe textualmente el contenido de los Acuerdos N° 1327/HTC/2000 y N° 1335/HTC/2001, resaltando las afirmaciones referidas a que no estaba obligado a rendir cuentas (cfr. fs. 144). Como corolario, sostiene que corresponde excluirlo del juicio de responsabilidad que concluyera con el dictado del Acuerdo N° 3638/HTC/2011. Por otro lado, menciona que resulta aplicable el principio “in dubio pro responsable”, el cual, conjuntamente, con la expresa exclusión de su responsabilidad por la obligación de control y rendición de cuentas de los fondos de POSOCO, implicaban su absolución en relación a las irregularidades e incumplimientos imputados en el juicio de responsabilidad. En esa orientación, asevera que “…todos esos elementos que me eran favorables, conducían irremediablemente a que el Tribunal dictara un Acuerdo absolutorio a mi favor por falta de responsabilidad, amén de alimentar en el mismo sentido, el declarado principio de la duda, que favorecía mi falta de culpa y responsabilidad, y que como tal, siempre deber ser interpretado y aplicado a favor del imputado o investigado, ya sea en el campo del derecho penal, administrativo, laboral, etc. con la sola concurrencia del ‘in dubio pro operario, reo, administrado o responsable’, sin embargo, el Tribunal, contrariando todo ello, resuelve (…) aplicarme las graves sanciones de multas e inhabilitación”. Expresa que la solución legal y adecuada en el caso concreto estaba derechamente dirigida a que se resolviera el levantamiento de los cargos formulados y/o la correspondiente absolución o eximente de culpabilidad, por los hechos y actos objetos del juicio, resultando equivocado hacerlo responsable de las extremas medida disciplinarias de multa de $30.000 y la pena accesoria de inhabilitación por tres años para el ejercicio de cargos públicos. En otro orden de ideas, argumenta que existe una violación a su derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Para fundar su posición, menciona que teniendo en cuenta la fecha de tramitación del Exp. N° 62-270-DCF-00 y el Acuerdo N° 101 HTC-00, el cual dispone la sustanciación del juicio de responsabilidad por las irregularidades en la aplicación de los fondos POSOCO (durante el periodo comprendido entre 1 de noviembre de 1999 y el 29 de febrero 2000), y sopesando la fecha del Acuerdo N° 3638/HTC/11 del 29 de Diciembre del 2011, se concluye comprobadamente que han transcurrido desde el inicio de las actuaciones y la resolución final, más de 11 años conculcándose su derecho de defensa en juicio. En el punto V° 9 de su demanda, insiste en que no estaba bajo su competencia el manejo de fondos públicos ya que por ley ello le correspondía a la Secretaría de Estado de Desarrollo Humano, por intermedio de sus funcionarios o empleados competentes, quienes obviamente debieron concretar su cometido depositando los valores recibidos, dictando los correspondientes actos administrativos que reglamentariamente autoricen su ejecución, para luego, cometer esos actos al control del Honorable Tribunal de Cuentas. A su vez, en el punto V° 10, esgrime que el HTC denegó arbitrariamente prueba conducente a su favor. En efecto, señala que en la tramitación del juicio de responsabilidad el Tribunal declaró inoficiosa la prueba referida en el Cuaderno de Pruebas n° 12 violando su derecho de defensa. Además, aclara que el HTC realiza una ilegal atribución de responsabilidad producto de un indebido encuadre por transgresiones a dispositivos legales y reglamentarios. Bajo este prisma, arguye que “lo considerado a fs. 12 del Acuerdo N° 3638/HTC/2011, en tanto expresa e invoca de manera contraria a la verdad real y objetiva, y en mi contra, que integraba el Servicio Administrativo del MAS, no obstante acreditarse en el procedimiento que ello no es verdad, ya que comprobadamente me desempeñaba, tal como se señaló ut supra, en la Dirección de Apoyo (…) a partir de ese falso e inexistente encuadre de mi puesto de trabajo y prestación de servicios, resuelve el Tribunal condenarme por haber incurrido en transgresiones legales, reglamentarias…”. A renglón seguido, justifica que los libramientos de entrega se realizaron conforme a lo normado por la Ley de contabilidad. A fin de eximirse de responsabilidad, hace notar que el responsable del Servicio Administrativo del Ministerio de Asuntos Sociales al momento de producirse las irregularidades detectadas y sus consecuencias era el C.P.N Francisco Bobba. En virtud de ello, asevera que el propio HTC consideró que no era responsable de ninguna rendición de cuentas. Por ese motivo, insiste en que “la expresa y categórica exclusión de responsabilidad, y por ende de la autoría de las irregularidades detectadas, objeto del juicio de responsabilidad arriba señaladas, constituyen decisivos fundamentos para la declaración de nulidad de las sanciones aplicadas por los arts. 5 y 10 del Acuerdo N° 3638/HTC/2011, por haber omitido el HTC dichos antecedentes al momento de emitir el Acuerdo, con lo que han violado y contravenido el principio y doctrina de los actos propios”. Sostiene que los cheques firmados por su persona, aún antes de la firma del Sr. Bobba, se confeccionaban por el Personal de la División Administrativa y bajo la única responsabilidad del referenciado contador, siendo el Servicio Administrativo a su cargo, quién debía velar porque éstos fueren liberados conforme Ley de Contabilidad, Ley de Administración Financiera, etc. Por otra parte, plantea la inconstitucionalidad del art. 172 última parte de la ley N° 6.970 y del art. 10 del Acuerdo 3638/HTC/2011. Argumenta que solo los jueces penales o en su caso el poder administrador disciplinario derivado del régimen estatutario, previo sumario, puede dictar el acto administrativo final que disponga hacer cumplir la grave sanción de inhabilitación en contra de un agente público. En efecto, establece que para...

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