Sentecia definitiva Nº 57 de Secretaría Civil STJ N1, 14-07-2017

Fecha de Resolución:14 de Julio de 2017
Emisor:Secretaría Civil STJ nº1
 
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PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EXPTE. Nº 28895/16-STJ-
SENTENCIA Nº 57
///MA, 14 de julio de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores E.J.M., S.M.B., A.C.Z., L.L.P. y R.A.A., con la presencia de la señora Secretaria doctora R.C., para el tratamiento de los autos caratulados: “J.Z., J. y OCARES ARAVENA, N.I. c/PROVINCIA DE RIO NEGRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO) s/CASACION” (Expte. N° 28895/16-STJ), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 243/252 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.-¿Es fundado el recurso?
2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor E.J.M. dijo:
I) Antecedentes de la causa.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia N° 22 de fecha 25 de abril de 2016 obrante a fs. 233/236 resolvió: “I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiscalía de Estado, revocando íntegramente la sentencia definitiva de primera instancia y rechazando la demanda. II) Disponer que las costas de ambas instancias se distribuyan en el orden causado”.
Esto es y en lo que aquí importa, revocó la sentencia de la Jueza de Primera Instancia que a fs. 191/200 hiciera lugar a la demanda promovida por J.J.Z. y N.I.A. y en consecuencia condenara a la Provincia de Río Negro a abonar los daños allí reconocidos.
II) Agravios del recurso.
Contra lo así decidido, la parte actora interpone a fs. 243/252 y vta. recurso extraordinario de casación, planteo que fue contestado por el apoderado de la Provincia de Río Negro a fs. 260/263 y vta. de las presentes actuaciones.
A fin de sustentar su aspiración de acceder a esta instancia de legalidad, la recurrente argumenta que la sentencia en crisis ha incurrido: a) En la errónea aplicación de la ley (art. 286 inc. 2° del CPCyC.), en el caso la vulneración de los arts. 901 y 904 del Código Civil y del art. 18 de la Constitución Nacional. b) En arbitrariedad y absurdo, por no considerar la prueba existente en el expediente penal agregado por cuerda, lo que transgrede derechos de raigambre constitucional.
III) Análisis y solución del caso.
Ingresando al examen de las cuestiones traídas a debate, abordaré en primer término los agravios fundados en la errónea aplicación de los arts. 901 y 904 del Código Civil, en cuanto la actora cuestiona que la Cámara haya considerado que no hay relación de causalidad adecuada entre la fuga del Sr. L.A.M. y el posterior homicidio del Sr. D.A.J. por el que aquí se acciona.
En autos no se discute que el Sr. Jara falleció como consecuencia de las heridas proferidas por el Sr. L.M. el 09 de abril de 2006 quien, debiendo estar alojado en el Penal Provincial N° 2 de la ciudad de General Roca, se había fugado ese mismo día con otros internos. Ello surge de la sentencia de condena dictada por la Cámara Primera del Crimen de dicha ciudad, al hallarlo culpable de homicidio simple en relación a Jara, sentencia ésta que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada por lo que, conforme al art. 1102 del entonces vigente Código Civil, no se pudo discutir en este juicio civil la existencia del hecho principal que constituyó el delito ni impugnar la culpa del condenado.
La sentencia de Cámara recurrida reconoce también como fuera de discusión la fuga, coincidiendo además con la Jueza de Primera Instancia en que M. era un interno conflictivo y con antecedentes en su vida carcelaria, que permitían suponer que podría intentarla, no adoptando la autoridad carcelaria adecuadas medidas para disminuir tal riesgo. Tiene además como un hecho de público y notorio conocimiento el mal funcionamiento de la unidad carcelaria con fugas, amotinamientos e incidentes variados, demostrativos de una deficiente prestación del servicio.
En dicho contexto fáctico y en forma también coincidente con la juzgadora de origen la Cámara, si bien considera acreditado el no cumplimiento o cumplimiento irregular de la función de custodia y vigilancia sobre los privados de libertad por parte de los encargados del Servicio Penitenciario Provincial, entiende que no hay relación de causalidad adecuada entre la fuga y el posterior homicidio del Sr. Jara por el que aquí se demanda.
No comparto la decisión de la sentencia impugnada. En una primera aproximación al caso traído a examen cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene resuelto que quien contrae la obligación de prestar un servicio público lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o su ejecución irregular (CSJN, “. c. Provincia de Buenos Aires” del 30/9/2003, LA LEY, 2004-B, 336; idem Fallos: 312:1656; 315:1892, 1902; 316:2136; 320:266...

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