Sentecia interlocutoria Nº 55 de Secretaría Penal STJ N2, 20-12-2012

Fecha de Resolución:20 de Diciembre de 2012
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 22368/07 I STJ
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: 55
CONDENADO: F., V.H.
DELITO: ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO APTA PARA EL DISPARO
OBJETO: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE PENA
VOCES:
FECHA: 20/12/12
FIRMANTES: S.N. (EN DISIDENCIA) BAROTTO - MANSILLA
///MA, de diciembre de 2012.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “V.H.F. s/Incidente de suspensión del cumplimiento de pena” (Expte.Nº 22368/07 I STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:

Que la deliberación previa a la resolución (cuya constancia obra a fs. 223) ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor Juez doctor V.H.S.N. dijo:

1.- Mediante Sentencia Nº 34, del 11 de julio de 2007, la S. B de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió -en lo pertinente- condenar a V.H.F. a la pena de ocho años de prisión, en virtud de hallarlo co-autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo (art. 166 inc. 2º primer supuesto y penúltimo párrafo C.P.).

Asimismo, unificó la pena precedentemente impuesta con la dictada por esa S. en la Sentencia Nº 30, del 12 de junio de 2006, en autos “D.. 114 Viedma s/ Inv. presunto robo” (Expte.Nº 174/162/03 del registro de ese Tribunal), en la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma, hurto calificado, robo en grado de tentativa, robo calificado en lugar poblado y en banda con escalamiento en grado de tentativa y robo simple, todo en concurso real (arts. 166 inc. 2º primer supuesto y penúltimo párrafo, 163 inc. 6º, 164 y 42, 167 inc. 2º, 4 y 42, 164, 55, 58 y 26 C.P.; fs. 32).

///2.
2.- Denegados los recursos de casación (fs. 50) y extraordinario federal (fs. 156), la sentencia de condena se encuentra firme.

3.- A fs. 216, la defensa solicita que pasen los autos al Acuerdo para resolver la situación de su defendido en el presente incidente, iniciado a instancias de esa parte (ver fs. 486/490 del expediente principal) con el argumento de que existen hechos que ponen de manifiesto la resocialización de V.H.F. y la inconveniencia de privarlo de su libertad (con cita de normativa procesal y constitucional en apoyo de su planteo).

4.- Corrida vista a la señora Procuradora General, dictamina que ya se expidió a fs. 143/148, fundamentos a los que se remite en honor a la brevedad.

Señala que el indulto y la rebaja de pena no se efectúan a instancias de la jurisdicción, sino que la jurisdicción eventualmente es requerida para informar por parte del Poder Ejecutivo. A todo evento, refiere que los autos principales deberían ser devueltos al Tribunal de origen que impuso la pena (fs. 220/221).

5.- Introducción:

En el presente incidente (y como se verá en detalle más adelante) se acreditó que V.H.F. es el segundo de los cinco hijos con que configuró la familia la señora S.E.F. en sucesivas parejas de convivencia, y creció a cargo de la madre, sin reconocimiento paterno, integrado a los avatares que esta enfrentó para organizar el grupo monoparental y cubrir las necesidades materiales con intensa y cambiante dedicación
///3.- laboral y la ayuda de organismos asistenciales del medio. Surge asimismo que, luego de completar el ciclo primario con mínima dedicación, se integró precoz y desventajosamente en el mercado laboral en actividades informales en la zona urbana y rural, circunstancias en las que se sumó a grupos de adolescentes proclives a la trasgresión y al consumo de alcohol y otros estimulantes, y se involucró en situaciones motivo de reproche social y jurisdiccional.

De las constancias agregadas se desprende también que, si bien fue asistido con recursos asistenciales e intentó diferentes tratamientos, estos esfuerzos aislados de sostén terapéutico fracasaron ante el acucio de las necesidades insatisfechas y la imperiosa necesidad de obtener sustento para sí y su familia materna.

Consta además que luego, ya con veintidós años (en el año 2004), comenzó una relación afectiva con la joven C.J.N., con quien inició un gradual proceso de organización personal y concretó la convivencia poco después del nacimiento de la hija mayor, suceso que lo encontró todavía privado de la libertad; al egreso inició la vida en común con la compañera y retomó actividades laborales como recolector de residuos, concentrando sus esfuerzos en compartir con la joven madre el desarrollo de la tarea parental y reunir recursos para adquirir una vivienda, objetivo que logró con el soporte de la familia política y la entidad empleadora.

Estos párrafos muestran las situaciones vitales que desde niño y sin quererlo -mucho menos con posibilidad de
///4.- alguna opción-, tuvo que sortear F. hasta encontrar los apuntalamientos necesarios que lograron su readaptación social.

Por estas razones, es de especial importancia considerar los derechos y garantías que desde niño debieron reconocerse para el amparo de las críticas circunstancias que vivió el causante a lo largo de su existencia.

6.- En esta línea de pensamiento, y atendiendo a los antecedentes que rodean el presente caso, de un menor que entró en conflicto con la ley penal antes de cumplir los dieciséis años de edad (ver fs. 4, 5, 10 y 95) y que luego se resocializó, repasaremos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al insoslayable paradigma de los derechos de los niños y adolescentes.

La Corte Interamericana señaló que, cuando el aparato del Estado tiene que intervenir en delitos cometidos por menores, debe realizar un esfuerzo sustancial para garantizar su rehabilitación y permitirle cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad (CIDH, caso V.M. y otros -“Niños de la calle”-, sentencia del 19/11/99, párrafo 185). Es así que “esta Convención junto con otros instrumentos internacionales específicos, constituye un cambio en la materia que ha sido caracterizado como el pasaje de la consideración del menor objeto de tutela, propio del modelo de \'situación irregular\' imperante en los países latinoamericanos hasta fines de la década del 80 (…), al reconocimiento del niño y del joven como sujetos de derechos” (M.B. y J.L.M., “Los recursos en el ámbito de la justicia de menores” en la obra colectiva
///5.- Los recursos en el procedimiento penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, pág. 177; en el mismo sentido, ver M.B., “Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina”, en la obra colectiva Infancia, Ley y Democracia en América Latina, Temis/Depalma, Santa Fe de Bogotá/Buenos Aires, 1998, págs. 87 y 91).

Con respecto a los principios contenidos en la Convención, “la teoría supone que ellos se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia (o contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente \'inspirar\' las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades” (M.C.B., “El interés del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, en la obra colectiva Infancia, Ley y Democracia en América Latina, ya citada, pág. 77).

“[P]artiendo de la premisa elemental, aunque no redundante, de que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, no debe perderse de vista que de dicho principio no se deriva que los menores, frente a la infracción de la ley penal, deban ser tratados exactamente igual que los adultos […] En suma, los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos
///6.- especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, párrafo 54).

Cabe recordar que en el Informe Nº 41/99, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió sobre un caso de menores detenidos en centros destinados a mayores en Honduras. Allí sostuvo que “el Estado debe limitar la intervención penal al mínimo” y que “los métodos sancionatorios deben ser el último recurso estatal para enfrentar los más graves hechos de criminalidad. No debe emplearse por tanto, el ius puniendi estatal frente a situaciones que no son graves, o que puedan atenderse utilizando otros mecanismos menos gravosos para los derechos fundamentales del menor” (parágrafo 116).

Además, en el informe 172/10 referente a esta causa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “en aquellos casos en los que se establezca la responsabilidad penal de adolescentes por delitos graves a los que correspondan penas privativas de libertad, el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado debe regirse por el principio del interés superior del niño. Tal es el sentido del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño citado en la sección anterior. Una política criminal que en lo relativo al tratamiento de niños, niñas y adolescentes infractores esté orientada meramente por criterios retributivos y deje en un segundo plano aspectos fundamentales como la prevención y el fomento de
///7.- oportunidades para una efectiva reinserción social, sería incompatible con los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil” (párrafo 146).

También se ha dicho que “en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el ejercicio del poder punitivo de los Estados no sólo debe observar de manera estricta las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, sino además tomar en especial consideración la situación distinta en la que aquellos se encuentran y las necesidades especiales de...

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