Sentencia Nº 54924/2 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2017
 
EXTRACTO GRATUITO

En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa a los veintitres días del mes de octubre dos mil diecisiete, se reúnen los señores Ministros Dr. Fabricio Ildebrando Luis LOSI y la Dra. Elena Victoria FRESCO, como integrantes de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 421, con relación al art. 411 del C.P.P., a efectos de dictar sentencia en los autos: “GARCIA, Luciano Andrés en causa por homicidio simple s/ recurso de casación presentado por la defensa y los querellantes”, registrados en esta Sala como Legajo n.º 54924/2, con referencia a los recursos de casación interpuesto a fs. 1/10, por el Defensor en lo Penal, Dr. Martín García Ongaro, y a fs. 23/39 por la Defensora en lo Penal, Dra. Paula Arrigone en representación de la querellante particular Mirta Montiel contra la sentencia del Tribunal de Impugnación Penal, cuya copia certificada luce a fs. 11/22vta., en cuanto confirmó la decisión del tribunal de juicio y rechazó los recursos de impugnación; y

RESULTA:

1°) Que la Dra. Paula Arrigone, a cargo de la defensa técnica del imputado de autos, interpuso recurso de casación, con invocación de la causales previstas en los incisos 1º, 2º y 3º del art. 419 del C.P.P.

Explicó que se ha inobservado el principio de inmediación y oralidad en materia de producción de prueba, en razón de que la entrevista en cámara Gesell, realizada a una testigo no fue reproducida en la audiencia de debate.

Es por ello, que se solicitó que no se valore dicha prueba “...en atención a que el audio y el video no fue reproducido en la audiencia de debate, resultando atentatoria de los principios de inmediación y oralidad en materia de producción de prueba” (fs. 26)

Agregó que esa defensa, peticionó la reproducción de la mencionada prueba en el alegato de clausura, y mantuvo dicho pedido en el recurso de impugnación.

Consideró un error que el a quo haya expresado que esta parte consintió la incorporación del cuestionado material probatorio, porque se trataba de prueba ofrecida por fiscalía, y que la defensa nada tenía que objetar respecto de ella; pues se trata de dos momentos procesales diferentes, uno es el ofrecimiento de prueba y otro es su producción en la audiencia de debate.

Se agravió también de que en la sentencia se haya expresado que la defensa no pidió la reproducción de la cámara Gesell en el debate, pues no es su función solicitarla en razón de que es prueba de la parte acusadora y “...no es función tampoco de la defensa ni de los jueces, suplir la negligencia de las partes” (fs. 27)

Señaló que el debate posee fases diversas, y una de ellas es la producción de pruebas que “...significa que los distintos canales vuelcan su información específica, en presencia de todos los intervinientes en el debate. De este modo, a través de la producción de prueba, se ingresa toda la información disponible” (fs. 29)

Explicó que uno de los componentes del juicio oral es la posibilidad de controlar y contradecir a los testigos y si bien en el caso de la protagonista de la cámara Gesell no estaría presente ante el tribunal, la prueba puede ser reproducida audiovisualmente en el debate.

Entendió que si se hubiera valorado correctamente la prueba referenciada, es decir, si hubiera descartado aquel testimonio de cargo, se encontrarían acreditados los extremos para configurar la legítima defensa.

De esa forma, expuso que existen testimonios contestes en que momentos antes del desenlace fatal un auto con personas a bordo, y luego a pie, provocaban a la víctima; que existió una pelea entre ellos, como así además que testigos ofrecidos por Fiscalía, como también por la defensa, son contestes en sostener que el occiso llevaba un elemento al que identifican como “chaira” que hacía de arma con el que “agitaba” a García.

Señaló que los testigos ubicados a pocos metros del lugar de los hechos, sostuvieron que la víctima sacó de entre sus prendas la mencionada “chaira”, y no se comprende cómo los sentenciantes omitieron valorar esas declaraciones.

Además, consideró desproporcionada la pena impuesta, pues los magistrados se alejaron del mínimo legal correspondiente al delito atribuido, lo que afecta el principio de legalidad y debido proceso; asimismo, el T.I.P. trató este agravio parcialmente al omitir el planteo propuesto acerca de “...la no acreditación de las pautas agravantes de la pena, o la no correlación en el monto de la pena de las pautas utilizadas como atenuantes.” (fs. 25)

Calificó de arbitraria a la sentencia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA