Sentencia Nº 5476/7 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución: 1 de Enero de 2018
 
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FALLO N° 31/18 - SALA B - P.A. En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil dieciocho, se reúne la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por los Sres. Jueces M.P. y F.G.R., asistidos por la Dra. M.E.G., a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto ante este Tribunal, por los Defensores Particulares F.M. y S.P.R. en favor de los Sres. C.C.I. y J.L.C., en legajo 5476/7, caratulado: "IRRAZABAL, C.C.; CISNEROS, J.L. s/ Recurso de Impugnación" -registro de este Tribunal- del que:

Resulta:

La Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, integrada por los D.. A.P.L., C.F.P., J.L.B.; mediante sentencia N° 869 recaída en legajo N° 5476/0 de fecha 27 de diciembre de 2017, condenó a C.I. y J.C. como autores y penalmente responsables del delito de malversación de caudales públicos, a la pena de un año de inhabilitación especial, imponiéndoles multa del 20% de la cantidad distraída, con costas (art. 260 del C.P., arts. 355, 474 y 475 del C.P.P.).-

Contra dicha resolución, los defensores particulares interpusieron recurso de impugnación, mediante sistema informático, por la motivación de Inobservancia de normas previstas en el Código Procesal Penal, errónea aplicación de la Ley sustantiva y errónea valoración de la prueba (art. 400 inc. 1°, y del C.P.P.) así como efectuar planteos respectivos a las penas impuestas.-

Habiéndosele dado el trámite abreviado (art. 416 del C.P.P.) ha quedado en condiciones de ser resuelta, quedando establecido el orden de votación correspondiente siendo el primero en emitir su voto el señor J.D.M.P. y luego el Dr. F.R..-

Considerando:

El recurso de Impugnación deducido por la defensa de C.C.I. y J.L.C., resulta formalmente admisible en los términos de los arts. 8.2. h de la C.A.D.H., 14.5 del P.I.D.C. y P., 18 y 75 inc. 22 de la C.N., arts. 400 inc.3º, 402 y 405 inc.1º del C.P.P.-

Se encuentra debidamente motivado, brindando el marco de avocamiento que este Tribunal revisor debe efectuar, a los efectos de garantizar a quién resultó condenado mediante sentencia aún no firme, el derecho de que aquella imputación concreta en su contra, sea analizada una vez más en forma integral.-

Ello a los fines de legitimar plenamente el poder punitivo estatal, conforme lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos (art.8:2) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art.14.5), incorporados a nuestra Carta Magna, como ordenamiento legal positivo.-

Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, habré de ingresar al examen de la cuestión planteada, con la amplitud de conocimiento y revisión expuesta.-

De la sentencia del Tribunal de Juicio se puede establecer que “...el Intendente Municipal de la localidad de Caleufú, O.A.B., denunció ante el Ministerio Público Fiscal el desvío y/o faltante de fondos con afectación específica por un monto de $361.785,25 (trescientos sesenta y un mil, setecientos ochenta y cinco pesos y veinticinco centavos) en perjuicio del Patrimonio Municipal.” “... que él o los hechos denunciados se produjeron en el período de tiempo comprendido entre el 30/06/2011 y el 07/12/2011, período de tiempo en que el Departamento Ejecutivo Municipal se encontraba a cargo del denunciado C.C.I., a quién secundaba como secretario tesorero J.L.C....”.-

“...que el faltante detectado se correspondía a fondos ingresados a las arcas municipales en orden a lo establecido por el Decreto N° 2.934/10 y por la Ley Provincial N° 2625, con destino a un denominado “Fondo Rotatorio” para el otorgamiento de préstamos a los productores agropecuarios...” y “...que el faltante se constató en el sumario administrativo caratulado “Intendente Municipal s/ Instrucción de sumario N° 003/12”.-

La Defensa recurrió la sentencia dictada ante este Tribunal y expresó cuatro motivos de agravios: inobservancia de las normas previstas en el Código Procesal Penal; errónea aplicación de la ley sustantiva; errónea valoración de la prueba y la pena aplicada al caso.-

Consideró, que se incurrió en inobservancia de normas previstas en el Código Procesal Penal, toda vez que al momento de dictar sentencia el Tribunal de Juicio, no lo hizo siguiendo los lineamientos que le marca el Art. 349 CPP, en relación a que '...los jueces emitirán su voto motivado … valorando las pruebas recibidas y los actos del debate conforme a las reglas de la sana crítica...”, y contrariando la regla del in dubio pro reo que fija el Art. 6 del CPP, como correlato procesal del principio constitucional en orden a que la sentencia de condena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla sobre la existencia y autoría de un hecho punible.-

El propio Tribunal de Juicio admitió haberse apartado de la sana crítica y adherir al método de la libre convicción para arribar a una sentencia condenatoria que en verdad resulta absolutamente infundada, con construcciones dogmáticas y saltos lógicos contrarios a principios constitucionales. Señalando en apoyo de su tesis, que en la misma sentencia se consignó “El intercambio fruto de la inmediación y de la oralidad nos confirió la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción en razón de lo visto y oído en el debate, permitiéndonos extraer conclusiones acerca de la veracidad y firmeza de quiénes declararon en tal oportunidad procesal”.-

Para el agraviado, no se trató de una mera divergencia o discrepancia de criterio, si no lisa y llanamente de una inobservancia de las reglas que el Código Procesal le impone a los juzgadores para resolver, para construir una sentencia condenatoria.-

En segundo término planteó la errónea aplicación de la Ley sustantiva. Señaló que si bien la sentencia reseña correctamente el plexo normativo de los fondos públicos en cuestión, fallaron en advertir que esos fondos ingresaron a la cuenta de rentas generales del Municipio, mediante la transferencia que la Provincia realizó. Que no surgía de la ley o convenio alguno la obligación del Municipio de abrir una cuenta especial para depositar el dinero originariamente girado.-

Así, el dinero girado para asistir a los productores afectados por la emergencia, a través del municipio se materializó desde esa cuenta y al destino previsto, reflejando presupuestariamente cada una de esas operaciones, tal y como lo requería la Ley 2625 en sus Artículos 6 y 7; por lo que no se puede concluir que la gestión municipal le dio a los fondos un fin distinto al previsto.-

Que al no existir necesidad de crear una cuenta especifica, el reembolso de los prestamos siempre se mantuvo en la cuenta mencionada, de la que -nunca se ocultó- se extraía el dinero necesario para afrontar los gastos habituales requeridos para el afrontar el giro habitual del Municipio y los saldos de la misma fluctuaban de acuerdo a los movimientos y necesidades de la administración.-

Como sustento de su tesis, agregó que si bien al día 10 de diciembre de 2011 el saldo de la cuenta rentas generales no cubría el valor de los préstamos recuperados, dicha situación resultaba diametralmente diferente a las pocos días o semanas de aquella fecha, habiendo después del día 10 ingresado a las arcas municipales en concepto de aportes no reintegrables para financiación de déficit o gastos de emergencia $120.000, y para otros fines $25.000; los fondos de coparticipación por $290.000, quedando así en la cuenta de rentas generales un total de $435.000. Con el dato sobresaliente, de que al traspaso de autoridades del 10 de diciembre de 2011, la gestión saliente del por entonces intendente I. dejó el Municipio sin deudas exigibles.-

Entendió esa parte que el Tribunal de juicio omitió en su análisis, tener en cuenta que los bienes en cuestión son claramente fungibles y atendiendo a la situación financiera contable registrada con posterioridad a diciembre de ese 2011, se vuelve fundamental insistir en un aspecto soslayado por el Tribunal, que es que el Art. 2 de la Ley Provincial 2625 creó el fondo rotatorio para otorgar préstamos a pequeños y medianos productores, estableciendo que su recupero será destinado a nuevos créditos, pero en el articulo 3° expresamente indica que entre otras cosas el fondo podía integrarse con otros aportes, contribuciones y/o gravámenes que no fueran precisamente los provenientes del recupero, por lo que en efecto y atendiendo a la evolución financiera del mes de diciembre, al concluir el mismo el Fondo Rotatoria podría haber estado integrado en su totalidad. Sin contar además con que contable y presupuestariamente, tal previsión fue siempre realizada por la gestión municipal del Intendente I..-

Concluyó así la agraviada, que ninguno de los requerimientos típicos, objetivos o subjetivos, se encuentran en las conductas de sus representados, las mismas son atípicas y en ningún caso un obrar doloso.-

En relación a C., aclara la defensa, que sin perjuicio de que lo expuesto se ajusta al obrar de ambos acusados, en el caso particular del nombrado este se desempeñó como S.T. y en orden...

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