Sentencia Nº 5476/5 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016

Fecha de Resolución:27 de Junio de 2016
 
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En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los veintisiete días de mes de junio del año dos mil dieciséis, se reúnen los señores Ministros, Dr. Hugo Oscar DIAZ y Dr. Fabricio Ildebrando Luis LOSI, integrantes de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 411, segunda parte, del C.P.P., a los efectos de dictar sentencia en los autos: "IRRAZABAL, Carlos; MARTÍN, Susana; CISNEROS, José Luis en causa por rechazo de sobreseimiento s/ recurso de casación", registrados en esta Sala como legajo n.º 5476/5, con referencia al recurso de casación interpuesto, a fs. 1/26, por el defensor particular, Dr. Francisco G. MARULL, contra la resolución cuya copia certificada obra a fs. 27/30, en la que se resolvió, no hacer lugar "... al recurso de impugnación interpuesto por el letrado Francisco Gabriel Marull... confirmando en consecuencia en su totalidad la resolución... dictada por el señor Juez de Control de la Segunda Circunscripción Judicial...”; y
RESULTA:
1º) Que contra el interlocutorio del Tribunal de Impugnación Penal, el defensor de los imputados, interpuso recurso de casación con invocación de los tres incisos que conforman el art. 419 del C.P.P.
a) En primer lugar, para demostrar la observancia del art. 420 de nuestra ley adjetiva, y a fin de dar solvento a la admisibilidad formal de su medio recursivo, con cita en doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada al tema, manifestó que, si bien el acto jurisdiccional atacado no reviste la calidad de sentencia definitiva, sí es equiparable.
Ello en atención a que se configura un agravio de imposible reparación ulterior al verse vulnerado, en el presente caso, el derecho de sus asistidos a ser juzgados en un plazo razonable. Adunó que el perjuicio que implica la imposible reparación ulterior se evidencia en la posibilidad de “... seguir adelante con un proceso cuya acción penal se encuentra prescripta...” (fs. 3).-
Luego desarrolló un racconto de los antecedentes de la causa; así expuso que el proceso se inició el 5 de junio del año 2012 con la denuncia efectuada por el actual intendente de la localidad de Caleufú, Oscar Alejandro BARAS, a Carlos Celestino IRRAZABAL, Susana Beatriz MARTÍN y José Luis CISNEROS, Intendente, Vice Intendente y Secretario Tesorero Municipal, respectivamente, por el presunto desvío de fondos en la gestión gubernamental inmediatamente anterior.- En ese sentido, indicó que tal como se fijaron los hechos por parte del Ministerio Público Fiscal, se encuadró la conducta de los nombrados en el delito de malversación de caudales públicos en calidad de coautores, de acuerdo con las prescripciones de los art. 45 y 260 del C.P..
Consignó, que de la vinculación operada entre la sanción estatuida por la norma sustantiva al ilícito imputado, y el art. 62 del C.P., puntualmente su inc. 5º, se advierte que la acción penal se prescribe a los dos años; en razón de ello reflexionó que, según surge de la acusación, el delito se consumó el día 7 de diciembre de 2011, último día de gestión en los cargos de los acusados, y fecha en que comienza a correr el tiempo de prescripción. –
Seguidamente señaló, que se concretó un acto que interrumpe ese término, el 18 de junio de 2012, fecha en la que se citó a los imputados en las condiciones del art. 231 del C.P.P.; se renovó el cómputo del plazo prescriptivo, el que nuevamente se interrumpió el 4 de septiembre del año 2014, día en el que el fiscal actuante presentó la acusación en el marco de las previsiones dispuestas en los arts. 294 y 295 del C.P.P., configurándose en esa oportunidad el supuesto de interrupción plasmado en el inc. c) del art. 67 del código de fondo.-
Concluyó en que al haber transcurrido entre el 18 de junio del 2012 y el 4 de septiembre de 2014, más de dos años, exactamente 2 años, dos meses y 7 días, ha fenecido el plazo de prescripción previsto en la normativa para el delito imputado, (2 años); por lo tanto, corresponde declarar el sobreseimiento por extinción de la acción.
Sostuvo que ello fue peticionado en el marco de la audiencia prevista en el art. 301 del C.P.P., como excepción de previo y especial pronunciamiento, y rechazado por el Juez de Control actuante.
b) En lo que respecta a la invocada inobservancia de un precepto constitucional, consignó que la interpretación plasmada por el a quo en su resolutivo implica ampliar a límites absurdos la previsión...

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