Sentencia Nº 54 de Secretaría Penal STJ N2, 22-05-2019

Fecha de Resolución:22 de Mayo de 2019
 
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///MA, 22 de mayo de 2019.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "MIRANDA, Mariano Javier y ULLOA, Eduardo Sebastián s/Robo agravado por el uso de arma s/Casación" (Expte.Nº 30098/18 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:
1. Antecedentes de la causa:
Por Sentencia Nº 46, del 16 de junio de 2016, la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca había condenado a Mariano Javier Miranda y a Eduardo Sebastián Ulloa a la pena de ocho (8) meses de prisión de ejecución condicional, como coautores del delito de robo simple (arts. 45 y 164 CP).
En oposición a ello, la Fiscalía de Cámara interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo y por este Superior Tribunal. En esta sede, el análisis se circunscribió a la utilización de vidrios como armas para facilitar la consumación del robo y a la correspondiente calificación jurídica del tramo fáctico respectivo, punto que se decidió en la Sentencia Nº 172/17, por la cual se hizo lugar al recurso, se casó el fallo cuestionado y se condenó a los nombrados como coautores del delito de robo agravado por su comisión con armas (art. 166 inc. 2º CP.), con reenvío del expediente al origen para que determinara la nueva pena a imponer.
En cumplimiento de tal disposición, mediante Sentencia Nº 23, el 30 de octubre de 2018 la Cámara a quo resolvió -en lo pertinente- imponer a Mariano Javier Miranda y a Eduardo Sebastián Ulloa la pena de cinco (5) años de prisión.
Llegados a esta instancia, la defensa -ahora particular- deduce recurso de casación respecto de la calificación y la pena, que es declarado admisible por el tribunal de origen.
2. Agravios del recurso de casación:
El doctor José Luis Gallinar Bondioni solicita que un tribunal garantice el doble conforme de lo decidido y plantea que su antecesor realizó un ejercicio ineficaz o solo formal de la defensa, en tanto no dio cuenta de nulidades evidentes que han afectado el debido proceso.
Así, invoca los defectos del acta de procedimiento policial, detención y secuestro de fs. 1 y 2, por la ausencia de firma de los testigos, y señala que no se cuestionó debidamente la valoración de prueba testimonial inválida, en referencia a los dichos de la víctima y de Marcelo Adrián Berrios, que se encontraban bajo los efectos de la ingesta de alcohol y cuyas declaraciones no fueron controladas.
Asevera que el robo no fue acreditado, como así tampoco la existencia de un riesgo de vida, lo que se evidencia en el desinterés para esclarecer lo ocurrido y en la actitud del señor Berrios, que abandonó a su novia "a su suerte". A ello añade que solo uno de los presuntos implicados habría realizado los ademanes con pedazos de vidrio, lo que no puede equipararse a la afirmación de que fueron a la altura del cuello y con una direccionalidad a ese específico sector del cuerpo.
En lo atinente a la calificación jurídica, aduce que el Superior Tribunal aplicó arbitrariamente la figura del "arma impropia", con lo que vulneró varios principios constitucionales. En este sentido, argumenta que los objetos que no son técnicamente armas no pueden ser considerados tales, a lo que suma que ya la figura básica incluye la violencia contra las personas.
En el mismo orden de ideas, sostiene que el fallo de este Cuerpo modificó su propia doctrina legal atendiendo solamente a las características objetivas del elemento utilizado y restando importancia a la modalidad intimidante de su utilización, extremos ambos que, por lo demás, no fueron acreditados. Agrega que el apoderamiento no fue consumado, sino que quedó en grado de tentativa, dado que la motocicleta de la víctima nunca salió de su esfera de custodia ni los presuntos autores la tuvieron a su...

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