Sentencia Nº 54 de Secretaría Civil STJ N1, 09-09-2014

Fecha de Resolución: 9 de Septiembre de 2014
 
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PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EPXPTE. Nº 26476/13-STJ-
SENTENCIA Nº 54

///MA, 8 de septiembre de 2014.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores S.M.B., L.L.P., R.A.A., E.J.M. y S.E.F., con la presencia de la señora Secretaria doctora E.E.A., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CHAZARRETA, G.D. c/PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ORDINARIO s/CASACION” (Expte. Nº 26476/13-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo C.il, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la demandada a fs. 274/286 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor J. doctor S.M.B. dijo:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la demandada a fs. 274/286 y vta., contra la Sentencia Nº 3 de fecha 4 de febrero de 2013, dictada a fs. 258/269 y vta. de autos, que resolvió: “I. No hacer lugar al recurso de apelación formulado por G.D.C../// ///2.-II. R. parcialmente el recurso de apelación articulado por la Provincia de Río Negro respecto del quantum de los gastos médicos reconocidos a G.D.C., estableciéndolos en la de $1.050 y confirmar en lo sustancial la decisión adoptada a fs. 194/197 y vta.”.

Esto es, confirmó en lo sustancial- la sentencia dictada por la J.a de Primera Instancia a fs. 194/197 y vta., que hiciera lugar a la acción interpuesta y condenara a la Provincia de Río Negro a abonar al actor, en concepto de daños e intereses, la suma allí indicada.

En sustento de la pretensión recursiva articulada, la recurrente se agravia de que la sentencia de Cámara ha incurrido:

a) En la errónea interpretación y aplicación de la ley (art. 286, inc. 2* del CPCyC.). Se imputa al decisorio fallar aplicando erróneamente los arts. 1112 y 1113 del Código C.il.-
b) En la violación legal (art. 286, inc. 1* del CPCyC.) específicamente de los arts. 901, 902, 903 y 906 del Código C.il, aplicando erróneamente la teoría de la relación de causalidad adecuada, desconsiderando la interrupción del nexo causal.

c) En la violación de la doctrina y jurisprudencia atinentes a la responsabilidad extracontractual del Estado, incluso de la CSJN. y las normas en que se funda la procedencia de este factor de atribución de responsabilidad, en detrimento del patrimonio del Estado Provincial y en definitiva de los intereses públicos involucrados.

d) En la violación del debido proceso, del derecho de///.- ///3.-defensa y propiedad (arts. 14, 17 y 18 consagrados en la Carta Magna y 22 de la Constitución Provincial) de su parte, anulando la posibilidad de invocar eximentes de responsabilidad.
e) En la errónea aplicación de la doctrina obligatoria emanada del Superior Tribunal de Justicia, por cuanto a criterio de su parte el caso encuadra en las previsiones del fallo “P.B., referidas a la manera en que ha de calcularse el daño material susceptible de reparación (art. 286, inc. 2* del CPCyC.).

f) En la violación de la ley adjetiva (arts. 163, inc. 6* y 34, inc. 4* del CPCyC.), por ausencia de motivación de la sentencia y existencia de sentencia arbitraria, al haberse resuelto con omisión flagrante de las circunstancias del caso, que hacen que al mismo no le sea aplicable la jurisprudencia arriba mencionada, en la procedencia del rubro indemnizatorio por lucro cesante incapacidad sobreviviente.

g) En la violación del derecho de propiedad (art. 17 C.N.), al acordar indemnizaciones sin que exista daño resarcible.

Que a fs. 289/292 y vta., obra contestación del traslado del recurso por parte del actor, en el que luego de expresar el rechazo formal del recurso sub examine, refuta los argumentos sobre la cuestión de fondo expresada por la recurrente. De tal modo señala que de toda la prueba ofrecida por su parte se ha podido comprobar de manera contundente la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños. Considera que el fundamento jurídico de la Responsabilidad del Estado se encuentra en la Constitución,///.- ///4.-ya que en la misma hay presupuestos fundamentales que consagran la reparación por los derechos ofendidos.

Que, ingresando ahora al examen de la temática traída a debate, corresponde abordar en primer término, los agravios dirigidos a atacar la atribución de responsabilidad, por el hecho dañoso en cuestión, a la Provincia de Río Negro. Ello, toda vez que de prosperar tales cuestionamientos resultaría inoficioso expedirse acerca de la cuantificación de la indemnización reconocida.

En primer lugar, cabe señalar que a los efectos de determinar la responsabilidad de los demandados, los Jueces de grado -de conformidad con lo dispuesto en el art. 1102 del Código C.il, que establece que después de la condenación del acusado en el juicio criminal no se puede contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituyó el delito ni impugnar la culpa del condenado-, tuvieron por ciertos los hechos que sirvieran de plataforma para condenar al señor M.R.C. a la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para desempeñarse como policía de seguridad y/o portación de arma de fuego por el término de dos años y ocho meses, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de disparo de arma de fuego en concurso ideal con lesiones graves (arts. 104, 90, 54 y 45 del Código Penal).

En tal orden de situación, cabe tener por acreditado que el 10 de junio de 2006 a las 6.45 hs. M.R.C., empleado policial, empuñando un arma de fuego (calibre 9mm marca Jericó, número 160216) a la salida del boliche denominado “Kachaca”///.- ///5.-y a la altura de la farmacia “Crisol”, en primer lugar habría apoyado el arma a la altura del abdomen de D.M., para luego acercarse a D.F. contra quien, previo apoyarle el arma a la altura del cuello, le habría disparado impactándolo en esa zona, siendo que en la trayectoria posterior el proyectil habría impactado en G.C. a la altura del abdomen, a cuyas resultas ambos debieron ser internados en el hospital Z., con pronostico reservado y riesgo de vida.

Tales circunstancias no se encuentran controvertidas en esta instancia extraordinaria por parte del recurrente, por lo que corresponde dilucidar, si la persona jurídica estatal es responsable de los daños sufridos por la actora.

Al respecto en las instancias precedentes se determinó que el Estado debía responder por el daño provocado por el agente policial cuando se encontraba de franco. La J.a de Primera Instancia justificó su decisión en que la Provincia había incurrido en un actuar culposo sea en la elección sea en el control del agente policial autor del hecho dañoso con un arma de propiedad de aquélla. Resaltó especialmente que no se había efectuado ningún control Psíquico a C. con posterioridad al mes de mayo de 2004; y que si la Provincia obliga a los agentes a portar el arma reglamentaria aún estando de franco, debía responder por el riesgo que introducía al suministrarla.

Por su parte, la Cámara, al confirmar la sentencia de Primera Instancia, se inclina por la posición jurisprudencial que endilga responsabilidad al Estado por el daño provocado por el agente policial mediante el uso del arma reglamentaria, cuando ésta fue determinante para la entidad del daño///.- ///6.-sufrido. Es decir que considera que la exigencia que pesaba sobre C., como integrante de la Policía de Río Negro de portar en todo momento y lugar el arma que aquélla le suministrara (art. 39 de la Ley 679), se constituyó en determinante de la producción del daño y hace nacer la obligación de garantía que pesa sobre la institución policial en función del riesgo creado con su organización; sin que, por tales motivos, pueda erigirse como liberador de responsabilidad de la Provincia la circunstancia de que el agente C. se encontraba fuera de servicio. También, en un segundo plano, advierte que el Estado para cumplir la función de seguridad se ha valido o patrocinado de un agente que en un corto lapso, prácticamente dos años (mayo/04-jun/06) ha mostrado una ineptitud manifiesta; y sobre el cual no se ha ejercido un control de aptitud médico psicológico más allá del relativo al ingreso operado en mayo del 2004.

Evidentemente ambas sentencias han analizado la responsabilidad del Estado desde dos enfoques jurídicos diferentes, ya que por una parte se lo consideró responsable por ser propietario del arma y proveedor de la misma al agente, y por otra, desde la culpa in eligiendo o in controlando que debió ejercer sobre su dependiente. En cuanto a la primer cuestión analizada (responsabilidad de la Provincia por la entrega del arma), es preciso recordar que en el precedente: “F., M.V.c.., G.A. y Otra s/ORDINARIO s/CASACION” (Se. Nº 9/13-STJRN-), ya me he expedido respecto a esta materia, por lo que en el transcurso del presente examen reiteraré conceptos expresados en aquella oportunidad. En efecto allí sostuve que según///.- ///7.-conocida doctrina, la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos cometidos por sus agentes se funda en la idea objetiva de falta de servicio con base en la previsión del art. 1112 del Código C.il, sin necesidad de recurrir al art. 1113 del citado cuerpo. De tal forma, la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, debiendo responder de modo principal y directo por sus...

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