Sentecia definitiva Nº 53 de Secretaría Civil STJ N1, 05-07-2017

Fecha de Resolución: 5 de Julio de 2017
Emisor:Secretaría Civil STJ nº1
 
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PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EXPTE. Nº 28971/16-STJ-
SENTENCIA Nº 53
///MA, 4 de julio de 2017.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores E.J.M., S.M.B., A.C.Z., L.L.P. y R.A.A., con la presencia de la señora Secretaria doctora R.C., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ANSALDO, M.P.c., L.F. y Otros s/REIVINDICACION (ORDINARIO) s/CASACION” (Expte. Nº 28971/16-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por el actor a fs. 565/580 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.- ¿Es fundado el recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor E.J.M. dijo:
1.-Sentencia recurrida: Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por el actor a fs. 565/580 y vta., contra la Sentencia Nº 17 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada a fs. 554/557 de autos, que revocó la sentencia de Primera Instancia de fecha 02/06/2015, rechazó la demanda de reivindicación e hizo lugar a la reconvención declarando que L.F.B. adquirió el 29/12/2006 por prescripción el inmueble NC 19-2-N-243-09, matrícula 19-30956, sito en la localidad de San Carlos de Bariloche.
2.-Agravios recursivos: El recurrente en primer lugar alega que la Cámara ha violado la garantía de debido proceso y de defensa en juicio al incorporar de modo irregular el exhorto tramitado en España para que declare el testigo de la parte demandada. Señala que se han avasallado los arts. 260, 262, 263 y 268 del CPCyC., pues -a pesar que su parte se opusiera a la incorporación de dicha prueba- la testimonial fue agregada a la causa sin pronunciamiento alguno al respecto.
Seguidamente las críticas se dirigen al voto ponente de Cámara, por considera que aparece como una composición dogmática que carece de todo análisis fáctico, como así también prescinde de la revisión del mérito de la prueba y de la valoración efectuada por el Juez de grado, presupuesto que estima imprescindible para revocar el fallo. Continúa expresando que la mera afirmación del camarista de haber llegado a una conclusión distinta a la del Juez de Primera Instancia mediante el uso de las reglas de la sana crítica, es insuficiente para conformar el acto sentencial. Ello en el entendimiento que tal aseveración no es más que una simple expresión alejada del mandato expreso de los arts. 34 inc. 4º, 164 y 163 incs. 4º y 5º del CPCyC., que no logra desvirtuar la sentencia glosada a fs. 478 y sig. ya que ha sido dictada con suficiente fundamento legal y con pormenorizado examen de los elementos probatorios rendidos por las partes.
Asimismo advierte que aún cuando se considerara que el segundo voto hubiera sido fundado -extremo que a criterio del recurrente está lejos de haberse cumplido- “su acople al juez que le precedió no surte el efecto de las características anulatorias de que adolece, porque su nulidad se impone ante la falta de fundamentación dejándolo privado de la mínima entidad como acto jurisdiccional imposible de sanearse por la voluntad de otro juez que integra el mismo cuerpo y que está llamado a expedirse en propio y autónomo voto, que luego se sumará al acto sentencial.”.
Por último, objeta el voto del Dr. Riat, al considerar que carece de razones lógicas e incurre en contradicciones de extremos que sólo se asientan en postulados subjetivos impropios de la labor judicial. Entre otros argumentos señala que: 1)no puede admitir el camarista que el demandado ha tomado la posesión con la firma del boleto, cuando al mismo tiempo reconoce que quien decía representar al titular de dominio no ejercía ese carácter; 2)tampoco puede considerar como un acto posesorio la existencia de uno de los firmantes del boleto de compraventa, en la boleta de las tasas municipales, porque es arbitrario y carente de toda lógica; 3)la mera atribución generalizada de que los testimonios de los demandados fueron convergentes no basta, toda vez que esos mismos testimonios fueron valorados por el “a quo” como insuficientes para fundar el pedido, lo que imponía irremediablemente una refutación sentencial que evidenciara...

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