Sentencia Nº 52 de Secretaría Penal STJ N2, 18-05-2011

Fecha de Resolución:18 de Mayo de 2011
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 24633/10 STJ
SENTENCIA Nº: 52
PROCESADOS: A.A.–.R.L.A.–.T.A.I.–.A.D.A. (ABSUELTO) – S.E.R. (ABSUELTO)
DELITO: VEJACIONES AGRAVADAS POR EL EMPLEO DE VIOLENCIA EN CONCURSO IDEAL LESIONES GRAVES CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDAS EN ABUSO DE LA FUNCIÓN POLICIAL
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 18/05/11
FIRMANTES: LUTZ – BALLADINI – S.N. EN ABSTENCIÓN
///MA, de mayo de 2011.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores L.L., A.Í.B. y V.H.S.N., con la presidencia del segundo y la asistencia del señor Secretario doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “SALAZAR, E.; A.A.; ARREDONDO, D.A.T., A.I. y ROCHA, L.A. s/Vejaciones calificadas s/Casación” (Expte.Nº 24633/10 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:

C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor J. doctor L.L. dijo:

1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante Sentencia Nº 29, del 29 de diciembre de 2009, la Cámara Segunda en lo Criminal de Cipolletti resolvió -en lo pertinente- condenar a A.A. y a L.A.R. a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación durante seis años para el ejercicio de la función policial, más el cumplimiento de determinadas reglas de conducta por el plazo de dos años y costas, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de vejaciones agravadas por el empleo de violencia en concurso ideal con lesiones graves calificadas por haber sido cometidas en abuso de la función policial (arts. 144
///2. bis inc. 3 último párrafo en función del art.142 incs. 1 y 3, 54, 92 en función de los arts. 90 y 80 inc. 9 C.P.).
Asimismo, condenó a A.I.T. a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e igual inhabilitación que los anteriores por considerarlo coautor penalmente responsable del delito cuya tipificación fue referida en el párrafo anterior.

Por otra parte, absolvió a D.A.A. y a E.R.S. por el beneficio de la duda (art. 4 C.P.P.), sin costas, por los hechos delictivos por los que fueron juzgados en estas actuaciones.

1.2.- Encontrándose aún pendiente el término para impugnar lo resuelto, el 20 de enero de 2010 –es decir, durante la feria judicial- A.I.T. efectúa una presentación in páuperis en la que designa como defensor particular al doctor G.L.G., revocando cualquier otra designación, y solicita que se autorice a tal letrado a obtener las fotocopias pertinentes de las actuaciones para que cuente con los elementos necesarios con el fin de hacer valer los recursos legales que le corresponden (fs. 989).

1.3.- El referido letrado interpone luego recurso de casación a favor de su defendido, mientras que la señora Defensora Oficial doctora V.R. deduce igual remedio en representación de L.A.R. y A.A..

Ambas presentaciones recursivas son declaradas admisibles por el a quo (fs. 1047/1048), y posteriormente por este Cuerpo (fs. 1056/1058).

///3.
Así, se dispone que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte de los recurrentes. También se intima a la parte querellante para que comparezca a constituir domicilio en esta sede, bajo apercibimiento de tenerla por domiciliada en los estrados del Tribunal –el cual, ante su incomparecencia, se hace efectivo según surge de fs. 1087-, y se da intervención a la señora Defensora General y al señor F. General.

1.4.- A la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del rito comparecen la señora Defensora General doctora M.R.C.L. (en representación de A.A. y L.A.R.) y el señor F. General doctor E.N.E..

1.5.- En dicha audiencia la señora Defensora General,
quien había presentado su dictamen por escrito con anterioridad –fs. 1064/1084-, plantea que sostiene el recurso de la Defensora Oficial en relación con R. y A.. Hace luego una reseña de los hechos reprochados y de las condenas respectivas, y señala que la acusación era por vejaciones agravadas por el empleo de violencia, a las que el Tribunal agrega el concurso ideal con lesiones graves, por lo que hay un cambio de calificación en donde el mínimo de la pena es mayor. Alega que esto le ocasiona un agravio, pues tal cambio se encontraba vedado en tanto violenta el derecho de defensa y los principios de contradicción y juez imparcial.

Cita la Sentencia Nº 15/10 de este Cuerpo, así como el caso “F.R.” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, favorable a su postura, y alega que la calificación
///4.- sostenida por el F. es la que debe prevalecer, pues de lo contrario se violentan las garantías mencionadas.
Menciona además fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal para abonar su criterio y afirma que la sentencia es nula porque no se ajusta a la petición fiscal, tanto en la calificación como en la pena, a lo que agrega que cada uno de los actores del derecho debe ejercer su rol.
Con respecto al quantum de la pena, refiere que el propio magistrado dice que esta es excesiva, lo que ya implica que es injusta.

Cita también la postura en tal sentido de los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctores L. y Z. (Fallos 330:2658), y aduce que el juez no puede trascender los pedidos de las partes.

En este orden de ideas, sostiene que la pena no respondió a un debido proceso y que, además, si no es proporcionada e impide el derecho de defensa, no es constitucional.

Critica asimismo la valoración de la prueba y señala que el testimonio de la víctima sufrió variaciones, las que explicita, a lo que se suma que no se condice con el resto de la prueba testimonial.

Recuerda que la defensa formuló críticas a las inconsistencias en los dichos de la víctima, y se remite al recurso para dejar sentadas todas las contradicciones de la sentencia.

Respecto de A.A. –oficial de guardia-, argumenta que se lo acusa por los hechos reprochados pero se lo condena por no haber evitado los golpes estando en
///5.- conocimiento de ello, esto es, un delito de comisión por omisión, y agrega que no hay reproche omisivo previo, sino solo de conductas comisivas. Aduce que a A. se lo condenó en función de su posición de garante, lo que no existe para el delito de vejaciones e implica una extensión analógica del derecho. Plantea que si el juez tuvo por acreditado que el golpe de la lesión grave fue en el calabozo, no puede sostenerse que fue en la guardia y así reprochárselo a A., y que la forma concursal enrostrada a este es improcedente en cuanto a las lesiones graves en concurso ideal.

Finalmente, remite al detalle realizado en el recurso y solicita la absolución de R. y A. o la nulidad, para el dictado de otro pronunciamiento luego del reenvío.

Por su parte, luego de solicitar que se agregue el escrito presentado ante Mesa de Entradas, el señor F. General sostiene que contesta el recurso de la Defensora General y pide que se mantenga el fallo por considerar a A. y R. coautores de los hechos reprochados.

A modo de reflexión inicial, advierte las falencias del proceso penal en la provincia de Río Negro y da como ejemplo el presente caso, como observación objetiva, en el que se llega a sentencia luego de seis años de ocurridos los hechos. En este orden de ideas, postula que debe crearse la Policía Judicial, puesto que las causas se demoran mucho, son de difícil resolución, y se cometen errores, a lo que agrega que los procesos que comprometen a la Policía presentan inconvenientes muy difíciles de superar. Arguye que la policía debe ser del Poder Judicial y no responder al
///6.- poder político. Afirma que se trata de una percepción luego de largos años en la profesión, y que es además una manda constitucional establecer la Policía Judicial.

En lo que hace al caso en estudio, el señor F. General manifiesta en la audiencia que entiende que los hechos están acreditados y fueron correctamente subsumidos. No cree que la verdad real de lo acontecido sea dudosa: el oficial a cargo toleró lo ocurrido sin impartir instrucciones y autorizó, convalidó o silenció la situación ordenando que la víctima fuera trasladada al calabozo, en cuya entrada se le fracturó un tobillo con un botín. Detalla que el herido fue trasladado varias horas después al hospital, y alega que los heridos deben ser atendidos, más si tienen cierto grado de alcoholización, en lugar de pedírseles que recuerden con exactitud lo que pasó.

Agrega que no hay forma mecánica de que la lesión se produzca del modo en que dicen los policías (caída por falta de una baldosa y golpe contra un hueso dejado por un perro), por lo que sostiene que no hay dudas de que la víctima fue golpeada. Explica que inicialmente en la guardia fue reducida por su resistencia, pero cuando A.A. dio la orden de que se introdujera en el calabozo hubo testigos que convalidan lo reprochado, y fue ahí donde se produjo la fractura.

En tal sentido, manifiesta que el detenido sufrió patadas en el pecho y golpes en la espalda, lo que resulta acreditado, y que los compañeros alojados en la Comisaría vieron lo ocurrido y escucharon los gritos acerca de los golpes y el ruido de un hueso dislocado.

///7.
Alega que A. es responsable como coautor por dolo eventual, puesto que debe atenderse a la debida prestación del servicio y que detener a una persona es un servicio público. Invoca precedentes de este Superior Tribunal de Justicia y asevera que el responsable, A.A., debió adoptar las medidas suficientes para que se hiciera debidamente y que nada impedía que se pusiera al frente de la situación.

A lo anterior suma que, una vez reducida la víctima golpeada, el Ministerio Público F. no puede aceptar que el episodio sea como relatan los autores, además de la responsabilidad refleja de A.. Defiende así la sentencia y la pena impuesta, en tanto considera que las explicaciones o alegaciones de hecho y derecho no son suficientes para la procedencia de la casación.

Cita a Z. y C. en cuanto a las falencias de...

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