Sentecia definitiva Nº 52 de Secretaría Civil STJ N1, 29-08-2013

Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2013
Emisor:Secretaría Civil STJ nº1
 
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PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EXPTE. Nº 26124/12-STJ-
SENTENCIA Nº 52

///MA, 28 de agosto de 2013.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores E.J.M., S.M.B. y E.R., con la presencia de la señora Secretaria doctora E.E.A., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “R., C.A. y Otros s/INTERDICTO DE RECOBRAR s/CASACION” (Expte. Nº 26124/12-STJ-), elevados por la Cámara de A.aciones en lo C.il, Comercial y de Minería de la Cuarta Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por la demandada a fs. 622/628 y vta. deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
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C U E S T I O N E S

1ra.-¿Es fundado el recurso?

2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor E.J.M. dijo:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la demandada a fs. 622/628 y vta., contra la Sentencia Nº 17 de fecha 30 de Mayo de 2012, dictada a fs. 602/609 y vta. de autos, que, en lo que al presente examen importa, resolvió: “I.R. la apelación de la demandada, confirmando el fallo de primera instancia en cuanto hace ///.-///.-lugar al interdicto de recobrar: II. Instruir al Sr. Juez a quo para que procure, como paso previo, una solución pacífica del conflicto convocando a las partes y los tres niveles territoriales del Estado y, en caso de fracasar la misma, llevar a cabo el desalojo respetando pormenorizadamente las pautas establecidas, en los considerandos, en cuanto a modos y plazos, adecuando la mediada en cuanto fuese necesario, siempre de conformidad con los Pactos de Derechos Humanos que informan nuestro plexo constitucional.”.

La recurrente, en primer lugar, se agravia de que la sentencia de Cámara es autocontradictoria, puesto que por una parte se reconoce que nadie poseía el terreno en cuestión y por otra se llega a la conclusión de que en la ocupación efectuada hubo clandestinidad. Continúa expresando que en ese contexto, y bajo esas convicciones de que nadie poseía el terreno, era lógico que no se consultara al dueño ni se buscara la anuencia de quien se entiende que no existe, pues para el vecindario no había tal dueño ni nadie que ejerciera la titularidad de la propiedad de esas tierras. Agrega que sin posesión no hay clandestinidad porque la demandada no se valió de actos para ocultar el hecho al demandante que desconocía y daba por inexistente, ya que el propietario estuvo ausente por su propia decisión de no poseer el terreno.

En segundo lugar plantea contradicciones del Poder Judicial y del valor probatorio reunido en sede penal y en sede civil. De tal modo señala que en el caso en examen el escándalo ///.- ///2.-jurídico se da porque, por una parte, no se promovió desde la Fiscalía la acción pública porque se entendió que no hubo clandestinidad, ni violencia, ni amenaza, ni despojo; y por otra, en el fuero civil se ha entendido que sí hubo clandestinidad, violencia, amenaza, despojo. Considera que es errónea la interpretación, de los jueces de Cámara, de que no se requiere prejudicialidad en caso de archivo de las actuaciones, ya que lo analizan a partir de la doctrina de los años 90 cuando en el Código Procesal Penal no estaba prevista la figura del querellante; y en cambio, en este caso el archivo de las actuaciones penales quedó firme y el denunciante consintió la misma. También considera como sumamente grave que la sentencia de grado al momento de decidir sobre la procedencia del interdicto de recobrar no otorgó ningún valor a los elementos de prueba colectados por la Fiscalía, siendo los únicos existentes ya que en autos no se reunió ninguna otra prueba.

Seguidamente, la recurrente se agravia de la definición que ha efectuado la Cámara del concepto de clandestinidad, cuando sostiene que hay clandestinidad no sólo cuando hubo ocultamiento sino cuando fueron realizados los actos de ocupación en “ausencia y sin anuencia del propietario” y que resulta irrelevante que el acto haya sido realizado a plena luz del día. También afirma, que al recurrir a la jurisprudencia se modifica substancialmente el significado de tal concepto, dándole un nuevo campo semántico distinto al que quiso el legislador; y que si para una interpretación adecuada de la norma, debe ///.- ///.-recurrirse a la jurisprudencia por las reformas introducidas judicialmente, estamos a las puertas de integrar el sistema del common law, que no es el que impera en nuestro sistema jurídico. Además, afirma que la claridad del sentenciante al advertir que el caso trascendía la voluntad de la Sra. C. y que deriva de una cuestión estructural más amplia y compleja, amerita que se resuelva teniendo en cuenta que la responsabilidad del hecho no se debe sólo a la voluntad de la persona, sino también al estado de necesidad justificante de la misma, que no se resuelve con una sentencia que ordene el desalojo.

Por último la recurrente solicita la inconstitucionalidad del art. 287 del Código Procesal C.il y Comercial, porque entiende que el mismo vulnera seriamente los...

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