Sentencia Nº 5159/13 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2014

Fecha de Resolución:13 de Febrero de 2008
 
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En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veintiséis días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, se reúne en ACUERDO la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, L. y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados "SALVADORI, H.D.C./ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ EXPROPIACIÓN IRREGULAR" (expte. Nº 5159/13 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil N° 2 de esta Circunscripción. El Dr. A.P.B., sorteado para emitir el primer voto, dijo: I.a.H.D.S. promovió en fecha 09/08/2010, juicio de expropiación irregular contra el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, a fin de que se determine el valor de 51 hectáreas y 93 áreas correspondientes al inmueble rural de su propiedad, designado como Sección II, F.B., Lote 3, P. 99, Partida N° 750.809, sujeto a expropiación a los fines de realizar una obra pública y se condene al Estado provincial a pagar la pertinente indemnización y los gastos derivados de la misma, con costas. Previo invocar el concepto de "justa indemnización" elaborado por la Corte Suprema de Justicia de La Nación en materia de expropiación, y denunciando que el Estado Provincial en sede extrajudicial pretendió abonar un precio muy inferior al valor real y actual de la propiedad sujeta a expropiación, invocando el art. 17 de la Constitución Nacional dijo, entre otras cosas, que el valor del bien debe ser estimado a la fecha más cercana en que la sentencia quede firme y además, establecer una pauta de actualización de ese valor hasta el momento de su efectivo pago. También reclamó que la indemnización a otorgar debe comprender el pago de $ 1.200,00 con más intereses a partir del 17/11/2004, que corresponde a gastos que debió asumir en razón de la contratación de un agrimensor particular, profesional al que solicitó sus servicios en virtud del error inicial en que incurrió la accionada al demarcar una superficie mayor a expropiar, posteriormente limitada a 51 hectáreas y 93 áreas (fs. 35/42). Cabe señalar que el Estado Provincial en fecha 12/08/2009 promovió proceso de expropiación por dichas hectáreas contra H.D.S. lo que generó las actuaciones caratuladas: "FISCALÍA DE ESTADO c/ SALVADORI H.D.s.ón", Expte. N° E76.401/09, que tramitaron inicialmente por ante el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, L. y Minería N° CUATRO con asiento en la ciudad de S.R.. En la presentación inicial se solicitó se suspenda el traslado de la demanda en virtud de que la misma se había iniciado como recaudo previo para comenzar el trámite administrativo que tiene por finalidad efectivizar el depósito de la suma establecida por el Tribunal de Tasaciones ($ 145.989,25). La jueza interviniente mediante providencia del 13/08/2009 suspendió por el término de 30 días el traslado de la demanda, a los fines de que el Estado Provincial cumpla con lo previsto por el art. 27 de la Ley 908, modificado por la Ley 973; y ordenó la anotación de litis como lo dispone el art. 29 de la misma ley (fs. 13). b. La accionada en este expediente dedujo excepción de incompetencia, planteó litispendencia y solicitó la acumulación de estas actuaciones con los autos "Fiscalía de Estado c/SALVADORI H.D.s.ón, Expte. N° E76.401/09". Finalmente, de acuerdo al art. 65 de la ley 908, planteó defensa de prescripción, y al contestar la demanda defendió el valor del inmueble fijado por el Tribunal de Tasaciones, y solicitó que se rechace la pretensión indemnizatoria del accionante como así también las fórmulas de cálculo y estimación de los valores expresados en su demanda (fs. 57/69 vta.). c. El juez a quo se declaró incompetente (fs. 81/84). Apeló el actor. Este tribunal mediante resolución de fs. 110/113 del 14/04/2011, revocó lo resuelto por el juez de primera instancia, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la accionada y declaró competente para entender en el presente al juzgado Civil, Comercial, L. y de Minería N° DOS con asiento en esta ciudad, sin perjuicio de lo que resuelva el a quo respecto del pedido de acumulación o de litispendencia efectuado por la demandada. A fs. 136/137 se resolvió acumular a este proceso, la causa caratulada "Fiscalía de Estado c/ S.H.D. s/ Expropiación", Expte N° E76.401/09, que tramitaba ante un juzgado civil de la ciudad de S.R., acumulación que se concretó el 13/10/2011 conforme surge de constancia actuarial obrante a fs. 20 de la referidas actuaciones. d. El juez de grado en la sentencia de fs. 302/313, reconoció a la hectárea un valor de $ 11.574,50. En base a ello hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al Estado Provincial a "abonar en el término de treinta días al Sr. H.D.S., la suma de $ 11.574,70 por hectárea, como valor indemnizatorio de la expropiación inversa efectuada sobre el bien..., cuya superficie es de 51 has. y 93 as...". Para obtener el valor de la hectárea referido, el juez a quo, promedió la tasación efectuada por la perito tasadora designada de oficio con la última valuación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la provincia y presentada en sede judicial. Con respecto a los intereses el sentenciante dispuso que se aplique la tasa promedio mixta de uso judicial, intereses que se deben computar a partir del retraso en el plazo del cumplimiento de la sentencia. Nada dijo el juez a quo sobre el reclamo de gastos por $ 1.200,00. Apeló el actor (fs. 314) quien expresó agravios a fs. 321/331, los que fueron contestados por la demandada a fs. 335/338. e. Nueva tasación: ingresadas las actuaciones a este tribunal de alzada, resultó desinsaculado para emitir el primer voto el Dr. H.A.C., quien se avocó al estudio del expediente para posteriormente advertir que debía excusarse (fs. 347), excusación que fue aceptada mediante resolución de fecha 18/02/2014 (fs. 351), integrándose el tribunal con los jueces subrogantes. Atento el tiempo transcurrido desde las últimas tasaciones, como medida para mejor proveer y en virtud de las facultades conferidas por el art. 37 inciso 2° del Código Procesal, a fs. 355 se dispuso que la perito tasadora actuante en autos practique una nueva tasación de las hectáreas en cuestión, en donde especialmente se le solicitó a la experta, entre otras cosas, se sirva informar sobre los puntos siguientes: 1. Destaque con toda precisión si dentro de la superficie a expropiar existen áreas de desperdicio y/o salitrosas; 2. destaque la cantidad de hectáreas con aptitud agrícola; 3. destaque las hectáreas con aptitud ganadera como campo de invernada (se entiende de mayor calidad; para engorde), y en su caso, destaque las hectáreas con aptitud ganadera como campo de cría (se entiende de menor calidad); y 4. informe si las operaciones de compraventa de inmuebles rurales se pactan en forma habitual en pesos o en dólares estadounidenses, o es indistinto (fs. 355). Cumpliendo con los requerimientos exigidos, la nueva tasación se presentó el 25/03/2014 a fs. 364/366, la que fue cuestionada por la demandada a fs. 374/376 mediante gestor procesal. En virtud de que dicha gestión no fue ratificada dentro del plazo de veinte días por la accionada, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 377, respecto de la presentación de fs. 374/376, en los términos y con los alcances del art. 52 del Cód. Procesal. Obviamente la recurrente al momento de expresar su agravios no contaba con la segunda tasación practicada por la perito de oficio, conforme lo dispuso este tribunal de alzada como medida para mejor proveer. II. El recurso: Los agravios: Se agravia porque el sentenciante fijó la indemnización por la expropiación del inmueble en la suma de $ 11.574,70 por hectárea. También se agravia porque el juez omitió pronunciarse sobre el reclamo formulado en la demanda de $ 1.200,00 (al 17/11/2004), en concepto de gastos derivados del trámite administrativo expropiatorio (fs. 321). Respecto al valor fijado por el juez a quo, la crítica de la apelante se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos: 1) el criterio que adoptó para determinar el precio, atacando fundamentalmente lo decidido en cuanto a promediar las tasaciones; criticando también los cuestionamientos que hizo el juez de grado a la tasación efectuada por la perito tasadora designada de oficio para apartarse de la misma; 2) con las consideraciones que efectuó respecto de las características del bien y de esta expropiación en particular; 3) con la absoluta omisión en que incurre respecto de considerar la total desactualización que presentaban al momento del dictado de la sentencia las tasaciones en pesos que el juez promedió para fijar el valor de la hectárea; y que no se respetó el concepto de "justa indemnización" establecido por la Corte Suprema de Justicia; y 4) entre otras cosas, recuerda que el Estado Nacional a partir de julio de 2012 modificó las condiciones del mercado de cambio de divisas en nuestro país, al suspender la AFIP mediante resolución y por tiempo indeterminado la posibilidad de compra de moneda extranjera con destino ahorro o atesoramiento, limitando la venta de divisas a los particulares a montos muy pequeños y para viajes al exterior. Luego hace referencia a la existencia del mercado marginal de divisas surgido a raíz de aquella resolución, con especial referencia al dólar, que difiere de manera notoria con la cotización oficial. Dice que dicha restricción cambiaria ha trastocado el mercado inmobiliario, especialmente el vinculado con la venta de inmuebles rurales, puesto que históricamente las transacciones de dichos inmuebles se hicieron en dólares estadounidenses. También refiere que aquella restricción cambiaria a partir de junio de 2012 provocó un importante incremento de las tasaciones en pesos. La recurrente quiere demostrar que resultaba necesario disponer de una nueva valuación del predio rural en la fecha más próxima a la del pronunciamiento, disponiendo asimismo que los intereses se computen desde el día del dictamen y no desde la fecha de la sentencia; o bien...

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