Sentecia definitiva Nº 50 de Secretaría Civil STJ N1, 28-08-2013

Fecha de Resolución:28 de Agosto de 2013
Emisor:Secretaría Civil STJ nº1
 
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PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EXPTE. Nº 26085/12-STJ-
SENTENCIA Nº 50

///MA, 28 de agosto de 2013.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores E.J.M., S.M.B. y E.A.R., con la presencia de la señora Secretaria doctora E.E.A., para el tratamiento de los autos caratulados: “LUCERO, O.A.c.R., L.E. y Otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/CASACION” (Expte. Nº 26085/12-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Cuarta Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 611/703 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:-
C U E S T I O N E S

1ra.-¿Es fundado el recurso?

2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?
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V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor J. doctor E.J.M. dijo:

I) La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Cuarta Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia Nº 12 de fecha 26 de abril de 2012, obrante a fs. 686/697 y vta., resolvió: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por O.A.L., elevando el monto del rubro lucro cesante, y condenando a los demandados L.E.S.R., B.R.S.R. y La Perseverancia Seguros S.A. al pago de la suma de///.- ///.-$1.143.794,66.-, en concepto de capital integrado por daño emergente ($8.000.-), daño moral ($20.000.-) y lucro cesante ($1.115.794,66.-), con los respectivos intereses, conforme se indica en los considerandos y rechazar los demás agravios, debiendo entenderse que La Perseverancia Seguros S.A. responde en la “medida del seguro”, por lo que responde por la suma convenida con más el interés que resulte de aplicar las tasas fijadas por el STJ. in re: “L.L., hasta el efectivo pago; con más las costas en igual proporción a la que responde en concepto de indemnización.

Esto es y en lo que aquí importa, confirmó la decisión del J. de Primera Instancia, que limitó en el marco del art. 118 de la Ley de Seguros, la responsabilidad de La Perseverancia Seguros S.A., en la medida de lo dispuesto en el contrato de seguros.

Para así resolver, el J. que fundara la decisión de la Cámara, aplicó en sustancia- el artículo 118 de la Ley de Seguros, que determina que cuando un asegurador es citado en garantía, la sentencia que se pueda dictar contra el asegurado podrá ser ejecutable contra aquél solamente “en la medida del seguro”; y el art. 499 del Código Civil, en cuanto considera que si un tercero puede cobrar al asegurador una suma superior a la contratada, no sólo se viola la ley de seguros, sino que se consagraría una obligación sin causa.

Cita en apoyo de su postura, el pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: “Obarrio, M.P. c. Microómnibus Norte” (Fallo del 4/3/2008, que fuera confirmado posteriormente en autos: “B., Lucía Elena c.///.- ///2.-Almada, O.R. y otros”, del 01.12.2009; “A., J.C. c. La Primera de Grand Bourg S.A.T.C.I.”, del 07.09.2010), donde se dijo -refiriéndose a la aplicación de una franquicia-, que: “corresponde admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación” y se remite en cuanto a sus fundamentos a lo manifestado por ella en autos: “Cuello, P.D.c.L., P.A.” (07/08/2007).

Asimismo, y con el mismo cometido de abonar la posición que sostiene la oponibilidad del contrato de seguro al tercero damnificado, cita el voto del Dr. R.L.L. en autos: “Cuello”, en cuanto dijera -entre otras consideraciones-, que: “...el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y, en consecuencia, toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva. Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 de la Constitución Nacional), como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 de la Constitución Nacional) y de la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43 Constitución Nacional). La libertad de contratar, de competir y de configurar el contenido de un contrato, constituyen una posición jurídica que esta Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales. Debe afirmarse entonces que///.- ///.-la libertad de ejercer una industria lícita, celebrar el contrato, fijar su contenido, están tuteladas constitucionalmente. Se viola este principio si, como en el caso, se modifica judicialmente el contenido del contrato celebrado ejerciendo una industria lícita, conforme a la ley y reglamentaciones fijadas por el Estado”.

En tal orden de ideas, la Cámara concluyó que mientras no se desnaturalicen los principios básicos del derecho y la buena fe contractual, debe darse prevalencia a lo que las partes han convenido libremente, coincidiendo con el Ministro de la Corte en las consecuencias perjudiciales que atraería la inoponibilidad del contrato a los terceros, además de la inseguridad jurídica.

II) Contra lo así decidido, la parte actora interpone recurso extraordinario de casación a fs. 611/703 y vta., planteo este que fue contestado por la demandada a fs. 721/729 de las presentes actuaciones.

Al respecto, la actora aduce, a fin de sustentar su aspiración de acceder a esta instancia de legalidad, la inconstitucionalidad del art. 118 de la Ley de Seguros, por arbitrariedad y exorbitancia. Alega que las resoluciones de la S.S.N. que autorizan la oponibilidad de las franquicias establecidas en los contratos de seguro son inconstitucionales, por cuanto ese organismo ha excedido las facultades que tiene asignadas como organismo burocrático, arrogándose facultades que la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo. Que el seguro obligatorio tiene una trascendente función social, tratándose de una finalidad asistencial a la víctima, según///.- ///3.-su consideración.

Sostiene que la oponibilidad de “la medida del seguro” estipulado por el asegurado con su aseguradora significa desnaturalizar la esencia del seguro obligatorio, y que deja a las víctimas en un estado de desprotección total.

Expresa que condenar a La Perseverancia Seguros S.A. a pagar al actor la indemnización debida hasta el límite acordado en la póliza con el asegurado (fs. 113), $70.000 respecto de daños corporales a personas, y $30.000 por daños a las cosas, en virtud del art. 118 de la Ley de Seguros, sobre una condena de $1.143.794,66 a los asegurados evidencia, a su entender, la exorbitancia del despojo al actor y un ejercicio carente de razonabilidad de las facultades invocadas por la S.S.N.. Que ello hace que se exonere a la aseguradora de los daños producidos por el asegurado.

Asimismo, agrega que la Ley de Defensa del Consumidor es aplicable al contrato de seguro. Que su art. 37 establece que se tendrán por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten las responsabilidades por daños, argumentando que el contrato le es inoponible al actor.

Esgrime que la inconstitucionalidad también se funda en el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto a la razonabilidad de los actos del Estado. Que la fijación de la cobertura arbitraria y exorbitante es menor al 10% de los daños, y que para el seguro contra la responsabilidad civil del transporte automotor evidencia -dice- un ejercicio de las facultades carentes de toda razonabilidad, violando según su opinión, los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, al///.- ///.-desnaturalizar la función del seguro y dejar afuera de la cobertura la gran mayoría de los daños, afectando directamente los derechos de los damnificados por los accidentes de tránsito, para quienes el seguro cumple una función de garantía en la efectiva percepción de la indemnización.

Seguidamente, expresa que las causales que fundamentan el recurso de casación se encuentran previstas en el art. 286 CPCyC.. Aduce en primer lugar, la violación de la ley, y la errónea aplicación e interpretación del derecho. Que la sentencia atacada viola el derecho de propiedad, el art. 200 de la Constitución Provincial y los arts. 34, inc. 4), 163 inc. 6) y 277 del CPCyC., los arts. 18, 19, 28 y 75 inc. 22) de la Constitución Nacional, y los Pactos Internacionales, así como también los arts. 1071, 1199 y 1195 del Código Civil, ya que convalida el abuso de derecho. Alega además la nulidad de la sentencia por el vicio de incongruencia que...

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