Sentecia definitiva Nº 47 de Secretaría Penal STJ N2, 14-05-2013

Fecha de Resolución:14 de Mayo de 2013
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 26095/12 STJ
SENTENCIA Nº: 47
PROCESADO: V.M.A.
DELITO: ROBO SIMPLE
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN (INC. EXCARCELACIÓN)
VOCES:
FECHA: 14/05/13
FIRMANTES: MANSILLA BAROTTO CERDERA (SUBROGANTE)
///MA, de mayo de 2013.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores E.J.M., S.M.B. y F.A.C. este último por subrogancia-, con la presidencia del primero y la asistencia del señor S. doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “VILLARROEL, M.A. s/Incidente de excarcelación s/Apelación s/Casación” (Expte.Nº 26095/12 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:

C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor Juez doctor E.J.M. dijo:

1.- Antecedentes del caso:

1.1.- Mediante Auto Interlocutorio Nº 251, del 11 de septiembre de 2012, la Cámara Primera en lo Criminal de Bariloche resolvió rechazar la apelación interpuesta y en consecuencia confirmar la denegatoria de excarcelación de M.A.V..

1.2.- Contra lo decidido, la defensa interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo y posteriormente por este Cuerpo.

Consecuentemente, se dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por parte del Ministerio Público de la Defensa, y se dio intervención a la Defensoría General y a la F.ía General.

///2.
La señora Defensora General presentó un dictamen mediante el cual sostuvo el recurso interpuesto y solicitó que se le haga lugar (fs. 48/59).

1.3.- Luego se fijó la fecha y hora de audiencia, para el día 30 de abril del corriente año a las 9,00 hs.

Unos días antes de su realización, el 25 de abril, por Prosecretaría se constató telefónicamente el trámite del expediente principal en el Tribunal de origen y la situación procesal del imputado, oportunidad en la que se informó que este último continuaba detenido y que la causa caratulada “VILLARROEL, M.A. y URIBE, A.D.(.) s/Robo calificado por el uso de arma de fuego”- había sido elevada a juicio el día 27/12/12 e ingresó a la Cámara Segunda en lo Criminal de Bariloche, donde se convocó a debate para el día 26/04/13.

El día fijado para la audiencia, y previo a su realización, nuevamente se constató telefónicamente la situación del encartado, oportunidad en la que se hizo saber que el día 26/04/13 se había propuesto y aceptado el juicio abreviado, por lo que en esa misma fecha se dictó sentencia y se condenó al imputado M.A.V., como autor del delito de robo simple, a la pena de ocho meses de prisión, la que se dio por compurgada atento al tiempo de detención sufrido, con lo que inmediatamente quedó en libertad. El texto de tal decisión fue remitido vía correo electrónico y obra a fs. 66/67.

1.4.- Finalmente se llevó a cabo la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del rito, a la que comparecieron la señora Defensora General doctora M.R.C.L. y
///3.- el señor F. General subrogante doctor J.R.P., a quienes el señor P. les notificó que se había convocado al doctor F.A.C. a integrar el Tribunal por haberse hecho efectiva la renuncia al cargo del doctor V.H.S.N.. Asimismo el señor S. puso en conocimiento del Tribunal y de las partes las circunstancias informadas a fs. 69.

Así, los autos han quedado en condiciones para su tratamiento definitivo.

2.- Agravios del recurso de casación:

La defensa señala que la sentencia recurrida es equiparable a definitiva, porque restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final definitivo de la causa, por lo que ocasiona un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Afirma que la sentencia padece de un vicio in procedendo por fundamentación aparente, e in iudicando por el alcance de las normas de jerarquía constitucional e inobservancia de los principios pro hómine, in bonam partem y favor libertatis.

Cita la normativa que contempla la presunción de inocencia y demás principios rectores en la materia, la que a su entender no fue observada al momento de resolver, ni por el Juez de Instrucción ni por la Cámara.

Reitera lo argumentado en cuanto a que solo sería legítimo el dictado de la prisión preventiva como última opción, cuando existan motivos concretos y tangibles de riesgo procesal, a lo que agrega que no resulta válido denegar el beneficio en virtud de presunciones iure et de
///4.- iure, tales como la calificación y/o la escala penal, que entiende aplicadas en el caso.

Sostiene que el riesgo procesal debe estar fundado en circunstancias objetivas, con respaldo en actos exteriores, y no en opiniones sociales, ideologías o apreciaciones y/o temores subjetivos.

Menciona que, al oponerse, el Ministerio Público F. alegó el riesgo de fuga, el rol principal en el hecho como portador de un cuchillo aunque luego se probó que no era su asistido, al que solo se le endilgó el arrebato de la cartera de la víctima-, la actuación con un menor de edad y la existencia de un antecedente de dos meses de prisión.

Señala que fue el Juez de Instrucción, de oficio lo que considera una extralimitación-, quien invocó el riesgo en la producción de la prueba y en la seguridad de los testigos.

Cuestiona además que dicho magistrado haya denegado el beneficio solicitado luego de citar normas y doctrina acordes con la pretensión, y considera que se aplicó un criterio sustantivista: el encierro como adelanto de la pena.

Afirma que, al tratar la apelación, la alzada dictó una escueta resolución en la que coincidió con los argumentos antes referidos, estimando suficientes para el dictado de la medida cautelar- los motivos fundados en la gravedad del hecho y hallarse el expediente en los inicios de la investigación.

Entiende que tanto esa decisión como la anterior que fue apelada lesionan los arts. 98 del rito y 200 de la
///5.- Constitución Provincial, en tanto poseen una fundamentación aparente, además de que colisionan con la normativa antes citada. Refiere que al momento de recurrir en casación ya se había dictado el procesamiento de su asistido, por lo que entiende que solo subsiste la presunción de derecho de entorpecimiento y/o fuga por el monto de la pena.

Por último, señala que entiende relevante la opinión de este Superior Tribunal sobre la cuestión, con el fin de delimitar la extensión del goce de la garantía constitucional de la libertad ambulatoria durante el proceso en nuestra provincia.

En razón de lo expuesto, solicita que se declare procedente el recurso, se case la resolución impugnada y se ordene la inmediata excarcelación de su defendido, con manifiesta reserva del caso federal.

3.- Sostenimiento del recurso por parte de la Defensoría General:

La señora Defensora General dictamina que la resolución impugnada debe ser dejada sin efecto. Comparte los fundamentos expuestos por el Defensor recurrente, por lo que sostiene el recurso de casación presentado.

Cita la normativa constitucional y convencional aplicable a la temática en tratamiento, que estima de manera unánime que la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio, esto es, el último recurso que tiene el Estado para asegurar el descubrimiento de la verdad, luego de recurrir a otras medidas.

Trae a colación diversos fallos de la Corte
///6.- Interamericana de Derechos Humanos que dan cuenta de los criterios de ese Tribunal internacional al respecto, así como también hace referencia a observaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos a nuestro país en tales aspectos. Además, refiere jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con respecto a las sentencias de este Cuerpo, aduce que “[e]n el orden local, el Superior Tribunal de Justicia sentó su doctrina legal en consonancia con la jurisprudencia nacional y supranacional reseñada, en cumplimiento de las directrices impuestas por los instrumentos internacionales, ello in re \'P.C.\' (Se.Nº 32/06) y Pilquiman (Se.Nº 63/06) entre otras tantas”.

Asevera que, en tales términos, la privación de la libertad es viable únicamente cuando sea imprescindible, y que el apartamiento de la regla implica la exigencia de fundar minuciosamente la necesidad de recurrir a tal excepción, pues de lo contrario se torna arbitraria e injusta.

Alega que, en el caso, se ha privado de libertad al imputado sin fundar de manera acabada la necesidad de la medida ordenada, así tampoco la imposibilidad de recurrir a otras medidas no privativas de la libertad para resguardar el desarrollo del proceso y el accionar de la justicia.

Por último, señala que subyacen en la medida impuesta criterios propios de un reproche basado en la peligrosidad del agente, lo que contraría la Constitución Nacional -que impone un derecho penal de acto- y crea un prejuicio sobre una persona que hasta la sentencia firme condenatoria es
///7.- inocente.

Al momento de alegar en el debate, la señora Defensora General plantea que, sin perjuicio de lo resuelto, es una buena oportunidad para que el Superior Tribunal entienda en el asunto, relativo al tratamiento de la prisión preventiva. Hace una reseña del trámite pertinente y afirma que, en el caso, la medida cautelar se resolvió de acuerdo con una plancha genérica, sin tomar en cuenta las constancias del expediente. Refiere la doctrina legal pertinente al tema del dictado de la prisión preventiva y cita fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorables a su postura.-
Menciona asimismo la necesidad de un control de convencionalidad, cuyo concepto desarrolla, y expone los fundamentos teóricos de la prisión preventiva y la necesidad de medidas cautelares alternativas, a lo que añade que, si desaparecen los motivos que la fundaron, la cautelar debe cesar. Opina que la prisión preventiva se está adoptando en los tribunales de manera automática, sin término, y se dispone generalmente con el procesamiento, sin posibilidad de que la defensa se expida previamente. Cita doctrina legal respecto de este...

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