Sentencia Nº 46253 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 2019
 
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FALLO Nº 1189 - JUEZ DE AUDIENCIA SUBROGANTE DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL- Dr. Diego Julio AMBROGETTI.

General Pico, 12 de noviembre de 2019.

VISTOS:

Este legajo N° 46.253 caratulado de "MINISTERIO PUBLICO FISCAL C/ S.J.O. S/ AMENAZAS SIMPLES (DAM.: H.D.S.)”, y

CONSIDERANDO:

1. Que en mi carácter de Juez de Audiencia Subrogante, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa, he de sentenciar en este acuerdo de Juicio Abreviado (arts. 377, siguientes y concordantes del C.P.P.) que se sigue por el delito de AMENAZAS SIMPLES (art. 149 bis primer párrafo primer supuesto del C.P.) contra el imputado J.O.S., D.N.I. Nº 34.642.XXX, argentino, nacido el 14 de marzo de 1990, en la ciudad de General Alvear (Provincia de Mendoza), hijo de J.D. y de A.E.E., soltero, de estudios secundarios incompletos, desocupado, domiciliado en calle XXX, de la localidad de XXX (Provincia de La Pampa), asistido por el Defensor Oficial Carlos Alejandro CARAM. Representa al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de La Pampa, el Fiscal Sustituto Luciano REBECHI.

2. Antecedentes del caso. El hecho que dio origen al Legajo 46253 ocurrió el día 22 de enero de 2019, siendo aproximadamente las 19:30 hs., y consistió en haber golpeado con los puños sin causar lesiones y haber amenazado a su pareja, D.S.H., en los siguientes términos "... TE VOY A REVENTAR LA CABEZA, ME VOY A QUEDAR CON EL NENE.: y “, LLEGA HACERME LA DENUNCIA Y CUANDO SALGA TE AGARRO Y TE MATO...", en el domicilio sito en calle XXX de la localidad de XXX.

El Fiscal en turno procede por I.F.P., arribándose luego a un acuerdo de juicio abreviado el cual ha sido suscripto por el imputado, su Defensor Oficial y el Fiscal.

3. Audiencia de admisibilidad formal y de visu. Se desarrolla el día 22 de octubre del corriente ante el suscripto, conforme las previsiones de los arts. 378 y 379 del C.P.P. El acusado reconoció la firma en el acuerdo, expresando haber sido debidamente asesorado sobre los alcances del mismo y confesando su participación en el hecho.

4. Fundamentos (art.349 C.P.P.)

a) Consideraciones preliminares sobre la admisibilidad sustancial: Como habitualmente expreso, y sin ánimo de parecer reiterativo, corresponde tener presente que el Juicio Abreviado conlleva la particularidad que no existe contradicción entre la acusación pública, encarnada en el Ministerio Público Fiscal, y la Defensa Técnica, más la anuencia del acusado que reconoce tanto la existencia del hecho como la autoría del mismo. El reconocimiento del imputado, en la transacción con el titular de la acción penal, importa una verdadera confesión, realzando el valor de tal medio probatorio. Si bien la posibilidad del imputado de declarar, en forma amplia y en varios momentos del proceso, se sustenta, fundamentalmente, en su derecho de defensa, el contenido de sus dichos -una vez que se decide a manifestar su voluntad ante el tribunal- pueden ser utilizado como prueba de cargo. José Ignacio CAFFERATA NORES, en su obra “La prueba en materia penal” (Depalma; 3ra.edición; 1998; o.161/162), da como características que debe contener una confesión válida, para ser tenido como prueba en el proceso penal, que quien confiesa esté en condiciones intelectuales para producir una manifestación de conocimiento, que sea libre, prestada ante el órgano judicial y con el propósito de confesar.

Que haré propio, tal como lo hiciera en anteriores oportunidades, por resultar aplicable al caso lo manifestado por el ex Juez de Audiencia Dr. Fabricio LOSI -actual Ministro del Superior Tribunal de Justicia- al resolver el Legajo Nº 3371 caratulado “MINISTERIO PUBLICO FISCAL c/FALCON, Elvio Ricardo s/Amenazas Simples” y su unido por cuerda Legajo Nº 5302 caratulado “MINISTERIO PUBLICO FISCAL c/FALCON, Elvio Ricardo s/Lesiones Leves”: “...La implementación del nuevo diseño procesal penal en la provincia, a partir del 1º de marzo del pasado año, de cuño acusatorio y adversarial, potenció el valor del juicio abreviado. No es competencia de la judicatura estimar el valor o disvalor institucional del procedimiento, pues ello ya fue evaluado por los órganos constitucionalmente predispuestos para llevar adelante el proceso legisferante, sino aplicarlo e interpretarlo, en el caso concreto, según Constitución.”

“Y en tal sentido, el primer estándar de admisibilidad debe estar referido al acusado, centro del proceso, a quien el diseño procesal protege del poder punitivo del estado...”. El suscripto ha tenido contacto personal con J.O.S. al momento de realizar la audiencia de admisibilidad formal y de visu previstas por el Código de Rito, surgiendo de dicha audiencia que el imputado comprendía correctamente el alcance y efectos del acuerdo al que había arribado conjuntamente con su Defensor Oficial y el Fiscal interviniente.

Continuando con la cita del fallo antes referenciado corresponde tener presente que “Deben tenerse en cuenta, además, los dos estándares que fijó el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa en el Plenario para el tratamiento de Juicio Abreviado, donde estableció: 1) que el acuerdo de juicio debe ser serio, esto es que debe existir una correspondencia entre la realidad de los hechos y lo firmado por las partes y el acusado; 2) que deben ser atendidos los derechos de la víctima (Resolución en Pleno del 26/10/2011. Registros del T.I.P.: Legajos 661/4 “Dr.Facundo Bon-dergham, defensor de Luis Enrique Dias Castañeira” y Legajo 661/0 s/Recurso de Impugnación, y nº661/6 “Dr.Hugo Luis Vercellino, defensor de Juan Carlos Escala s/Recurso de Impugnación”).

El TIP claramente advirtió, en tal Plenario, que no se trata del simple cambio de la ley procesal, sino la puesta en marcha de un sistema procesal que apareja cambios profundos en la mentalidad de los operadores judiciales. En tal inteligencia, el poder del MPF se ha incrementado, teniendo, de hecho, la disponibilidad sustancial de la acción penal a partir del art. 15 C.P.P., y las facultades de los jueces se han restringido en su rol inquisitivo. Sí realzando su rol de tercero imparcial, protector -en primer lugar y sobre todo- del debido proceso, despejando toda duda razonable que el acuerdo resulte un medio extorsivo para con el firmante en pos de lograr un derecho -generalmente la libertad-, cuestión que afortunadamente nunca he advertido en la circunscripción.

Así las cosas, si el acuerdo no contiene una discrepancia notable con los hechos, será el MPF quien asuma la responsabilidad institucional de optar por una figura menos gravosa o una pena tal vez exigua, en relación a la eventual sanción luego de un juicio común, pero con el beneficio de una condena rápida y efectiva.

El otro estándar fijado por la Alzada finca su mirada en la víctima. La ley 26.845 a pesar que en su artículo 41 pretende tener un correlato...

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