Sentencia Nº 459 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 20-05-2021

Número de sentencia459
Fecha20 Mayo 2021
MateriaGALVEZ HNOS. O GALVEZ FERNANDEZ HNOS. S.H. Y OTROS S/ QUIEBRA DECLARADA

SENT Nº 459 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse, Daniel Leiva y Antonio D. Estofán -por no existir votos necesarios para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido- y la señora Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos -por subsistir la falta de votos necesarios para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido- bajo la Presidencia de su titular doctora Claudia Beatriz Sbdar, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por los letrados Carlos Gustavo Peñalba Arias y Gonzalo Peñalba Pinto en autos: “Gálvez Hnos. o Gálvez Fernandez Hnos. S.H. y otros s/ Quiebra declarada”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Leiva y Daniel Oscar Posse, doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctor Antonio D. Estofán y doctora Eleonora Rodríguez Campos, se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor Daniel Leiva, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por Carlos Gustavo Peñalba Arias y Gonzalo Peñalba Pinto (fs. 194/208), contra la sentencia de fecha 03/12/2019, dictada por la Sala III, de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial Capital (fs. 184/185).

II.- Entre los antecedentes relevantes para la solución del caso, se advierte que, el 20/02/2019, el señor Juez de la Iª Instancia reguló honorarios a los recurrentes por su intervención, en las actuaciones principales, como representantes de la señora María Luisa Argentina Villoni. Expresamente, sostuvo que “regularé los emolumentos por la labor desplegada por los letrados Peñalba Pinto y Peñalba Arias, relativas a la actuación en el proceso principal, en todas las instancias en las que han intervenido. Así, para llegar a una retribución justa y razonable, tendré en cuenta la labor desarrollada y eficacia jurídica de los escritos presentados, la diligencia observada y lo dispuesto en los arts. 15, 16, 39, 41, 43 y 59 de la ley 5480. Por ello, regularé al letrado Gonzalo Peñalba Pinto la suma de $30.000 y al letrado Carlos Gustavo Peñalba Arias la suma de $10.000” (fs. 82/83). Los recurrentes articularon planteo de aclaratoria y apelación (fs. 93). Al denegar la aclaratoria, el magistrado sostuvo que “…la pretensión intentada por la Sra. María Luisa Villoni, de exclusión y liquidación de bienes en la quiebra, no fue acogida en ninguna de las instancias de este proceso falencial, determinándose en el mérito que resulta inoponible a la quiebra la sentencia de divorcio recaída en los autos “Villoni de Gálvez c/ Francisco Gálvez s/ Divorcio”. Es así que todas las actuaciones realizadas en estos autos, tendiente a la exclusión de bienes pertenecientes a la quiebra, resultaron infructuosas a los fines perseguidos por la Sra. Villoni, determinándose que no correspondía excluir algún activo del patrimonio falencial. Resulta, en consecuencia, la inexistencia de bienes sobre los cuales se deba determinar la base regulatoria, ya que nada se ha separado del activo falencial. Es por ello que, para la regulación de honorarios efectuada en la sentencia del 20.02.2019 se tuvo en cuenta la labor profesional desplegada por los letrados” (fs. 95). Concedida la apelación, los agravios de los recurrentes consistieron en: a) el decisorio se ha despreocupado del valor justicia, fijando un monto conculcatorio del principio de razonabilidad, al regular honorarios exiguos en dos acciones de trascendencia económica innegable, cuales son, demanda de inoponibilidad y división y exclusión de los bienes gananciales de Francisco Gálvez y de nulidad de un millonario pacto de cuota litis presentado por el doctor Otonello; b) no se fijó base regulatoria ni se cumplió con el procedimiento del art. 39 de la Ley Nº 5.480, prescindiéndose del valor de los bienes objeto de las demandas de fs. 3115/18 y fs. 7407/10, lo que torna a la sentencia nula; c) el Juez de grado se excedió de los límites de su potestad jurisdiccional, al regular honorarios por la actuación ante Tribunales superiores (fs. 110/115). Por sentencia de fecha 29/7/2019, la Alzada hizo lugar, parcialmente, al recurso y modificó los honorarios de los recurrentes, fijando la suma de $20.000, para cada uno de ellos. Para así decidir, la Cámara sostuvo: “Respecto de la remuneración que les corresponda acordar a quienes representaron a un tercero en el proceso falencial cabe indicar que la justipreciación de esas tareas transita por una vía distinta de la concursal (Pesaresi, Guillermo M., Passarón Julio Federico - Honorarios en Concursos y Quiebras - pag. 378- Ed. Astrea), resultando así ser acertado lo considerado por el Juez de instancia en cuanto a que…la LCQ no prevé alguna retribución - a cargo de la masa - para aquellos profesionales que brindaron asistencia letrada o asesoramiento. De esta forma no cabe para el presente caso tomar como base el valor de los bienes o fijar una base conforme al procedimiento previsto en el art. 39 de la Ley 5480. El Juez a quo ha considerado para determinar los honorarios la labor desplegada por los letrados en el proceso, tomando todas las actuaciones en la instancia reguladora en su conjunto, teniendo en cuenta asimismo la labor desarrollada carácter de los profesionales, éxito obtenido, mérito, eficacia de los escritos presentados y la diligencia observada, cumpliendo de esta forma el pronunciamiento con el esencial requisito de la motivación suficiente. Conforme a ello, la solución propiciada por el Juez de sentencia es correcta dentro del marco contenido en el art. 15 de la ley 5480. Cabe indicar por otra parte que si bien no se explicita en el fallo en análisis, surge claramente que a los fines regulatorios se toma el valor de 4 consultas escritas a la fecha del pronunciamiento (20/02/2019), lo cual surge ser una retribución justa y razonable que corresponde confirmar, rechazando de esta forma los agravios expuestos al respecto. En cuanto a la distribución efectuada en la sentencia, atento a la intervención conjunta y sucesiva (art. 12 Ley 5480) de los letrados (ambos apoderados), es que este Tribunal admite parcialmente los agravios al respecto y se resuelve asignar la suma regulada en partes iguales, regulando al letrado Gonzalo Peñalba Pintos en la suma de $ 20.000 y a Carlos Gustavo Peñalba Arias, en la suma de $ 20.000.En definitiva, se rechazan los agravios expuestos por María Luisa Argentina Villoni y se admiten parcialmente los agravios expuestos por los letrados Gonzalo Peñalba Pintos y Carlos Gustavo Penalba Arias en cuanto a la distribución de los emolumentos que da cuenta el punto I de la resolución de fecha 20/02/2019 (fs. 82/83), confirmándose el resto de la sentencia y su aclaratoria de fecha 08/03/2019 (fs. 95)” (fs. 151/152). Contra el citado pronunciamiento, los letrados recurrentes interpusieron recurso de revocatoria (cf. art. 31, Ley Nº 5.480), en donde explicitaron que: a) el monto de los honorarios fijados en autos resulta infundado, puesto que no es producto de la aplicación de la Ley Nº 5.480 y prescinde de la base regulatoria, constituida por el valor de los bienes objeto de las dos acciones promovidas en la quiebra principal; b) existió transgresión por parte del Juzgador al regular honorarios por la actuación en otras instancias (fs. 158/163). La Alzada, el 03/12/2019, resolvió rechazar el recurso de fs. 158/163, sosteniendo que: “…de los términos del recurso de revocatoria del art. 32 de la Ley 5480 bajo análisis, se advierte que los recurrentes no introducen ningún argumento sustancial que difiera de los planteados en su memorial de apelación (fs. 110/115), todo lo cual fuera considerado y resuelto en la sentencia cuya revocación persiguen. Nótese que este Tribunal puso especial énfasis en fundar la decisión adoptanda, al indicar que la solución propiciada por el Juez de sentencia es correcta dentro del marco contenido en el art. 15 de la ley 5480. Se dejó dicho -incluso- que si bien no se explicita en el fallo en análisis, surge claramente que a los fines regulatorios se toma el valor de 4 consultas escritas a la fecha del pronunciamiento (20/02/2019), lo cual surge ser una retribución justa y razonable que corresponde confirmar. Siendo que ninguno de estos argumentos ha sido válidamente rebatido en la revocatoria bajo estudio, no resultando posible desvirtuar las consideraciones y argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la sentencia dictada en autos, motivo por el cual corresponde el rechazo del recurso intentado en...

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