Sentencia Nº 447 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 23-07-2020

Número de sentencia447

SENT Nº 447 C A S A C I Ó N En Provincia deTucumán, a los 23 días del mes de Julio de dos mil veinte, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores Vocales Doctora Claudia Beatriz Sbdar, y los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse y Daniel Leiva, bajo la Presidencia de su titular doctora Claudia Beatriz Sbdar, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada Liderar Cía de Seguros S.A. en autos: “Olaz Rosendo del Jesús vs. Rodríguez Raúl Antonio y otros s/ Daños y perjuicios” Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Daniel Leiva y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte demandada Liderar Cía de Seguros S.A. en contra de la sentencia de la Cámara Civil y Comercial Común, del Centro Judicial Concepción, del 31/10/2019 que no hace lugar al recurso de apelación incoado por aquélla en contra de la sentencia apelada del 12/12/2017

II.- El recurrente sostiene que la sentencia incurre en arbitrariedad, deviene incongruente, infundada, autocontradictoria y nula, por cuanto realiza un análisis parcializado de la prueba rendida en autos, concluyendo arbitraria y erróneamente en una hipótesis de responsabilidad en la cuestión debatida cuando, de las constancias de autos, surge que no es así. Que yerra, así, en las normas de Derecho aplicadas y lesiona garantías constitucionales básicas adquiriendo gravedad institucional Indica que la sentencia lesiona gravemente la libertad de contratar, aspecto de la autonomía de la voluntad (art. 19 CN), que es un supuesto del derecho a ejercer industria lícita (art. 14 CN); la libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. 43 CN); la igualdad ante la ley y la propiedad (arts. 16 y 17) así como también los arts. 18 y 31 Carta Magna Le agravia lo resuelto en relación a la exclusión de cobertura por inexistencia de contrato de seguros planteado. Dice que a pesar de reconocer la Cámara tal inexistencia, fuerza los hechos y la aplicación de Derecho basándose exclusivamente en la buena fe del señor Ibarra, que no esta tal, como quedó demostrado en la causa y en el memorial de agravios que da por reproducido. Le causa gravamen que la sentencia aplique la teoría de la apariencia que excede los límites de aplicación en el presente caso. Explica que se debe tener presente que Liderar nunca tuvo conocimiento de la propuesta realizada por Ibarra, como tampoco de los supuestos pagos de éste a la productora Serrano (a sus comisionistas) por lo que no tuvo oportunidad de aceptar o rechazar dicha propuesta de seguro, por lo que no existió perfeccionamiento del contrato de seguros por falta de consentimiento de Liderar. No se encuadró el caso, menciona, en la hipótesis del art. 4 LS. Lo cita, así como a los arts. 1144 y 1154 CC. Agrega que por Circular de Superintendencia del 18/02/1955 es formal la propuesta de contrato de seguro y la aceptación por tanto adopta la forma escrita que es la emisión de póliza y que el Juez de Ira. Instancia reconoce que Serrano, productora independiente, nunca remitió esa propuesta a Liderar, lo que fue probado en el juicio penal. Por tanto, sostiene el recurrente, el tribunal de mérito no puede sostener que nunca se envió documentación a Liderar y luego alejarse de ello para rechazar la exclusión de cobertura y condenar a su parte. Entiende aplicable también el art. 1140 CC. Que Ibarra no actuó de buena fe pues es una irregularidad abonar al comisionista y recibir de éste un recibo al que adosa el sello aclaratorio de la productora que es otra persona distinta. Este no puede invocar ahora su propia torpeza -doctrina de los actos propios- máxime cuando de las declaraciones del proceso penal el Sr. Peñaflor -comisionista- dice que efectivamente tanto el recibo como el certificado de cobertura fueron realizados por él siendo las firmas insertas en el recibo de su puño y letra y del certificado que es la firma de su hijo. Afirma que no es aplicable la teoría de la apariencia ya que nunca tuvo Liderar conocimiento de nada siendo víctima de la actuación de la productora Serrano que reconoce en el proceso penal expresamente no haber enviado la propuesta a Liderar así como los supuestos pagos de prima de fs. 224 del mencionado proceso. Redunda en el tema de inexistencia de contrato sobre la base de prueba en proceso penal (acta de presentación de acuerdo sobre adopción de juicio abreviado; mención de pruebas en ella; determinación de responsabilidad penal de la imputada Serrano). Le agravia que ninguna de estas pruebas haya sido objeto de análisis por los sentenciantes civiles, inaplicando el art. 40 procesal. Que lo propio sucede con la pericial contable del proceso civil de los que emerge que no existe póliza alguna en ellos. Cita jurisprudencia. Redunda en el tema de la teoría de la apariencia rechazando su aplicación pues para ello debe existir dolo o culpa del responsable, que no la hay; que su parte también es víctima de la productora Serrano; que hacerlo responsable significaría crear una obligación sin causa y por ende el enriquecimiento ilícito de Ibarra. Se explaya sobre las condiciones de aplicación de dicha teoría y el por qué no es aplicable en autos, que gira en torno a lo que viene exponiendo. En definitiva, que para aplicar la teoría a su parte debía necesariamente tener que tener algún conocimiento de la propuesta de Ibarra, de los pagos realizados a Serrano, lo que no aconteció y está probado, en autos. Que tampoco su parte toleró lo actuado y esto surge de haber planteado en la primera intervención en este juicio la inexistencia de contrato de seguros y en el proceso penal al contestar los oficios requeridos por Fiscalía. Que de las pruebas pericial contable, testimonial y la causa penal emerge el accionar doloso de un tercero por el que su parte no debe responder; pruebas no cuestionadas por las partes acreditan la falta de responsabilidad de Liderar, cosa que no fue ponderada por la Cámara por lo que la sentencia no tiene o la tiene escasa fundamentación jurídica. Le causa gravamen la violación del principio de congruencia cuando la Cámara confirma la sentencia de grado incurriendo en el error de actualizar lo reclamado en la demanda de 2003 con la cotización de una moneda extranjera a dicha fecha y la fecha de sentencia. Afirma que nuestro sistema jurídico no tiene establecido estos parámetros, que todos los sistemas de actualización se basan en parámetros del sistema financiero argentino y no en virtud de la variación de una moneda extranjera, menos aún cuando ello no fue planteado por las partes ni aplicado por el juez de grado. Que además no fue tratado por la Cámara la desproporción entre el daño moral y el único rubro por el que prospera la demanda; desproporción grave grosera y manifiesta de la cuantificación y procedencia del rubro daño moral siendo 15 veces mayor al único rubro declarado procedente (daño emergente); es decir 115 veces mayor su indemnización. Cita jurisprudencia. Entiende que no queda especificado cuál es el método que se aplica para tal resultado, siendo la sentencia en este punto nula por infundada. Le causa agravio la determinación de la mecánica del accidente ya que existe, dice, una concurrencia de culpas. Da razones (la prioridad de paso por circular por ruta se pierde atento a que el tractor con los carros se encontraba en un 80% con el giro realizado; se venía con exceso de velocidad y se manejó con imprudencia). Que no se tuvo en cuenta tampoco la culpa de la víctima que venía en la parte trasera de la ambulancia, en lugar no permitido para el transporte de personas, no tenía cinturón de seguridad y fue esto lo determinante para causarle las lesiones que le costaran la vida ya que la causa del deceso fue el traumatismo encéfalocraneano y desnucamiento. Presenta jurisprudencia. Solicita se revoque la sentencia, se impongan las costas a los actores o sea repartida en caso de concausa. Propone doctrina legal; sostiene reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso.

III.- Por resolución de fecha 19/11/2019 el tribunal de alzada concede el recurso de casación interpuesto por lo que corresponde el examen de admisibilidad definitivo y procedencia del mismo.

IV.- El Tribunal a quo liminarmente: a) relata los agravios; b) los antecedentes del caso (tanto del presente expediente como del caratulado “Alvarez Griselda Ester y otros vs. Ibarra José y otros s/ Daños y perjuicios” (expte 527/03) (así como que, a fs. 563 se informa que en el juicio “Barros Paula Rosa vs. Rodriguez Raúl Antonio y otros s/ Daños y perjuicios se dispuso la acumulación del mismo al expediente antes citado); c) considera el tribunal la sentencia apelada. Posteriormente expresa que al presente caso se aplicará las normas sobre responsabilidad civil del Código velezano, esto es el precepto del art. 1113, segundo párrafo. Ante ello, a la parte actora le incumbe la prueba del hecho y la relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad los...

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