Sentencia Nº 44 de Secretaría Civil STJ N1, 06-06-2018

Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2018
 
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VIEDMA, 5 de junio de 2018.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores S.M.B., R.A.A., A.C.Z., L.L.P. y E.J.M., con la presencia de la señora Secretaria doctora R.C., para el tratamiento de los autos caratulados: “PINO, A.A. y Otra c/FLORES, J.A. y Otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/CASACION” (Expte. Nº 29570/17-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 426/431 y vta., deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.-¿Es fundado el recurso?
2da.-¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor S.M.B. dijo:
I.- Antecedentes de la causa.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, mediante la Sentencia Nº 50 de fecha 13 de junio de 2017 dictada a fs. 407/419, resolvió rechazar el recurso de apelación formulado por la actora a fs. 344.
Esto es, confirmó la sentencia de Primera Instancia dictada a fs. 308/319 y vta. que hiciera lugar parcialmente (50%) a la demanda interpuesta por A.A.P. y O.G.O. y en consecuencia condenara a J.A.F., Establecimientos Ganaderos El Quequén S.A. y a la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (ésta en la medida de la cobertura), a pagar dentro del plazo de 10 días la suma de $ 48.114,00 por los rubros solicitados (daño moral y lucro cesante para la Sra. Oliva $ 12.500 y $ 11.488,50 y privación del uso y lucro cesante para el Sr. Pino $ 24.125,50), con más los intereses correspondientes.
II.- Agravios del recurso.
Contra lo así decidido, la parte actora interpone a fs. 426/431 y vta. recurso extraordinario de casación, planteo que fue contestado a fs. 433/434 por la Defensora de Pobres y Ausentes en representación del demandado F. y a fs. 437/442 por la empresa Quequén S.A. conjuntamente con la citada en garantía La Segunda Seguros Generales S.A.
La recurrente argumenta a fin de sustentar su aspiración de acceder a esta instancia de legalidad, que la sentencia impugnada ha incurrido en la violación de las normas legales aplicables, concretamente a las previsiones de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, Ley Provincial Nº 2942, (arts. 13 y 28), Ordenanza Municipal de Viedma Nº 3006 (T.O. Decreto Nº 598/03) y Nº 6436/08, arts. 386, 377, 477 y concordantes del CPCyC y art. 1113 del Código Civil.
En segundo lugar sostiene que se ha violentado la doctrina legal del STJRN, específicamente a lo dicho en la Se. Nº 3/13, in re: “G., R.D. c/FREDES TURISMO S.R.L. Y OTRA s/DAÑOS Y PERJUICIOS s/CASACION” (Expte N° 25968/12-STJ-) en el párrafo alusivo a la carga de la prueba. Por último, manifiesta que la resolución judicial impugnada contiene varios fundamentos fácticos y jurídicos erróneos, que no se tuvieron en consideración cuestiones de hecho y prueba decisivas para definir la temática discutida, adoptándose una solución contraria a las constancias de autos y en donde los Magistrados se han arrogado funciones legislativas, extralimitándose en su función.
Expresa que si bien es una regla de carácter esencial que los debates de hecho y prueba se encuentran exentos del recurso extraordinario, en este caso en particular tal valladar no resulta de aplicación, por cuanto la forma en que se han resuelto las disputas fáctico-jurídico, tornan la sentencia en arbitraria, contraria a la ley y a la doctrina legal del STJRN, lo que justifica su revisión a través del remedio impetrado.
En tal orden de ideas relata que la causa eficiente del accidente de tránsito radicó en el exceso de velocidad con el que circulaba el demandado F. por el B.S. de esta ciudad, quien además de violentar con esa conducta una norma de tránsito puntual, perdió el pleno dominio del rodado y no respetó la prioridad de paso que le asistía a la Sra. Oliva, por el hecho de circular por la derecha. Esgrime que a pesar de ello, en lugar de imponérsele un castigo, se premió la conducta del demandado con sustento en una “supuesta” prioridad de paso del que circula por el boulevard -extremo que no está establecido en norma legal alguna de aplicación al caso- y, siendo que en tanto transitaba con exceso de velocidad, mal podría obtener un reconocimiento jurisdiccional válido como el que se le ha otorgado en el fallo en cuestión.
Agrega a lo dicho, que la resolución judicial adoptada contraría las reglas de la sana crítica -que no son sino normas de lógico conocimiento humano- que impiden admitir una conducta antijurídica o respaldar que conducir con exceso de velocidad resulta un claro impedimento para mantener en todo momento el pleno dominio del rodado.
Señala que la postura que propugna encuentra sustento normativo en la Ley Provincial N° 2942, sin que exista posibilidad alguna de polemizar si es más importante la norma que fija la velocidad máxima para circular o la que establece la prioridad de paso, ya que ha sido el propio legislador, en su carácter de representante de una sociedad organizada, quien así lo determinó dentro de la esfera de su competencia. No corresponde a los magistrados arrogarse funciones legislativas y disponer en contrario, como lo hace la sentencia impugnada.
Invoca además la errónea aplicación del art. 386 del código de rito, ponderando absurda la interpretación que de...

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