Sentecia interlocutoria Nº 42 de Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ N4, 20-05-2008

Emisor:Secretaría Causas Orginarias y Constitucional STJ nº4
Número de sentencia:42
LOCALIDAD: VIEDMA.-
FUERO: ORIGINARIAS.-
INSTANCIA: Unica.-
EXPTE. Nº 22782/08.-
SENTENCIA Nº 42.-
ACTOR: ROSSI Y QUIROGA, Estela y Otra (Partido todos por Bariloche).-
DEMANDADO: Provincia de Río Negro.-
OBJETO: s/A. s/Competencia.-
VOCES: Acción de amparo de incidencia colectiva.- Existencia de otra vía más idónea para la declaración de inconstitucionalidad de resoluciones o decretos.- Poder tributario y su control.-
FECHA: 20-05-08.-
///MA, 20 de mayo de 2.008.-
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "ROSSI, Y QUIROGA, S. y Otra (PARTIDO TODOS POR BARILOCHE) c/PROVINCIA DE RIO NEGRO s/A. s/Competencia" (E.. Nº 22782/08-STJ-), puestas a despacho para resolver, y
-
CONSIDERANDO:
-
El señor J. doctor V.H.S.N. dijo:


Que a fs. 10/14 las Sras. S.R. y Q. y M.E., ambas con el patrocinio letrado de los D.. M.R. y R.R. se presentan ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IIIa. Circunscripción Judicial, invocando la calidad de representantes institucionales del partido “Todos por Bariloche”, cuyo objetivo es la defensa de los intereses de la ciudad de Bariloche y de sus ciudadanos, y en el caso concreto, para todos aquellos que poseen propiedad inmueble.
-

Manifiestan que la presente acción tiene por objeto una sentencia judicial contra la Provincia de Río Negro para que deje sin efecto y se declare sin valor las valuaciones de los inmuebles para la ciudad de Bariloche y que -en su caso- se declare la inconstitucionalidad e invalidez de las Resoluciones o Decretos por los que se realizaron las tasaciones.

Señalan que recientemente se procedió a un sustancial aumento del impuesto inmobiliario (Ley N° 1622) al que califican de “siderales en la mayoría de los casos, con incontrolables e irrazonables incrementos”, calculado en base a las alícuotas que fija para determinadas categorías la Ley N° 4259, pero con sustento en un revalúo que de los inmuebles hizo la Provincia de Río Negro.


Las amparistas sostienen que el reciente aumento es “irracional”, en tanto se impone sobre los inmuebles de la ciudad de San C. de Bariloche, no así en los de otras ciudades donde los valores fijados resultaron ser más justos.

A fs. 21/39 se adjuntan planillas de vecinos propietarios de inmuebles de San C. de Bariloche y de la localidad de Dina Huapi y Zona Andina de la Provincia de Río Negro, con el patrocinio del Dr. R.M., quienes adhieren por derecho propio a las presentes actuaciones solicitando se amplíe la acción de amparo a las localidades mencionadas.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IIIa. Circunscripción Judicial, Tribunal receptor del amparo, remitió las actuaciones al representante del Ministerio Público, el A.F.D.G.A.L., quien dictaminó sobre la competencia, entendiendo que se trata de un “prohibimus” previsto en el art. 45 de la Constitución Provincial por lo que la competencia resulta ser originaria y exclusiva del S.T.J. de acuerdo a las previsiones contenidas por el inc. a) 5. del art. 41 de la L.O.. Así también lo resuelve el Tribunal, por lo que declarándose incompetente remite las actuaciones a este Cuerpo.


La señora Procuradora general produce dictamen a fs. 44/48 sosteniendo que del análisis de la acción intentada se advierte que la naturaleza de la misma corresponde al amparo colectivo en virtud del objeto de la misma y lo dispuesto en la Ley Provincial N° 2779, la que preceptúa en su art. 2° que: “El amparo previsto procederá cuando se entable en relación con la protección y defensa de: ...inc. d) Cualquier otro bien y/o valor social que responda a necesidades de grupos humanos, con el fin de salvaguardar la calidad de vida”. Y específicamente el artículo 3° que establece: “Cuando por causa de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales se genere lesión, privación perturbación o amenaza en el goce de intereses colectivos podrán ejercerse: a) La acción de prevención...”. A su entender, la naturaleza jurídica surge nítidamente de la pretensión realizada por los autores quienes así lo indican al denominar su pretensión como “PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO DE INCIDENCIA COLECTIVA” (fs. 10).-


Por tal motivo, propicia remitir las presentes actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la IIIa. Circunscripción Judicial para que proceda a evaluar la eventual procedencia de la acción colectiva intentada, así como la legitimación invocada.


INFORME DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL.


Se coincide con tal criterio, sin embargo, por razones de economía procesal corresponde efectuar las siguientes consideraciones que llevan a postular otra decisión. Ello, en razón de la vía elegida por los accionantes, que no se compadece con la pretensión formulada en la demanda.
-

Adviértase que como medida para mejor proveer se requirió al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la cuestión de autos, y a fs. 196/197 el señor F. de Estado hace saber al Tribunal que se halla en trámite un decreto de naturaleza legislativa que determina modificaciones sustanciales en el tema que nos ocupa, y que una vez dictado será incorporado inmediatamente a autos. Por otro lado, señala que la fijación de alícuotas de impuestos constituye una actividad discrecional del Poder Ejecutivo, en el que en su rol político ejerce su función evaluando la oportunidad y mérito o conveniencia de una u otra decisión administrativa, la que no corresponde ser impugnada inicialmente por esta excepcional vía. Al respecto, señala que la impugnación formulada en autos corresponde ser tramitada por la acción de inconstitucionalidad, donde se garantice el ejercicio del derecho de defensa que le corresponde al Estado.

En dicho sentido, este Tribunal ha señalado que la existencia de remedios procesales comunes para substanciar la pretensión sin que hayan sido agotados a la época de la deducción del amparo, tornan improcedentes la elección de esta excepcional vía (STJRNCO., "QUIROGA, M.R.s.ón de A., Se. N° 45 del 27-09-04).
-

Este principio se correlaciona con otro: el del juez natural, autoridad regular de la causa ante quien debe articularse las defensas y transitar por la vía procesal de los recursos legales, con prohibición de serle sustraída por vía de amparo (cf. STJRNCO., "PAFUNDI, J.E.s., Se. N° 23 del 11-9-96). En virtud de ello, no puede proceder una garantía procesal constitucional específica cuando se pretende sin más desplazar a los jueces competentes en ejercicio de la potestad que la Constitución y las leyes procesales le acuerdan (cf. voto del Dr. B., STJRNCO., "QUIROGA, M.R.s.ón de A., Se. N° 45 del 27-09-04).
-

ACCION DE AMPARO DE INCIDENCIA COLECTIVA.


Los actores intentan una acción de amparo de incidencia colectiva (fs. 10). Al respecto, ha quedado expresado que en materia de intereses difusos y de derechos políticos la legitimación activa existe, y que por ello habilita a todo aquel que es copartícipe en esos intereses o derechos para invocar su legitimación en tutela de la porción compartida con otros. B.C., en su obra “Tratado Elemental de Dereho Constitucional Argentino”, Tomo I, edición ampliada y actualizada, Ed. E., pág. 357, expresa que “no estamos, pues, ante un supuesto o un tipo de acción popular, porque la legitimación no se reconoce a cualquiera, sino a quienes participan en el interés difuso o en la específica categoría de los derechos políticos. Esto es así aún en la hipótesis de que todos cuantos componen un grupo o una sociedad compartan un interés común -por ejemplo la defensa del patrimonio histórico cultural-, porque en este supuesto la legitimación no se inviste por ser cualquiera de ese grupo o sociedad, sino por participar en un interés difuso tan amplio como cuantitativamente es amplio el grupo o la sociedad. No es cualquiera sino uno que coparticipa” (Voto del Dr. S.N., en Aut.Int. N° 216 del 3-11-04, "CO.DE.C.I. DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ACCION DE AMPARO").
-

Es realmente interesante la reseña elaborada por N.A.C.(.: Jurisprudencia ambiental del siglo XXI, JA. 2003-II-1373, Lexis Nº 0003/009635). Se indicó en dicha oportunidad, y conforme lo dijo B.C., que "la titularidad personal de un derecho o un interés legítimo no desaparece cuando el derecho o el interés son compartidos con y por otros, o con y por todos los demás que se hallan en igual situación". Es en definitiva el interés legítimo de cada reclamante el que conforma con los demás, en la suma de todos y cada uno de ellos, ese interés de pertenencia difusa, extendida. Esta "imbricación de intereses" entre el uno y la comunidad ya había sido captada por el derecho romano (el daño ocasionado al populus, en cuanto tal, comportaba a la vez un daño de naturaleza similar para todos y cualquiera de los miembros integrantes de dicho populus; por ello, este ciudadano asumirá la iniciativa del proceso popular, solicitará una sanción para aquel o aquellos que hayan transgredido ese "derecho suyo"...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba