Sentencia Nº 4195-2009 de Cámara Nacional Electoral del 18-06-2009

Fecha de Resolución:18 de Junio de 2009
 
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CAUSA: "Muñiz Barreto Juana María
y otros s/impugnan candidatura a
diputado nacional” (Expte.
4648/09 CNE) – BUENOS AIRES.-
FALLO Nº 4195/2009
///nos Aires, 18 de junio de 2009.-
Y VISTOS: los autos “Muñiz Barreto Juana María y
otros s/impugnan candidatura a diputado nacional” (Expte.
4648/09 CNE), venidos del juzgado federal con competencia
electoral de Buenos Aires en virtud del recurso de apelación
interpuesto y fundado a fs. 54/75 contra la resolución de fs.
46/50 vta., obrando el dictamen del señor fiscal actuante en
la instancia a fs. 86/88, y
CONSIDERANDO:
1º) Que a fs. 46/50 el señor juez federal
con competencia electoral del distrito Buenos Aires resuelve
no hacer lugar a las impugnaciones deducidas -a fs. 1/26-
contra la candidatura a diputado nacional del ciudadano Luis
A. Patti, postulado por la “Alianza Con Vos Buenos Aires” y el
“Movimiento por la Dignidad y la Independencia”.-
Tales impugnaciones se fundan,
esencialmente, en que el nombrado se encuentra sometido a
proceso penal y privado de su libertad por graves violaciones
a los derechos humanos.-
Para resolver del modo en que lo hace, el a
quo señala que el art. 33 de la ley 23.298 dispone que no
pueden ser candidatos los excluidos del padrón electoral y que
si bien el art. del Código Electoral Nacional establecía -
en su inciso d)- que debían excluirse del padrón a “los
detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen
su libertad”, esa previsión fue declarada inconstitucional por
esta Cámara (Fallo 2807/2000 CNE) en decisión que fue
confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(Fallos 325:524).-
Explica que la norma de mención fue
finalmente derogada por la ley 25.858 y concluye de allí que
“a la fecha, no existe impedimento legal alguno para la
presentación como candidato a Diputado Nacional del ciudadano
Patti” (fs. 48).-
Destaca, luego, que el inc. “e” del art. 3º
del Código Electoral Nacional dispone la exclusión de los
“condenados por delitos dolosos a pena privativa de la
libertad y por sentencia ejecutoriada”, por lo que entiende
que “no existiendo condena alguna respecto del [candidato
impugnado] resulta claro que la impugnación impetrada no
encuadra en las previsiones objetivas normadas en la ley” (fs.
48).-
Agrega, asimismo, que no corresponde que la
justicia electoral valore si el candidato reúne la idoneidad
prevista en el art. 16 de la Constitución Nacional, pues -de
acuerdo con un precedente de la Corte Suprema de Justicia, que
invoca (cf. “Bussi”, Fallos 330:3160)- “la valoración de la
idoneidad del candidato corresponde exclusivamente al Pueblo,
a través del libre ejercicio del voto” (fs. 49).-
Finalmente, recuerda que el art. 23 del
Pacto de San José de Costa Rica establece que el ejercicio de
los derechos políticos sólo puede ser reglamentado por razones
de “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena por juez competente, en
proceso penal”. Destaca, a este respecto, que si bien la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió -en el
caso “Ríos Montt”- que era posible la reglamentación del
derecho de participación política por motivos diversos a los
allí previstos, ello “alude a la facultad de los Estados
miembros de dictar normas que puedan ir más allá de las
exclusivamente contempladas en el art. 23 inc. 2º de la
Convención” (fs. 49 vta.) pero “en el caso, no existe, a la
fecha, disposición legal alguna en nuestro plexo normativo que
pueda fundamentar la prohibición al ciudadano Luis Abelardo
Patti para postularse al cargo que pretende” (fs. 49
vta./50).-
Esta decisión es apelada a fs. 54/75 vta.-
Sostienen los recurrentes que el a quo no
ha considerado la situación concreta del candidato que
impugnan, que se encuentra sospechado de participación en
graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la
última dictadura militar, sobre las que se ciñó un “contexto
de impunidad que impidió el desarrollo y conclusión de
procesos penales que determinasen la responsabilidad o no de
aquellas personas que participaron en aquellas violaciones
graves a los derechos humanos” (fs. 56).-
Afirman que lo que debe determinarse es si
una persona en particular, que se halla procesada y sobre
quien existen pruebas suficientes de participación en graves
violaciones a los derechos humanos puede ser candidato en las
próximas elecciones (fs. 57).-
Refieren que, de conformidad con las
Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos en un
informe de noviembre de 2000, el Estado argentino debe
“desarrollar esfuerzos y medidas necesarias para determinar la
separación de personas sospechadas de participación en graves
violaciones a los derechos humanos” (fs. 57/58).-
Manifiestan, luego, que en la sentencia
atacada se omite considerar lo peticionado por su parte, con
relación a la necesidad de producir pruebas que dan cuenta de

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