Sentencia Nº 41188/2 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016

• Número de sentencia: 41188/2
• Estatus: Publicado
• Emisor: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa (Argentina)

En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil dieciséis, se reúnen los señores Ministros, D.. H.O.D. y F.I.L.L., como integrantes de la S. B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 421, con relación al art. 411 del C.P.P., a efectos de dictar sentencia en los autos: “S.F.R. en causa por abuso sexual con acceso carnal de una menor de 13 años, agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente s/recurso de casación”, registrado en esta S. como legajo n° 41188/2, con referencia al recurso interpuesto a fs. 1/10, por la defensora oficial sustituta, Dra. S.M.A., contra el fallo n° 10/16 del Tribunal de Impugnación Penal, que resolvió: “1.-) NO HACIENDO LUGAR al recurso de impugnación interpuesto por la Defensora en lo Penal Sustituta, Dra. S.M.A. -por la defensa de R.S.-, confirmándose en consecuencia la sentencia nº 22/16 dictada con fecha 10 de marzo del corriente año por el J. de Audiencia interviniente en legajo 41188/0.”; y
RESULTA:
1º) Que la Dra. S.M.A., en su carácter de defensora oficial sustituta de F.R., interpuso recurso de casación contra el fallo n° 10/16 del T.I.P., que confirmó la sentencia de la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial. Formuló el recurso en los términos de los arts. 419 incs. 1º, 2º y 3°; 420 y 421, todos del C.P.P.-
2°) Que en primer término consignó, bajo la causal de procedencia prevista en el inc. 2°) del art. 419, que se ha mesurado erróneamente los parámetros previstos en los arts. 40 y 41 del C.P.- Precisó que en la sentencia se hizo hincapié, para agravar la pena de S. y apartarse del mínimo legal, en la edad de la víctima, el daño físico y psicológico y su extensión; circunstancias que a su parecer “...configuran requisitos del tipo penal, por lo que carecen de valor para mensurar la pena en este tipo de delitos.” (fs. 3) -
Agregó que se valoró negativamente la edad de su asistido, cuando en realidad debería haber sido al revés puesto que, justamente por su juventud, resulta una persona “potencialmente recuperable para la sociedad”.
Explicó que en este caso, no sólo se omitió brindar razones para justificar el monto punitivo, sino que al enumerar las pautas que se tuvieron en consideración, muchas de las que establece la ley penal fueron omitidas, y otras valoradas erróneamente como agravantes.
De todo ello afirmó que el quantum asignado resulta desproporcionado en relación a las circunstancias del caso, y arbitrario por su falta de fundamentación.
Indicó que se han inobservado garantías constitucionales y convencionales (conf. inc. 1° del art. 419 del C.P.P.) en tanto, al establecer el monto se ha incurrido en un supuesto de “doble desvaloración”, siendo su prohibición uno de los aspectos del “non bis in idem”.-
Detalló que al considerar la tipicidad de la conducta, y al fijar el quantum de la pena, se computaron negativamente los agravantes: edad de la víctima (12 años), el daño causado en la niña en su faz física y psíquica, y la extensión del daño causado, lo que nos coloca en lo que la se denomina “doble desvaloración”.-
Añadió que los magistrados se apartaron de la finalidad constitucional de la pena, al apreciar como elemento negativo la edad del imputado (18 años), cuando a su parecer, y en consonancia con lo expresado por el D.R., en su voto, debería habérselo valorado de manera positiva. Calificó a la sanción impuesta a su asistido como de un “neto corte retributivo”, lo que viola los arts. 5.6 de la CADDHH, 10.3 del PIDCyP, 18 de la C.N., y la legislación aplicable en materia de ejecución de la pena privativa de la libertad. Requirió que se dejen sin efecto los agravantes que se han tenido en cuenta para mesurar la pena, por ser violatorios de las garantías constitucionales y convencionales, aplicándose el mínimo legal previsto para el delito.
Para finalizar, tildó a la sentencia del a quo como arbitraria en los términos del inc. 3º del art. 419, por falta de fundamentación en la imposición de la pena, puesto...