Sentecia definitiva Nº 41 de Secretaría Penal STJ N2, 20-04-2015

Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
Número de sentencia:41
///MA, de abril de 2015.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores R.A.A., E.J.M., S.M.B., L.L.P. y J.B. por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 408/409, con la presencia del señor Secretario doctor W.A., para el tratamiento de los autos caratulados “SEIJAS, J.R. s/Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo automotor s/Casación” (Expte.Nº 27139/14 STJ), elevados por la Cámara Primera en lo Criminal de la IVª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Cipolletti, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor R.A.A. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. Mediante Sentencia Nº 9, del 26 de marzo de 2014, el Juez de la Cámara Primera en lo Criminal de la IVª Circunscripción Judicial en ejercicio de la función de Juez de Sentencia en lo Correccional resolvió condenar a J.R.S. a la pena de dos años y seis meses de prisión efectiva, seis años de inhabilitación especial para conducir automotores y costas, por considerarlo autor responsable del delito de homicidio culposo ocasionado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un automotor (arts. 26 contrario sensu, 45 y 84 segundo C., y 98, 375, 499 y 501 C.P.).
1.2. Contra lo decidido, la señora Defensora Penal interpuso recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo y por este Cuerpo, por lo que se dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina, para su examen por parte del Ministerio Público de la Defensa. En cumplimiento de ello, la señora Defensora General sostuvo el recurso en los términos del art. 21 inc. d de la Ley K 4199 mediante el dictamen agregado a\n/// fs. 386/392, donde solicita que se le haga lugar al remedio intentado y se deje sin efecto la resolución impugnada.
Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del rito con la presencia de la Defensora General y el F. General, que presentó un escrito de contestación agregado por indicación de Presidencia, los autos quedaron en condiciones de tratamiento definitivo.
2. Agravios del recurso de casación:
La Defensa solicita que se anule la sentencia recurrida por resultar improcedente y violatoria de la ley formal y la doctrina legal aplicable de los arts. 4, 98, 374, 375 y 380 inc. 3º del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución Nacional; o bien, si se decide ingresar a conocer el fondo del asunto de acuerdo con las facultades conferidas por el art. 440 del rito, se case la decisión impugnada y se resuelva conforme su pretensión.
Refiere cumplir los requisitos formales del recurso y pasa a fundamentar los aspectos sustanciales.
Aduce que el fallo en modo alguno es derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa, sino producto de la íntima convicción del juzgador, en transgresión a la sana crítica racional y las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común, con lo que se violentan principios consagrados en el código de procedimiento y en la ley sustantiva, como el debido proceso y la legalidad.
La Defensa afirma que la “convicción positiva” sobre la existencia del hecho punible y la participación culpable del procesado es la consecuencia de una errónea valoración de la prueba, por lo que el fallo incurre en arbitrariedad y ello lo descalifica como acto jurisdiccional válido.
Cita in extenso los fundamentos de la sentencia y desarrolla el agravio referido a la violación del principio de congruencia, afirmando que se condenó a su asistido por un hecho que nunca le fue imputado, toda vez que el accidente de autos ocurrió el día 7 de mayo de 2010 (según surge del acta de procedimiento de fs. 1/2, de las sucesivas imputaciones formuladas en indagatoria -vid. fs.. 40/41, 84/85 y 145/146- y de la requisitoria de elevación a juicio cuya lectura dio inicio al debate), y el sentenciante tuvo por acreditado que el hecho ocurrió el día 10 de marzo de 2010.
Dice que además, como el fallo se sostiene exclusivamente en la velocidad con que circulaba en los momentos previos al hecho investigado en autos, en el entendimiento de que\n///2. la imputación desde un primer momento contempló la conducción antirreglamentaria, hubo un cambio del factum de la imputación que afecta el derecho de defensa.
Advierte que el exceso de velocidad nunca fue formalmente imputado, en tanto la imputación descansó solo en la desatención en el conducir.
Luego desarrolla el agravio relativo a la errónea apreciación de la prueba. En tal tarea, cita párrafos del fallo y sostiene que de los concretos planteos de la Defensa surge que el accidente se produjo por la negligencia de la propia víctima, D.G.P., y que, en el caso de haber conducido su pupilo a menor velocidad, igualmente se habría producido. Insiste en que efectuó un minucioso análisis de la conducta de la víctima a la luz de la prueba colectada en juicio, cuestión que en manera alguna fue tratada por el Tribunal.
Señala que el a quo ha omitido valorar la prueba en su totalidad y justificó la condena impuesta en el exceso de velocidad atribuido a su pupilo, mediante la simple afirmación de que dicho obrar no le permitió al señor S. controlar su vehículo para lograr una maniobra exitosa de detención o esquive, previo al impacto, ya que el exceso de velocidad acortó la distancia de frenado posible e influyó de manera directa y negativa.
Manifiesta que el juzgador no dio fundamento científico a dicha afirmación y mucho menos consideró el tiempo de reacción que pudo haber tenido el imputado una vez que la víctima se interpuso...

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