Sentecia definitiva Nº 40 de Secretaría Penal STJ N2, 14-03-2016

Fecha de Resolución:14 de Marzo de 2016
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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///MA, 14 de marzo de 2016.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, doctores E.J.M., S.M.B., C.R., M.C. y G.B. los tres últimos por subrogancia-, según surge del acta de audiencia obrante a fs. 445/447 vta., con la presencia del señor Secretario doctor W.A., para el tratamiento de los autos caratulados “U., C.E.O. s/Abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por el vínculo s/Casación” (Expte.Nº 28166/15 STJ), elevados por la Cámara Primera en lo C. de la VIª Circunscripción Judicial con asiento de funciones en Cipolletti, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, en conformidad con el orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ª ¿Es fundado el recurso?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor E.J.M. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
1.1. Mediante Sentencia Nº 57, del 4 de septiembre de 2013, la Cámara Primera en lo C. de Cipolletti resolvió, en lo que aquí interesa, condenar a C.E.O.U., como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 45, 119 tercer párrafo e inc. b cuarto párrafo, 54, 12 y 29 inc. 3º C.P.).
1.2. Contra lo decidido, los doctores V.M.O. y M.L.C., defensores particulares que lo asistían en ese entonces, dedujeron recurso de casación, que fue denegado por el Tribunal a quo.
1.3. Interpuesto el respectivo recurso de queja, este Superior Tribunal de Justicia lo rechazó mediante Sentencia Nº 37/14.
1.4. Posteriormente, el imputado revocó la designación de los letrados referidos y designó como defensores a los doctores O.R.P. y J.M.K., quienes dedujeron recurso extraordinario federal.
/// 1.5. Mediante Sentencia Nº 151/14, este Cuerpo denegó el remedio interpuesto, decisión que fue recurrida por la defensa por intermedio de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió: “Que al caso resulta aplicable \'mutatis mutandi\' y en lo pertinente, lo resuelto por el Tribunal en el expediente \'C.\' (Fallos: 328:3399) (votos concurrentes de los infrascriptos [R.L.L., C.S.F., E.I.H. de N. y J.C.M., a cuyos términos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad. [...] Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber y remítanse los autos al tribunal de origen a efectos de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente [...]” (sentencia del 15/09/15, cuya copia obra a fs. 417).
1.6. Una vez devuelto el expediente proveniente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se resolvió tramitar el recurso de casación habilitado en estas actuaciones y se integró el tribunal que habría de resolver, todo ello con notificación a las partes.
1.7. Realizada la audiencia prevista en los arts. 435 y 438 del Código Procesal Penal, los autos han quedado en condiciones de ser tratados en definitiva.
2. Argumentos del recurso de casación:
La defensa plantea la inobservancia de las reglas de la sana crítica racional respecto de elementos de prueba que considera de valor decisivo y la falta de análisis imparcial de la totalidad del material probatorio, como así también alega que resulta arbitrario haber dado por ciertos hechos dudosos y haber negado la producción de prueba tendiente a demostrar hechos controvertidos.
Señala que las declaraciones testimoniales no fueron veraces y objetivas, sino parcializadas y animadas de cierto subjetivismo e interés, a favor o en contra del imputado.
Plantea también la violación del principio in dubio pro reo, por cuanto considera que el examen de la sentencia, en función de las pruebas producidas, permite establecer que no hay certeza y que se mantienen dudas no despejables que juegan en beneficio de su defendido -arts. 4 C.P.P. y 18 C.Nac.-, por lo que resulta ilegítima, por arbitrariedad. Agrega que no se observaron los arts. 363 y 364 del Código Procesal Penal para despejar las eventuales dudas ni se le habría permitido a la parte ejercer su derecho de defensa, por habérsele negado la producción de prueba “que podía quedar acreditada con al menos dos de los testigos rechazados por la Cámara”.
///2. Por otra parte, sostiene que se ha violado el principio de inmediación, por demoras impropias del debate y el dictado de la sentencia, lo que habría incidido en la convicción de los sentenciantes, “que dejaron de tener presentes declaraciones o circunstancias que conducían a una duda razonable para optar por inclinar su convencimiento hacia los últimos actos del debate que correspondían justamente a las declaraciones más inciertas”.
Alega además que la demora en la sustanciación del proceso durante más de tres años, lo que sería ajeno a la actuación del imputado y/o sus defensores, constituye otra grave violación “del derecho procesal vigente en nuestra jurisdicción y la Convención de Costa Rica”, por lo que tal circunstancia sería “una causa eficiente del desacierto jurisdiccional al emitir la condena”.
Cita in extenso diversas constancias del expediente (denuncia, testimonios y la propia sentencia condenatoria) y luego afirma que “en el presente proceso se encuentran afectados, no solamente los derechos individuales y la defensa del imputado, sino los valores familiares que hacen a la cohesión, patria potestad y respeto recíproco entre los integrantes de la familia”. Hace referencia a las consecuencias que habría tenido para el grupo familiar la tramitación del expediente y su demora, mencionando que no se ha evaluado el perfil de personalidad de la víctima “para establecer las bondades de la situación procesal a que fue sometida L.” y se han desatendido los aspectos colaterales que el proceso tuvo en el grupo familiar.
En cuanto a los plazos procesales, incluyendo el fijado para dictar sentencia, señala como errores in iudicando que no se hayan respetado tampoco los términos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (a la que alude como “la Convención de Costa Rica”), y refiere que la extensión excesiva del proceso “no fue motivada de ninguna manera por el imputado ni sus defensores, sino por una desordenada y anacrónica recepción de diligencias que desvirtuaron el sentido mismo de lo que se investigaba, llegando a equiparar probanzas que no eran compatibles entre sí (Cámara G. y declaración de M.V.; testigos que dieron crédito a los dichos de M.V. contra los que seguían las versiones de L.; terceros que conocían a L. considerados mas necesarios que los que
/// conocen y conviven con el imputado como sus familiares a quienes se descartó por sobreabundancia vid interlocutorio de fecha 4 de Febrero de 2013-)”.
Seguidamente agrega: “No apreciamos que esta última cuestión se trate de condición o agravio material para este recurso, pero con ello queremos resaltar la falta de formalismo en los tiempos procesales que imperó en el proceso desnaturalizando la oralidad y consecuente inmediación con que la normativa jurídica introdujo en el procedimiento penal para dotarlo de mayor acierto y eficacia en la tarea de juzgar”.
En cuanto al agravio referido a la vulneración del principio in dubio pro reo, alega que se han considerado indebidamente ciertos elementos probatorios, a la vez que los reunidos en el expediente serían insuficientes y contradictorios, por lo que no existe certeza positiva para condenar a su defendido.
La parte critica puntualmente ciertas declaraciones de la presunta víctima, por estimarlas imprecisas y tendenciosas, y las compara con lo declarado por otros testigos respecto de lo que aquella les habría manifestado. Señala que tales imprecisiones no fueron advertidas ni tomadas en cuenta por los sentenciantes.
Alude además a las diferencias entre lo relatado por el ex-novio de la víctima en el debate y su declaración anterior en la instrucción y menciona que este y aquella habrían concertado previamente el contenido de lo que declararon y se habrían encontrado “vivamente preocupados por defender una misma versión”.
Enumera luego pruebas orientadas a descreer en la verosimilitud de los hechos que habrían sido dejadas de lado: “la falta de inasistencias de L. (quien gozaba de asistencia escolar perfecta vid declaración de la Madre de L.) en los horarios que presuntamente habrían ocurrido los hechos imputados; las mentiras de L. demostradas en autos en relación a sus autoagresiones por angustia derivada de los hechos (vid declaración de modista B., V. y Dra. M.); rendimiento escolar óptimo de L. durante la época de los hechos, frente a sus alegaciones sobre trastornos”, a lo que agrega que “los síntomas deberían haber estado al menos mientras semejante hecho aberrante sucedía”.
En tal apartamiento de la prueba funda otro agravio -además del correspondiente a la violación del in dubio pro reo que se viene reseñando-, consistente en la falta de derivación lógica de la sentencia, por entender que “ello enmarca la actuación de los sentenciantes en una falta de ecuanimidad para la consideración y evaluación de los medios probatorios y su
///3. resultado, optando por las pruebas dubitables y dejando de lado aquellas que conducían con mayor probabilidad a la certeza. Ello importa un error de razonamiento en la lógica aplicada por el sentenciante que hace revisable el acto jurisdiccional por vicio o absurdidad”.
Plantea la arbitrariedad del juzgador al haberle denegado -por estimarla sobreabundante- prueba que consideraba pertinente y conducente. Sostiene que “la que era realmente sobreabundante era la que motivó los desistimientos de la fiscalía y la defensa que llevó a ambas partes a desistirla por encontrarse debidamente arrimadas las pruebas merced a las declaraciones anteriores”, mientras que no ocurriría lo mismo respecto de las previamente desechadas por el...

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