Sentecia definitiva Nº 4 de Secretaría Penal STJ N2, 19-02-2018

Fecha de Resolución:19 de Febrero de 2018
Emisor:Secretaría Penal STJ nº2
 
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///MA, 19 de febrero de 2018.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “CAMPERI, V.H. y B., C.A.s.ón de caudales públicos s/Juicio s/Casación” (Expte.Nº 29434/17 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor E.J.M. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
Mediante Sentencia Nº 39, del 31 de mayo de 2017, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de la Iª Circunscripción Judicial resolvió -por mayoría- rechazar el planteo de nulidad introducido por el doctor J.P. y condenar a C.A.B. a la pena de tres años de prisión en suspenso, accesorias legales y costas, e inhabilitación perpetua para cubrir cargos públicos, y a O.V.H.C. a la pena de dos años de prisión en suspenso, accesorias legales y costas, e inhabilitación perpetua para cubrir cargos públicos, por considerarlos autores material y penalmente responsables del delito de peculado de trabajos y servicios. Asimismo, impuso a los condenados pautas de conducta conforme el art. 27 bis del Código Penal.
Contra lo decidido, el defensor de los imputados interpuso recurso de casación, que el a quo declaró admisible.
2. Agravios del recurso de casación:
La defensa refiere cumplir los requisitos formales y afirma que la sentencia es nula por estar incompleta en su parte resolutiva, dado que carece del requisito esencial de indicar la calificación jurídica de las normas legales aplicadas.
Añade que la sentencia omitió el tratamiento del planteo formulado en el debate relacionado con la violación del derecho constitucional y supraconstitucional del plazo razonable, en atención al tiempo transcurrido desde el inicio de la presente causa (2012), la fecha del hecho enrostrado (21/08/2010), el acto de indagatoria (08/08/2012), la fecha de procesamiento (05/11/2013) y la fecha del debate (05/05/2017). Agrega que el mayor agravio es la demora del J. de Instrucción en resolver la situación procesal de sus defendidos,
/// mediante decisión del 05/11/2013; es decir que demoró más de un año cuando el código establece diez días. Alega asimismo que el Código Procesal Penal (Ley P 2107) establece que la instrucción deber realizarse en el plazo de cuatro meses a partir de la indagatoria, y menciona el punto 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitando se declare nula la sentencia dictada.
Reitera el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio porque sorpresivamente se cambiaron el hecho y la calificación legal, pues hasta la audiencia de debate jamás se lo notificó formalmente de tal modificación, situación que produjo la indefensión de sus pupilos. Expresa que fueron indagados, se les dictó el procesamiento
-confirmado por la Cámara de Apelaciones- y hasta hubo una propuesta de juicio abreviado por el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el art. 260 del Código Penal (fs. 410 y 417). Entiende que, al modificarse el hecho, se configura la violación al principio de congruencia, ya que por ese nuevo hecho no fueron indagados y por ende no pudieron defenderse.
Aduce que la resolución impugnada rechaza la nulidad considerando que no ha habido una mutación del sustento fáctico, sino de su significación jurídica, y que la defensa fue “anoticiada” con antelación suficiente, pero -agrega el recurrente- en realidad trató de convalidar la irregularidad de la presentación de fs. 410, pues de ella se debió correr traslado a su parte. Considera afectado así el principio de igualdad de condiciones en el proceso para hacer valer sus alegaciones.
Por otra...

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