Sentencia Nº 39723/2 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019

Fecha de Resolución:11 de Junio de 2019
 
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En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los once días del mes de junio de dos mil diecinueve, se reúnen los señores Ministros, D.. H.O.D. y E.V.F., como integrantes de la S. B del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 421, con relación al art. 411 del C.P.P., a efectos de dictar sentencia en los autos: “SARASOLA, R.E. s/ recurso de casación” registrado en esta S. como legajo n.° 39723/2, con referencia al recurso de casación interpuesto por la defensora oficial de R.E.S., Dra. M.S.B.G., contra la sentencia del Tribunal de Impugnación Penal, que decidió no hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto por la defensora oficial y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento condenatorio de la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial; y

RESULTA:

1º) Que el Tribunal de Impugnación Penal confirmó el fallo de la Audiencia de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, que condenó a R.E.S. como autor material y penalmente responsable del delito de peculado, como delito continuado (arts. 45 y 261 primer párrafo, y 55 “a contrario sensu” del C.P.) a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

2°) La defensora oficial Dra. M.S.B.G., formuló recurso de casación contra dicha decisión, bajo la invocación del motivo previsto en el inc. 2º del art. 419 del C.P.P., errónea aplicación de la ley sustantiva, y solicitó se absuelva a su asistido.

3º) Que indicó que no se dio adecuado tratamiento a los agravios formulados en el recurso precedente, y que el rechazo dispuesto se erige a partir de afirmaciones dogmáticas “apartadas del derecho vigente”, lo que implicó una afectación al derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior (arts. 8.2 inc. h) de la CADH, y 14.5 del PDCyP)

En concreto, refirió que no está reunida la calidad de sujeto activo para la figura descripta en el art. 261 del C.P., por no haber sido S. válidamente designado por la autoridad competente, además de no tener en su órbita facultades de disposición sobre los caudales, porque le correspondía a la máxima autoridad del nosocomio.

Añadió que la respuesta dada por el a quo a este punto, resultó atentatoria del principio de legalidad, y por tal de la principal herramienta disponible para acotar el ejercicio del poder punitivo estatal.

Describió las implicancias del principio de máxima taxatividad legal interpretativa para advertir cómo en el segundo momento exegético, “dentro del alcance semántico de las palabras legales”, debe resolverse siempre en el sentido de limitar el margen de criminalización.

Reseñó que en autos la norma resulta clara, concisa, determinante, siendo el juzgador el que toma una aplicación desajustada del derecho, contraria a su literalidad, ampliando el marco de punibilidad, puesto que nunca se cuestionó la función desempeñada, sino “cómo se accedió a la misma” y esto fue lo que no se trató.

Expuso que...

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