Sentencia Nº 39062 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018

Fecha de Resolución:21 de Febrero de 2018
 
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FALLO Nº 266 - JUEZ DE CONTROL DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL - Dr. D.J.A..

General Pico, 21 de febrero de 2018.

VISTOS:

Este legajo N° 39062 caratulado: “MINISTERIO PUBLICO FISCAL C/ N.J.G. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE”, y su acumulado Legajo Nº 33553 caratulado: “MPF C/ N.J.G. S/ LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO (DAM.:R.A.N.)” y,

CONSIDERANDO:

1. Que en mi carácter de Juez de Control de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa, he de sentenciar en este acuerdo de Juicio Abreviado (arts. 377, siguientes y concordantes del C.P.P.) que se sigue por los delitos de LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL -DOS HECHOS- EN CONCURSO REAL (arts. 92 en relación con los arts. 89 y 80 inc. 1º, 239 y 55 del C.P) -Legajos N° 39062 y 33553-, contra el imputado J.G.N., D.N.I Nº 32.XXX.XXX, nacido el 22 de noviembre de 1985 en la localidad de Cacharí (Buenos Aires), hijo de A. y de N.T.C., de instrucción secundaria completa, agente policial, con domicilio en calle XXX de la localidad de XXX (La Pampa) cuya defensa técnica es ejercida por el Defensor Particular O.F.O.Z.. Representando al Ministerio Público F. de la Provincia de La Pampa, la F.A.L.R.

Asimismo, las partes han acordado la absolución del imputado en orden a la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL SIMPLE (art. 119 1er. párr., del C.P.) -Legajo N° 39062-.

2. Antecedentes del caso: El hecho que dio origen al legajo Nº 33553 ocurrió el día 21 de enero de 2017, entre las 06:00 y 06:30 horas aproximadamente, en el momento en que se encontraba en el inmueble ubicado en calle XXX de la localidad de XXX, La Pampa, el imputado agredió físicamente a su ex pareja A., aplicándole cachetadas en su rostro. Como consecuencia de las agresiones físicas sufridas la víctima resultó con lesiones leves conforme surge del certificado médico extendido por la Dr. S.J.A.: “presentó eritema en rostro zona malar y maxilar superior izquierdo; en brazo izquierdo y en mejilla derecha- edema en dermis de zona maxilar superior izquierda”.

Respecto al legajo Nº 39062, el hecho que dio origen al mismo ocurrió el día 4 de diciembre de 2017 a la 01:50 horas aproximadamente, en calle XXX de la localidad de XXX, La Pampa, el imputado interceptó a su ex pareja, A., cuando la misma se disponía a bajar de un automotor que era conducido por un amigo de la nombrada, momento en el que abordó dicho vehículo y comenzó a revisar a la víctima pidiéndole su celular, desobedeciendo de esta manera la medida judicial dispuesta el día 23 de enero de 2017 por el Dr. H.A.P. que estableció una prohibición de comunicación y contacto por cualquier medio para con la nombrada.

Finalmente durante el transcurso de los días 6 y 7 de diciembre de 2017, N. envió mensajes de texto por la red social W. al celular de la víctima, desobedeciendo nuevamente la medida judicial mencionada ut supra, y la similar que le fuera impuesta por el mismo magistrado el día 5 de diciembre de 2017 en Audiencia de Formalización que le impuso, nuevamente, la prohibición de comunicación absoluta para con la víctima.

La F. en turno procede por I.F.P., arribándose luego a un acuerdo de juicio abreviado el cual ha sido suscripto por el imputado, su Defensor Privado y la F..

3. Audiencia de admisibilidad formal y de visu. Se desarrolló el día 27 de diciembre de 2017 ante el suscripto, conforme las previsiones de los arts. 378 y 379 del C.P.P. El acusado reconoció la firma inserta en el acuerdo, expresando haber sido debidamente asesorado sobre los alcances del mismo y confesando su participación en los hechos.

4. Fundamentos (art.349 C.P.P.).

a) Consideraciones preliminares sobre la admisibilidad sustancial:

Como habitualmente expreso, y sin ánimo de parecer reiterativo, corresponde tener presente que el Juicio Abreviado conlleva la particularidad que no existe contradicción entre la acusación pública, encarnada en el Ministerio Público F., y la Defensa Técnica, más la anuencia del acusado que reconoce tanto la existencia del hecho como la autoría del mismo. El reconocimiento del imputado, en la transacción con el titular de la acción penal, importa una verdadera confesión, realzando el valor de tal medio probatorio. Si bien la posibilidad del imputado de declarar, en forma amplia y en varios momentos del proceso, se sustenta, fundamentalmente, en su derecho de defensa, el contenido de sus dichos –una vez que se decide a manifestar su voluntad ante el tribunal- pueden ser utilizado como prueba de cargo. J.I.C.N., en su obra “La prueba en materia penal” (Depalma; 3ra.edición; 1998; o. 161/162), da como características que debe contener una confesión válida, para ser tenido como prueba en el proceso penal, que quien confiesa esté en condiciones intelectuales para producir una manifestación de conocimiento, que sea libre, prestada ante el órgano judicial y con el propósito de confesar.-

Que haré propio, tal como lo hiciera en anteriores oportunidades, por resultar aplicable al caso lo manifestado por el ex Juez de Audiencia Dr. F.L. -actual Ministro del Superior Tribunal de Justicia- al resolver el Legajo Nº 3371 caratulado “MINISTERIO PUBLICO FISCAL c/ FALCON, E.R. s/ Amenazas Simples” y su unido por cuerda Legajo Nº 5302 caratulado “MINISTERIO PUBLICO FISCAL c/ FALCON, E.R. s/ Lesiones Leves”: “...La implementación del nuevo diseño procesal penal en la provincia, a partir del 1º de marzo del pasado año, de cuño acusatorio y adversarial, potenció el valor del juicio abreviado. No es competencia de la judicatura estimar el valor o disvalor institucional del procedimiento, pues ello ya fue evaluado por los órganos constitucionalmente predispuestos para llevar adelante el proceso legisferante, sino aplicarlo e interpretarlo, en el caso concreto, según Constitución.”

“Y en tal sentido, el primer estándar de admisibilidad debe estar referido al acusado, centro del proceso, a quien el diseño procesal protege del poder punitivo del estado...”. El suscripto ha tenido contacto personal con N. al momento de realizar la audiencia de admisibilidad formal y de visu prevista por el Código de Rito, surgiendo de dicha audiencia que el imputado comprendía correctamente el alcance y efectos del acuerdo al que había arribado conjuntamente con su defensor privado y la fiscal interviniente. Continuando con la cita del fallo antes referenciado corresponde tener presente que “Deben tenerse en cuenta, además, los dos estándares que fijó el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa en el P. para el tratamiento de Juicio Abreviado, donde estableció: 1) que el acuerdo de juicio debe ser serio, esto es que debe existir una correspondencia entre la realidad de los hechos y lo firmado por las partes y el acusado; 2) que deben ser atendidos los derechos de la víctima (Resolución en Pleno del 26/10/2011. Registros del T.I.P.: Legajos 661/4 “Dr. Facundo Bon-dergham, defensor de L.E.D.C.” y Legajo 661/0 s/ Recurso de Impugnación, y nº 661/6 “Dr. H.L.V., defensor de J.C.E. s/ Recurso de Impugnación”).

El TIP claramente advirtió, en tal P., que no se trata del simple cambio de la ley procesal, sino la puesta en marcha de un sistema procesal que apareja cambios profundos en la mentalidad de los operadores judiciales. En tal inteligencia, el poder del MPF se ha incrementado, teniendo, de hecho, la disponibilidad sustancial de la acción penal a partir del art. 15 C.P.P., y las facultades de los jueces se han restringido en su rol inquisitivo. Sí realzando su rol de tercero imparcial, protector -en primer lugar y sobre todo- del debido proceso, despejando toda duda razonable que el acuerdo resulte un medio extorsivo para con el firmante en pos de lograr un derecho -generalmente la libertad-, cuestión que afortunadamente nunca he advertido en la circunscripción.

Así las cosas, si el acuerdo no contiene una discrepancia notable con los hechos, será el MPF quien asuma la responsabilidad institucional de optar por una figura menos gravosa o una pena tal vez exigua, en relación a la eventual sanción luego de un juicio común, pero con el beneficio de una condena rápida y efectiva.

El otro estándar fijado por la Alzada finca su mirada en la víctima. La ley 26845 a pesar que en su artículo 41 pretende tener un correlato con un sistema de derecho penal de mínima intervención, ha generado cambios en la jurisprudencia y reacomodamientos de institutos, que aún hoy transitan en zonas farragosas, con vaivenes interpretativos. Lo que me parece insostenible, desde la razonabilidad que debe primar en todo acto de gobierno -y el sentenciar es uno de ellos-, es trazar un corte abrupto en el sistema penal, según la cuestión sea o no de violencia de género. Los justiciables y los operadores del sistema deben gozar de cierta previsibilidad en las resoluciones jurisdiccionales, de modo tal que no se prive a unos de lo que se otorgue a otros.

El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia, Sala B, revocando el avenimiento que oportunamente le fuera concedido a M.J.T.(.. nº 912/3, de fecha 24 de julio de 2012) advierte que la vigencia de los tratados internacionales y la legislación en la materia desechan toda posibilidad de conciliación o mediación. Ello implica que la voluntad de las partes se encuentra recortada en relación a salidas alternativas, pero nada dice sobre la necesidad inexorable de llevar adelante un juicio para concluir en condena. Si el imputado reconoce el hecho y la autoría, y la víctima fue escuchada, creo que el juicio abreviado es una herramienta válida para hacer efectivos los derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales reseñados en el art. 16 de la ley nº 26485.”

Resulta necesario entonces realizar un esfuerzo para armonizar las interpretaciones y los derechos en pugna, resolviendo en un plazo razonable la situación del imputado, respetando a la vez los derechos de la víctima.

Asimismo, debe tenerse presente que el propio Tribunal de Impugnación Penal ha dicho expresamente al resolver el legajo caratulado...

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