Sentencia Nº 388 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 31-08-2021

Número de sentencia388
Fecha31 Agosto 2021
MateriaSAAVEDRA LEANDRO GABRIEL Vs. FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ AMPARO

SENT Nº 240 "2022 - Año de la conmemoración del 40º aniversario de la Gesta de Malvinas" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores Vocales doctores D.L., A.D.E. y D.O.P., bajo la Presidencia de su titular doctor D.L., para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: “S.L.G. c/ Fca S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s/ Amparo” Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores D.O.P., A.D.E. y D.L., se procedió a la misma con el siguiente resultado: El señor Vocal doctor D.O.P., dijo:

I.V. a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema el recurso de casación incoado por el actor en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común del 31/8/2021, que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada revocando la sentencia de Iª Instancia del 07/8/2020.


II.- El recurrente expone que la sentencia es equiparable a definitiva y ha incurrido en evidente infracción a normas de forma y de fondo (arts. 748 y 750 CPCC), arbitrariedad sentencial y gravedad institucional. La funda en el hecho -simultáneo a la confección de su recurso- de la protesta en la puerta de Tribunales (sobre el pasaje V.S.) por consumidores adherentes de planes de ahorro, quienes se sienten estafados ante los abusos que sufren por las administradoras de planes de ahorro de su posición dominante en los contratos de adhesión y que los llevan a tener que afrontar gastos exorbitantes en las cuotas. Hecho que, dice, se viene repitiendo desde el 2018, demostrativo que lo tratado en estos casos de abusos a los derechos del consumidor, exceden el interés particular de un proceso y proyecta su gravedad al conjunto social. Abuso y violación a los derechos del consumidor que justamente se discuten en este juicio y de los que la sentencia recurrida, dice, se ha desentendido con una motivación laxa que se transforma en falta de motivación, por aparente y dogmática. Que es también equiparable a definitiva porque termina el pleito impidiendo la prosecución de la causa o su continuación cumpliéndose así el recaudo del art. 748 del CPCC. Que además considera que el juez de Ira. Instancia tramitó todo el amparo hasta el dictado de sentencia de fondo y que en ese sentido se dijo: "Corresponde tener presente que el Código Procesal Constitucional local prevé implícitamente la facultad judicial de rechazar in límine el amparo, al disponer que el juez correrá el traslado de la demanda y ordenará el informe del art. 21 ´cuando considere que la acción es formalmente procedente o no fuere del caso resolver interlocutoriamente el amparo" (conf. art. 59 del CPC).... Si en cambio, el juez da trámite al proceso de amparo y concluida la tramitación constata que se trata de un derecho cierto en cabeza del accionante, de una lesión actual o inminente y que el acto impugnado exhibe arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ese pronunciamiento resulta definitivo n los términos del art. 130 del CPT" (CSJT, 'S.N.G. y otras vs. Junta Electoral de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y otros s/ Amparo Nº sentencia 278, fecha 23/4/2012). "En relación a las decisiones que rechazan una acción de amparo, la Corte Suprema las equiparó a definitivas cuando se demuestra que lo resuelto causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior (cfr. Fallos:310:324, con remisión a Fallos: 254:377). También porque la sentencia puede ocasionar un perjuicio grave e irreparable es decir, cuando la urgencia del problema exigiera una respuesta inmediata, hic et nunc, dado que el asunto no podría ya ser útilmente discutido en el futuro (cita doctrina y precedente jurisprudencial). Agrega que la sentencia se equipara a definitiva porque el punto asume gravedad institucional, trascendiendo el mero interés de las partes, al negar el derecho a la garantía del amparo y de la tutela judicial efectiva contenida en el art. 43 de la CN, los Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional y los arts. 24 y 37 de la Constitución Provincial, proyectando sus efectos sobre el conjunto social y las miles de personas que se encuentran en una situación similar. Destaca la contradicción en la que incurre la sentencia, y que genera gravedad institucional, en tanto pretende establecer la inadmisibilidad de la vía del amparo pero achaca a la sentencia de primera instancia no analizar la supuesta ausencia de los requisitos 'formales' del amparo (urgencia y gravedad, análisis del derecho vulnerado, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta) es decir analizar el fondo de lo discutido. En ese punto, el fallo adquiere gravedad institucional, en tanto sostiene la existencia de otra vía judicial más idónea, sin reparar que, por ejemplo, este proceso lleva ya casi tres años y que el mismo Tribunal dictó el fallo incumpliendo el plazo de 3 días establecido en el art. 29 del CPCT o que la causa se sustanció con notificaciones los lunes y jueves y no con notificaciones diarias como lo exige el código adjetivo, es decir ordinarizando el proceso de amparo. Colige que de tal manera, no puede sostenerse la existencia de una vía más idónea. Que también se equipara a definitiva en tanto consagra un exceso ritual manifiesto al sostener la inadmisibilidad del amparo por la existencia de otra vía más idónea sin reparar en que esas supuestas vías serán, a esta altura, de difícil tramitación o sus resultados podrían llegar tarde generando una suerte de mera sentencia declarativa. Sostiene que la inadmisibilidad de la vía del amparo sería contrariar los principios o estándares pro homine y pro actione, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el trámite ordinarizado dado al presente amparo en un mix entre las previsiones de la Ley Nº 6.944 y el CPCC. Asimismo, la infracción a normas de fondo y forma, violación de principios, reglas y garantías constitucionales y del principio de progresividad: Que se trata de una sentencia arbitraria al contener una fundamentación aparente, parcial y dogmática, contradictoria con la sentencia de primera instancia del 07/8/2020 e incluso con la sentencia dictada por el mismo Tribunal de fecha 21/3/2018, al declarar inadmisible la vía del amparo para resolver el caso, después de tres años de litigio, de un trámite establecido en la Ley Nº 6.944, ordinarizado en muchos aspectos (como por ejemplo el tiempo que se tomó el propio Tribunal para dictar el fallo ahora recurrido), y cuando están debidamente probados los extremos que hacen admisible el amparo como la vía idónea para resolver la causa. Le agravia la inadmisibilidad de la vía que decide la sentencia en forma arbitraria basada en la presunta existencia de otra vía judicial más idónea. Sostiene que la vía más idónea (por plazo y trámite) es el amparo, tal como lo receptó la sentencia de primera instancia, y no otra vía judicial. Afirma que la sentencia no cumple con su obligación de especificar el porqué de la vía del proceso del art. 53 de la Ley Nº 24.240 sería más idónea para resolver las cuestiones debatidas en el juicio, sino solo arguye que existe en el caso ausencia de los requisitos formales para la viabilidad del amparo y que aquél proceso sería más propicio para resolver el caso en su complejidad. Destaca que la sentencia comienza por confundir requisitos formales del amparo (que son los contenidos en el art. 55 del CPCT) con requisitos sustanciales (o de procedencia) del mismo (que son los del art. 43 CN, 37 CT y 50 CPCT). Que en esa confusión no repara que los requisitos formales están cumplidos en la demanda, como así también los sustanciales. Que el único motivo para sostener la existencia de otra vía judicial (la del art. 53 LDC) lo funda en que el amparo "no puede ser utilizado cada vez que los contratantes discuten el alcance de un contrato"; "la cuestión más bien aparece como el fruto de supuestos incumplimientos contractuales" o que "es inadmisible cuando lo que se plantea refiere al alcance de la recta interpretación de relaciones contractuales...". Expresa que no se dedujo esta acción de amparo ni para discutir el alcance del contrato, ni por el fruto de supuestos meros incumplimientos contractuales, ni referido al alcance la recta interpretación de relaciones contractuales. Lo discutido en el juicio, y que no lo ha entendido la sentencia, es que violando, lesionando u omitiendo ese deber de información, la demandada ha actuado con abuso del derecho violentando garantías constitucionales contenidas en el art. 42 (información, derecho a trato digno, a la salud, a la integridad, a los intereses económicos que como consumidor me corresponden) y generando un daño al proyectarse esa omisión de información para establecer aumentos desmedidos en las cuotas del plan y del valor móvil. Es decir, no se discute el alcance o deberes de la demandada establecidos en el contrato sino el despliegue de un accionar arbitrario, ilegal y manifiesto que tuvo y tiene efectos en el contrato. Y ese accionar lo ha cometido por fuera del contrato pero con influencia final en el mismo. Recuerda que la sentencia de primera instancia en varios considerandos sostuvo que la demandada ha violado el deber de información no solo antes del juicio sino también durante el mismo, teniendo en cuenta que ha brindado informes contradictorios e imprecisos durante el juicio, tanto en el informe y contestación de demanda del art. 21 del CPCT, como en las pruebas de informes y en su falta de cumplimiento de la prueba de exhibición. Afirma que la sentencia fundamenta de un modo aparente la inadmisibilidad del amparo, puesto que no efectúa una explicación, en el caso, de ese presupuesto que pretende establecer con las constancias de la causa. Solo de un modo laxo sostiene que lo discutido en el juicio se trata de interpretación de un contrato que requiere mayor debate....

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