Sentencia Nº 38 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 10-05-2017

Fecha de Resolución:10 de Mayo de 2017
 
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///MA, 10 de mayo de 2017.
Visto: Las presentes actuaciones caratuladas: "CARUSO, G.C.S./ QUEJA EN: CARUSO, GUILLERMO C/ MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. N° PS2-70-STJ2016 // 28401/16-STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
El señor Juez, doctor S.B. dijo:
1.- Antecedentes de la causa:
Mediante sentencia cuya copia obra glosada a fs. 32/34 vlta., la Cámara Segunda del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche rechazó la demanda tal como fuera interpuesta por el señor G.C.C. contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, con costas.
Para así decidir, el a quo analizó en primer término, la nulidad planteada respecto del acto administrativo en cuestión, esto es la Disposición N° 335 dictada por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, para posteriormente -en caso de proceder la petición del actor- decidir sobre el pago del adicional por título de médico veterinario; ello toda vez que el sr. C. se desempeña como I. del Departamento de Fiscalización Ambiental y como I. del Departamento de Veterinaria y Z. de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
En tal sentido manifestó que no surge “prima facie” que la Disposición N° 335 no reúna los requisitos esenciales que hacen a la validez del acto administrativo como tal, y por ende que carezca de la debida motivación, como lo sostiene el actor en su demanda.
Sostuvo que, en el acto atacado se aclara el concepto del adicional por bloqueo de título pretendido y su carácter de origen legal, se detallan los casos en que resulta procedente la inhibición de título, y también allí se le hizo saber al administrado que podía ejercer libremente su profesión de médico veterinario sin traba alguna (párrafos 4to y 5to), contando con el previo dictamen de la Asesoría Letrada que le da sustento fáctico y jurídico.
Luego de efectuar una reseña y análisis de las tareas profesionales efectuadas por el actor examinó, la documental obrante en los presentes autos -Dictamen de la Asesoría Letrada del Municipio, Disposición N° 332; informe del Colegio Veterinario de la Provincia de Río /// ///
Negro, entre otras-; junto con la legislación vigente, Ordenanza Municipal de Procedimiento Administrativo de fecha 20.1.1978, arts. 1 inc. f), 3 y 3 inc. e) y art. 66; Ley N° 3476 de la Provincia de Río Negro, Título I, Capítulo I, arts. 1 y 2; art. 18 II del Código de Ética del Colegio Veterinario, y el concepto de ejercicio profesional de médico veterinario conforme la legislación mencionada, finalmente el a quo entendió que en modo alguno tal ejercicio de la profesión resulta contrario o incompatible con la actividad desplegada por el Sr. C. en la Municipalidad en su carácter de I., tanto del Departamento de Veterinaria y Z. como del Departamento de Fiscalización Ambiental.
Destacó asimismo que incumbía al actor la carga probatoria y que no pudo demostrar concreta y acabadamente cuáles eran las incompatibilidades que podían generarse por oposición de sus intereses con los propios de la Administración, concluyó que no surge que haya existido violación a expresa normativa procesal, ni que se encuentre conculcado el principio de congruencia o de jerarquía de normas (art. 34 inc. 4 CPCCm) ni se encuentren afectados derechos del actor conforme la normativa vigente Ley 3476 y Código de Ética del...

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