Sentencia Nº 38/14 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:24 de Febrero de 2017
 
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En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala C del Superior Tribunal de Justicia, integrada por su Presidente, Dra. E.V.F., y por su V., Dr. H.O.D., a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "PUEBLAS, G.M. c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa”, expediente n° B-38/14, letra d.o., radicado en Sala C del Superior Tribunal de Justicia, del que

RESULTA:
I.- A fs. 36/46, G.M.P., por derecho propio y con el patrocinio letrado de los Dres. C.A.G., J.A.C. y J.M.O., interpuso demanda contencioso administrativa contra la Provincia de La Pampa, pretendiendo “… la nulidad de las Resoluciones 109/2014 –de fecha 31/07/2014- y 138/2014 –de fecha 10/10/2014-, ambas dictadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa; condenando a la demandada … a dejar sin efecto las sanciones impuestas mediante la Resolución n° 109/2014 –las que fueron confirmadas por la Resolución 138/2014-, reintegrándolo en forma inmediata a sus funciones de sub-habilitado del Tribunal de Cuentas; y al pago de las diferencias acumuladas y adeudadas con motivo de la pérdida del adicional por fallo de caja, con sus respectivo intereses, costas, costos y actualización monetaria.”.

Asimismo, solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25561 y del ar. 39 de la Ley 24557.

Relata que con fecha 31/7/14 el Tribunal de Cuentas provincial dictó la Resolución n° 109/14, mediante la cual le aplicó dos sanciones por un mismo hecho que además es inexistente. Agrega que las mismas consistieron en un apercibimiento, en los términos del art. 275 inc. c) de la Ley 643 y el cambio de funciones que lo apartó del cargo ganado por concurso, lo cual redujo sus ingresos.
Aduce que la Resolución n° 109/14 es nula por carecer de motivación, por cuanto solo hace un relato de hechos inexistentes culminando con las sanciones aplicadas y el segundo acto administrativo impugnado –Resolución n° 138/14-, agregó que se realizó una restructuración del personal del Tribunal de Cuentas, en el área de Habilitación, Sistema y Control posterior.
Destaca que resulta improcedente el intento de fundar la decisión recurrida con un nuevo argumento, no utilizado al motivar la primer resolución, cual es la reestructura de personal, resultando una motivación “ex pos-facto”, intentando sanear el vicio original.
Afirma que la sanción no está fundada, dado que el único argumento fue un supuesto accionar y nada expresa con relación a una reestructuración por cuestiones de servicio o algún otro motivo. Asimismo, que no resulta válido cambiar –al fundar la denegación del recurso de reconsideración- los fundamentos de la decisión recurrida, como tampoco es admisible introducir nuevos argumentos, de lo contrario se vulnera el derecho de defensa.
Relata los hechos por el cual fue sancionado, reiterando lo expresado en el recurso de reconsideración que interpuso y que dice “ … niego categóricamente que el día 30 de julio del corriente año J.C.M. me hubiera llamado mientras se encontraba reunido con los V.es del Tribunal de Cuentas, más aún niego haberme dirigido hacia el Sr. Secretario en forma irrespetuosa y agresiva, y también niego terminantemente haberme dirigido en oportunidad alguna en forma descortés e irrespetuosa frente a una autoridad o persona alguna …”.
Sostiene que la Resolución n° 109/14 le aplicó dos sanciones por un mismo hecho, pues el apartamiento de su función no es una sanción prevista en el ordenamiento jurídico; agrega que corresponde la declaración de nulidad de las resoluciones que cuestiona, por existir una desproporcionalidad absoluta entre las dos sanciones aplicadas y el hecho que se imputa.
Añade que tampoco hubo sumario previo y si bien el ordenamiento permite la aplicación de sanciones sin la previa instrucción de sumario, ello resulta aplicable en los supuestos de sanciones leves, pero dicha prerrogativa no corresponde que se utilice en casos como el presente, en donde se aplicó una sanción no prevista en la ley –cambio de tareas- y que además es sumamente gravosa (económica y anímicamente).

Manifiesta que en lo que respecta a la Disposición 04/12 –dictada por el Tribunal de Cuentas-, y con la que se pretende fundar la legalidad de su cambio de funciones, resalta que el derecho a la estabilidad consagrado en el art. 45 y cc de la Ley 643 es claro y no necesita de disposiciones a los fines de determinar su alcance, el mismo dice que el agente permanente, una vez transformado en definitivo su nombramiento, tiene derecho a la estabilidad en las tareas, funciones y categoría alcanzada, y que la estabilidad solo se pierde por las causales establecidas en la ley.

Señala que el cargo funcional, del cual se lo despoja –por medio de una sanción disciplinaria-, lo ganó por concurso de oposición y antecedentes y su nombramiento se produjo conforme a lo dispuesto en el art. 30 de la citada ley, por lo que le asiste el derecho a la estabilidad consagrado en el art. 45, no resultando relevante lo transcripto en la Resolución n° 138/14 al decir que “… dicho concurso se efectuó para cubrir las funciones de sub-habilitado del Tribunal de Cuentas y toda otra tarea que sea asignada dentro de la rama administrativa.”, interpretando que ello es sin apartarlo de las funciones de sub-habilitado.
Interpreta que conforme la legislación vigente no pueden alterarse los derechos adquiridos por los agentes públicos, sin violar el derecho de propiedad (art. 17, CN) y la garantía o principio de razonabilidad (art. 28, CN y art. 5, Pacto Internac. D.. C.. y Pol.) y las resoluciones recurridas claramente los vulneran.
Concluye que las Resoluciones números 109/14 y 138/14, como actos administrativos generadores de efectos jurídicos, resultan arbitrarias e irrazonables, puesto que lesionan en forma directa, derechos subjetivos amparados por normas de máxima jerarquía, se lo sanciona por un hecho inexistente, se le aplican dos sanciones por un mismo hecho, se crea una sanción no prevista en el ordenamiento jurídico para sancionarlo y el cambio de funciones le ocasiona un grave daño patrimonial.
Ofrece prueba; pretende el pago retroactivo de las diferencias acumuladas y adeudadas con motivo de la pérdida del adicional por fallo de caja.
En el punto VII plantea la Inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 25561, manifestando que la determinación que judicialmente se efectúe deberá tener en cuenta la actualización monetaria y/o los intereses compensatorios hasta su íntegro y efectivo pago, declarando la inconstitucionalidad de dicho precepto, en cuanto desconoce la realidad económica nacional, depreciación monetaria que disminuye el poder adquisitivo de la moneda.
Agrega que el instrumento apto para la protección del derecho conculcado es la actualización monetaria, conforme el índice de precios al consumidor nivel general, en cuanto mediante su aplicación se busca la obtención de un resultado cercano en la mayor medida posible a una realidad económica dada. Solicita que se disponga la actualización del monto de la condena a que resulte acreedor el actor, utilizando como referencia los valores de la canasta básica total elaborada por el INDEC entre ambos puntos del tiempo, sin perjuicio de la aplicación de intereses en base a la tasa mix judicial del Banco de La Pampa.

Funda su derecho, hace reserva federal y peticiona que se dicte sentencia haciendo lugar a lo reclamado con expresa imposición de costas

II.- A fs. 71/94, el Dr. J.A.V.–. de Estado Provincial- y los Dres. S.L.A. y C.C., abogados apoderados del Estado provincial, contestan la demanda, niegan todos y cada uno de los hechos expuestos y solicitan se rechace la demanda, con costas al accionante.

Relatan su realidad de los hechos teniendo en cuenta las actuaciones administrativas n° 2244/14, expresando que en la reunión del día 30 de julio de 2014, encontrándose presentes los V.es del Tribunal de Cuentas –C.M.A.M.A. y el Dr. F.G.-, juntamente con el Secretario del Tribunal –D.M.-, se presenta el actor G.P., quien intempestivamente se dirige hacia el Secretario de manera irrespetuosa, agresiva y descortés.


Señalan que no era la primera vez que ello ocurría, toda vez que los miembros del Tribunal de Cuentas ya en otras oportunidades habían advertido comportamientos no decorosos, descorteses e irrespetuosos por parte del agente P., principalmente hacia sus superiores, e incluso también hacia compañeros de trabajo, es decir, ya con anterioridad al hecho desbordante del día 30 de julio de 2014, el agente incurría en comportamientos que contrarían los deberes de todo empleado público y que encuadraba en el art. 38, inc. b y c de la Ley 643.


Tal contexto, dicen, motivo de reiterados desbordes que culminaron con la extralimitación abierta, pública y en presencia de los integrantes del Tribunal de Cuentas, motivó que no era necesario la realización de un procedimiento de acreditación de la existencia de...

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