Sentencia Nº 379 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 30-08-2021

Fecha30 Agosto 2021
Número de sentencia379
MateriaPATRIMONIO DE LA FALLECIDA SOTELO JACINTA ELENA S/ CONCURSO PREVENTIVO

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común Sala III ACTUACIONES N°: 4188/20 San Miguel de Tucumán, agosto de 2021.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "PATRIMONIO DE LA FALLECIDA S.J.E. s/ CONCURSO PREVENTIVO" - Expte. N° 4188/20,

y CONSIDERANDO:


I.- Vienen a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la representación letrada de la peticionante, en fecha 25/04/21, en contra de la sentencia del 19/04/21 que rechaza el pedido de apertura de concurso preventivo formulado por su parte, por incumplimiento del requisito sustancial objetivo de cesación de pagos. En fecha 09/05/21 expresa agravios el recurrente. Firme el proveído del 17/05/21, queda el presente recurso en condiciones de ser resuelto.

II.- Agravia al recurrente que la resolución apelada, para denegar la apertura del concurso considere, en su especial visión de las cosas, que no se habría demostrado el estado de cesación de pagos de la requirente. Encuentra paradójico que la sentencia cite autores que definen el “estado de cesación de pago” y no advierta que la situación del patrimonio cuyo concurso se solicita en autos se ajusta a la realidad fáctica que describe la norma y que precisan los juristas mencionados. Y mucho más lo es, que el fallo recurrido soslaye que la doctrina vernácula es conteste en cuanto a que el deudor que demanda su concurso preventivo no debe rendir prueba suplementaria alguna de su estado cesación de pagos y que la mejor demostración de esa situación es su propio reconocimiento. (Conf. H.P.D.: Tratado Exegético de Derecho Concursal, ed. Á., B.A, 2000, t.1, p. 370 y ss.). En el caso de marras, la totalidad de los herederos de la causante cuyo patrimonio se presenta en concurso preventivo reconocieron el estado de cesación de pagos en los términos de los arts. 78 y 79 de la LCyQ. Como si ello fuera poco, y a mayor abundamiento, en la presentación inicial explicó que el patrimonio de la fallecida J.S., a pesar de tener activos, no puede satisfacer regularmente sus obligaciones, enumerando los procesos donde se le reclaman cuantiosas sumas de dinero y precisamos que en el juicio "P.F.c.S.J.E. S/Cumplimiento de Contrato, expte. 1747/17", se la ejecuta por más $ 20.000.000, habiéndose fijado fecha para rematar un inmueble del acervo hereditario. Indica que el segundo argumento al que recurre la sentencia apelada para rechazar el concurso preventivo es no haber acompañado un detalle del pasivo, sino sólo la enumeración de los juicios en los que se le reclaman deudas. Es cierto: sólo se adjuntó la limitada información con la que cuenta su parte, no sabiendo -a ciencia cierta- quiénes son los acreedores de la causante, el origen de esas deudas, su legitimidad y exigibilidad. En el escrito inicial refirió claramente que uno de los objetivos de este concurso preventivo es determinar el real pasivo de la causante, para poder luego pagar a los acreedores respetando la “par conditio creditorum”. Agravia a su parte, entonces, que la sentencia apelada haya soslayado que, en el caso de marras, el solicitante del concurso es un joven de 21 años, un nieto que pide el concurso del patrimonio de su abuela a cuya herencia fue llamado por el fallecimiento de su padre, siendo absolutamente comprensible que no sepa quiénes son los acreedores de su abuela y que no pueda satisfacer el improcedente requerimiento formal de adjuntar un detallado listado del pasivo. Por lo demás, no debemos ni por un momento olvidar que nuestra ley concursal no exige, como erróneamente refiere el fallo apelado, que el solicitante del concurso liste con precisión aritmética la nómina de acreedores y ni siquiera demanda que haya pluralidad de acreedores, siendo suficiente para abrir el concurso demostrar que existe un acreedor insatisfecho y la imposibilidad de pagarle (doctrina del art. 78 de la LCyQ). En el caso de marras, la imposibilidad del patrimonio de la fallecida J.S. de pagar la deuda que le ejecutan los letrados P. y F.S. es suficiente para admitir el pedido de apertura a concurso, con lo cual exigir un listado de los restantes acreedores es un verdadero despropósito. Puntualiza que el tercer argumento al que recurre la resolución apelada para rechazar el pedido de apertura del concurso preventivo es la supuesta omisión de adjuntar un estado patrimonial del requirente. Agravia a su parte que el fallo apelado exija esa formalidad y sostenga que, antes de abrir un concurso, los Jueces deben valorar el patrimonio del solicitante y constatar si existe un déficit entre el pasivo y el activo. En nuestro ordenamiento jurídico concursal los Jueces no deben (ni están facultados para) hacer esa valoración, y los requirentes del concurso tampoco deben probar los extremos que el fallo recurrido menciona (doctrina del art. 11 de la LCyQ). Por el contrario, de acuerdo a lo expresamente establecido en el inc. 3 del art. 11 de la LCyQ, es suficiente que el requirente del concurso preventivo acompañe un “estado detallado y valorado...

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