Sentencia Nº 369 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 23-08-2021

Fecha23 Agosto 2021
Número de sentencia369
MateriaZ.A.A. Vs. J.E.E. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común Sala III ACTUACIONES N°: 1084/07Expte. n° 1084/07 En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, agosto de 2021, reunidos los Sres. Vocales de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial, S.I., D.. A.M.A. y M.F.R. con el objeto de conocer y decidir los recursos interpuestos contra la sentencia dictada en los autos caratulados "Z.A.A. c/ JEREZ ESTEBAN EDUARDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS"; y abierta la vista pública, el Tribunal se plantea la siguiente cuestión: ¿ESTA AJUSTADA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación, el mismo dio el siguiente resultado: D.. A.M.A., M.F.R. y M.D.L.C.. EL Sr. VOCAL DR. A.M.A., DIJO:

1.- Vuelven estos autos a este Tribunal y Sala con motivo de lo ordenado por la sentencia de fecha 16/04/19 de fs. 719/726 dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la provincia que admitió el recurso de casación que oportunamente interpuso la parte demandada en contra de la sentencia de fondo de este Tribunal y Sala de fecha 09/02/17 de fs. 656/662; en su virtud éste fallo fue anulado y el Alto Tribunal dispuso reenviar el presente juicio para el dictado de un nuevo pronunciamiento. Para ello, habrán de tenerse en cuenta los lineamientos señalados en la sentencia casatoria y en base a ello se emitirá el veredicto correspondiente. Ello resulta de la jurisprudencia del propio Alto Tribunal, según la cual hay que tener en cuenta que, en aquellos pleitos en los cuales, en virtud de un recurso de casación, se deja sin efecto una sentencia de Cámara, la jurisdicción se adjudica al tribunal de reenvío en la medida y con los alcances que surgen de aquella decisión, a los que habrá de circunscribirse. En tales casos, cuando la Cámara actúa como tribunal de reenvío, su actividad es derivada, y al ser vinculante la decisión de la Corte debe atenerse a ella inexorablemente, careciendo de competencia para efectuar una interpretación (o reinterpretación) de lo sentenciado, que desvirtúe total o parcialmente su sentido y alcance (CSJTuc., sentencia Nº 682 del 03/11/1994; CSJTuc., sentencia N° 908, 21/10/2005, “H.J.A. y otros s/ estafa”). A riesgo de incurrir en reiteraciones en la exposición de la presente cuestión, y no obstante que tanto el fallo casado de esta Sala y Tribunal, como también la propia sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia han expuesto con prolijidad los antecedentes del caso y los argumentos vertidos tanto por las partes como por el Sr. Juez A quo en la sentencia definitiva del 21/07/15 de fs. 574/579, abordaré en primer lugar aquellos aspectos que pueden considerarse no controvertidos.

2.- Cabe recordar que el actor de autos, Dr. A.A.Z. -por entonces Juez en lo Penal de Instrucción de este Poder Judicial, promovió la presente demanda de daños y perjuicios en contra del Dr. E.E.J. -había sido F. en lo Penal de Instrucción (Fiscalía Anticorrupción) de este Poder- por la suma de $50.000, en concepto de daño moral, alegando haber sido víctima de una campaña de desprestigio diseñada y ejecutada por el demandado, la que tomó ribetes públicos en razón de su difusión en los medios masivos de comunicación de la provincia, todo lo cual le ocasionaba lesión a su honra y crédito (del actor el Dr. Zottoli). En su demanda el actor expuso una serie de hechos y circunstancias que daban pie, a su entender, para la configuración del perjuicio aducido, tales como declaraciones periodísticas del Dr. Jerez de octubre de 2002 en donde sugiere el nombre del Dr. Z. o lo identifica junto a otros jueces en un grupo al que intitula como una “quinta columna” que supuestamente obstruía su accionar como fiscal anticorrupción; otros hechos consistieron en sendas denuncias del Dr. A.G. (vocal de la Excma. Corte ya fallecido) y de los jueces D.. A.Á. y M.J. (por la Asociación de Magistrados) por igual época (octubre de 2002) a efectos de investigar tales declaraciones, que el Dr. Jerez ratificó plenamente aunque posteriormente tales actuaciones fueron archivadas. Sostuvo el actor que el demandado persistía en su intencionalidad pura y exclusivamente difamante a través de sus manifestaciones ligeras e irresponsables, sin ocuparse de perseguir la dilucidación y juzgamiento de las situaciones que denunció, lo que revelaría un oscuro afán de obtener relevancia personal a como diera lugar. Añade el actor que el demandado declaró en la edición del 09/01/2003 del diario “La Gaceta” que el primero (como juez de Instrucción) dilató una serie de medidas solicitadas en una causa penal, pero en beneficio de un denunciado y posteriormente, por igual medio informativo, J. sostuvo que Z. había estado esperando que el Sr. Lobo Aragón presentase un planteo de nulidad para denegar un allanamiento, lo que revelaría -en el entender de Jerez- una connivencia de Z. con el investigado en un expediente judicial, y explicaría la actitud entorpecedora de las actividades que desempeñaba Jerez como F.; todo ello, señala el actor en su demanda, le lesionó su reputación como magistrado, ya que se trató de hechos ventilados a través de los medios de comunicación de mayor difusión (prensa televisiva, radial y/o escrita), añadiendo que meses más adelante el F.A. acusó nuevamente de integrar una quinta columna al doctor Z. y que finalmente en la edición del 18/3/2003 en el diario “El Siglo”, el F. manifestó que el juez Z. actuó inducido por su histeria. Afirma el actor que a raíz de la gravedad de los ataques inferidos por el demandado, decidió interponer querella criminal, ejerciendo asimismo acción civil en contra del demandado, basado en el delito de injurias, causa caratulada “J.E.E. s/ Injurias - Expte. 3238/2003”. Explica que en dicha causa penal el demandado presentó un escrito con el objeto “retracto - contesto”, donde el querellado habría formulado una retractación de las numerosas injurias vertidas en contra del actor, ratificando dicha presentación en fecha 29/9/2006; señala que en función de ello, la Excma. Cámara Penal, S.I.°, por sentencia del 13/10/2006, resolvió tener formalmente por retractado a E.E.J., sobreseer al nombrado en los términos del art. 434 del CPP, dejar a salvo la acción civil resarcitoria y ordenar que se realice una publicación de la retractación por tres días en un medio radial, escrito y televisivo a cargo del querellado. Con lo cual, entre otras cuestiones, concluye su escrito de demanda.

3.- Se reitera que el demandado Dr. E.E.J. no contestó demanda y fue declarado en rebeldía, pese a lo cual más adelante y por medio de letrado apoderado, se apersonó y efectuó planteos de nulidad que fueron rechazados. Como también surge de autos, luego de que ambas partes ofrecieron y produjeron pruebas, la Sra. Jueza de la causa dictó sentencia definitiva el 21/07/15 que admitió la demanda del actor -en virtud de fundamentos que infra serán señalados- y condenó al demandado al pago de la suma de $40.000, con más intereses a título de daño moral. Tras ser apelada por el demandado la sentencia, esta Sala del Tribunal rechazó dicho recurso de apelación y confirmó el pronunciamiento de primera instancia, todo lo cual, a su vez, en virtud de progresar un recurso de casación que el nombrado interpuso, fue anulado por sentencia de la Excma. Corte, ordenando el reenvío de la causa a un nuevo Tribunal a efectos del dictado del pronunciamiento correspondiente.

4.- Reiterando también los agravios del demandado apelante, éste señala que en esta causa se debate una situación conflictiva y mediática y que, en los procesos penales se desarrolla una especie de juego en donde existen avances y detenciones y éstas operan como factores de obstrucción a la investigación penal, ya que de esta forma el juez permite el avance de la investigación penal o logra que quede detenida. Afirma que en ese juego se generó el conflicto mediático, receptado y difundido por la prensa, en donde se vertieron sus dichos como F.A., ya que consideraba que se estaba obstruyendo su accionar en algunas causas, y el meollo de la discusión en esta causa es si tales dichos pueden considerarse como una campaña de desprestigio con la finalidad de provocar una lesión al honor y crédito del D.Z., con la consecuente perturbación en su carrera judicial y desasosiego en el ámbito laboral, académico y social, o si por lo contrario, se trataron de dichos y expresiones vertidas con motivo de investigaciones judiciales en trámite y que fueron hechas exclusivamente en el contexto de esas investigaciones que llevaba a cabo en su carácter de F. y en el marco del interés público que las mismas revestían. Expresa que el fallo apelado no debía limitarse al derecho local, sino debía realizar el control de convencionalidad, lo que supone el cotejo y confrontación de las normas locales y su conflicto con las normas internacionales de derechos humanos, y realizar un test de convencionalidad entre lo que sería su decisión con la jurisprudencia de la CIDH, donde ya se había fijado posición sobre la materia del derecho al honor y de la libertad de expresión, en consonancia con el interés público. Sostiene que la sentencia es arbitraria por no ser derivación razonada del derecho, y que se ha apartado de la solución normativa y por la omisión de realizar el control de convencionalidad, ni respetarse las constancias comprobadas de la causa. Le agravia que se considere que el solo hecho de tener por no contestada la demanda y tenerlo por rebelde, implique que todo lo que dijo el actor es cierto y autorice al juez a omitir el análisis y decisión sobre las cuestiones acreditadas en la causa y sobre los planteos conducentes para la resolución del caso. Le agravia que la sentencia no valorase los dichos del demandado donde estaba involucrado el interés público, que debía analizar y resolver también sobre lo expuesto en los alegatos por el demandado, cuando dice que las expresiones fueron vertidas en el ejercicio de su labor como fiscal, dentro del marco de un...

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