Sentencia Nº 36770 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017

Fecha de Resolución:25 de Octubre de 2017
 
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FALLO Nº 235 - JUEZ DE CONTROL DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL Dr. Diego AMBROGETTI.

General Pico, 25 de octubre de 2017.-

VISTOS:

Este legajo N° 36770 caratulado “MINISTERIO PUBLICO FISCAL C/ O.R.F. S/ AMENAZAS SIMPLES - DESOBEDIENCIA JUDICIAL (DAM.: T, P.A.)”, y

CONSIDERANDO:

  1. Que en mi carácter de Juez de Control, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa, he de sentenciar en este acuerdo de Juicio Abreviado (arts. 38 inc. 9°, 377, siguientes y concordantes del C.P.P.) que se sigue por los delitos de AMENAZAS SIMPLES Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL -DOS HECHOS- EN CONCURSO REAL (arts. 149 bis, 1er. párr. 1er. sup., 239 y 55, del C.P.) contra el imputado R.F.O., D.N.I. N° 24.056.XXX, argentino, soltero, trabajador rural, de estudios primarios, nacido el día 9 de julio de 1974 en la ciudad de XXX (La Pampa), hijo de J.C. y N.E.T., domiciliado en calle XXX de la localidad de XXX (La Pampa), asistido por el Defensor Oficial Carlos Alejandro CARAM. Representa al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de La Pampa, el Fiscal Sustituto Luciano Nahuel REBECCHI.

2. Antecedentes del caso. El Legajo 36770 se inicia en virtud de que, sin poder precisarse fecha exacta, pero desde mediados de junio del año 2017, el imputado contactó a su ex pareja, la Sra. P.A.T., violando la medida judicial ordenada por el Juez de Audiencia Dr. PELLEGRINO en fecha 25 de abril de 2017, mediante Fallo Judicial Nº 716, por la cual se ordenaba al Sr. R.F.O. el cumplimiento de diversas reglas de conducta contempladas en el art. 27 bis del Código Penal: a) Fijar domicilio, y en caso de modificarlo avisar previamente al Juez de Ejecución. b) Prohibición de acercamiento a no menos de 200 mts. del domicilio de la víctima, P.A.T., ubicado en calle XXX de la localidad de XXX, provincia de La Pampa, y/o de los lugares que habitualmente concurra la misma. Asimismo, prohibición absoluta de comunicación y contacto con la nombrada. c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. d) Someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia. Concretamente se le imputa haber desobedecido la orden judicial de no contactarse y/o acercarse a la Sra. P.A.T. por el término de dos años, en virtud de haberse comunicado telefónicamente con la misma y posteriormente haberse instalado nuevamente en la vivienda de la Sra. T. de calle XXX de la localidad de XXX (L.P.), con quien retomó la convivencia por el término de un mes (aproximadamente hasta la fecha de la denuncia (10 de julio de 2017)). Asimismo, se le imputa, haber amenazado a la Sra. P.A.T.al comunicarse telefónicamente (al número 02302-XXX) con la misma, a mediados del mes de junio del año 2017 en momentos en que T. se encontraba trabajando, manifestándole lo siguiente, según palabras de la propia víctima: "me sacaste todo, yo te voy a sacar todo, inclusive tu vida".

El Fiscal en turno procede por I.F.P., arribándose luego a un acuerdo de juicio abreviado el cual ha sido suscripto por el imputado, su Defensor Oficial y el Fiscal.

3. Audiencia de admisibilidad formal y de visu.

Se desarrolla el día 3 de octubre del corriente ante el suscripto, conforme las previsiones de los arts. 378 y 379 del C.P.P. El acusado reconoció la firma en el acuerdo, expresando haber sido debidamente asesorado sobre los alcances del mismo y confesando su participación en el hecho.

4. Fundamentos (Art. 349 C.P.P.)

a) Consideraciones preliminares sobre la admisibilidad sustancial:

Como habitualmente expreso, y sin ánimo de parecer reiterativo, corresponde tener presente que el Juicio Abreviado conlleva la particularidad que no existe contradicción entre la acusación pública, encarnada en el Ministerio Público Fiscal, y la Defensa Técnica, más la anuencia del acusado que reconoce tanto la existencia del hecho como la autoría del mismo. El reconocimiento del imputado, en la transacción con el titular de la acción penal, importa una verdadera confesión, realzando el valor de tal medio probatorio. Si bien la posibilidad del imputado de declarar, en forma amplia y en varios momentos del proceso, se sustenta, fundamentalmente, en su derecho de defensa, el contenido de sus dichos –una vez que se decide a manifestar su voluntad ante el tribunal- pueden ser utilizado como prueba de cargo. José Ignacio CAFFERATA NORES, en su obra “La prueba en materia penal” (Depalma; 3ra.edición; 1998; o.161/162), da como características que debe contener una confesión válida, para ser tenido como prueba en el proceso penal, que quien confiesa esté en condiciones intelectuales para producir una manifestación de conocimiento, que sea libre, prestada ante el órgano judicial y con el propósito de confesar.-

Que haré propio, tal como lo hiciera en anteriores oportunidades, por resultar aplicable al caso lo manifestado por el ex Juez de Audiencia Dr. Fabricio LOSI -actual Ministro del Superior Tribunal de Justicia- al resolver el Legajo N° 3371 caratulado “MINISTERIO PUBLICO FISCAL c/ FALCON, Elvio Ricardo s/ Amenazas Simples” y su unido por cuerda Legajo N° 5302 caratulado “MINISTERIO PUBLICO FISCAL c/ FALCON, Elvio Ricardo s/ Lesiones Leves”: “...La implementación del nuevo diseño procesal penal en la provincia, a partir del 1º de marzo del pasado año, de cuño acusatorio y adversarial, potenció el valor del juicio abreviado. No es competencia de la judicatura estimar el valor o disvalor institucional del procedimiento, pues ello ya fue evaluado por los órganos constitucionalmente predispuestos para llevar adelante el proceso legisferante, sino aplicarlo e interpretarlo, en el caso concreto, según Constitución.”

“Y en tal sentido, el primer estándar de admisibilidad debe estar referido al acusado, centro del proceso, a quien el diseño procesal protege del poder punitivo del estado...”. El suscripto ha tenido contacto personal con O. al momento de realizar la audiencia de admisibilidad formal y de visu previstas por el Código de Rito, surgiendo de dicha audiencia que el imputado comprendía correctamente el alcance y efectos del acuerdo al que había arribado conjuntamente con su Defensor Oficial y el Fiscal interviniente. Continuando con la cita del fallo antes referenciado corresponde tener presente que “Deben tenerse en cuenta, además, los dos estándares que fijó el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa en el Plenario para el tratamiento de Juicio Abreviado, donde estableció: 1) que el acuerdo de juicio debe ser serio, esto es que debe existir una correspondencia entre la realidad de los hechos y lo firmado por las partes y el acusado; 2) que deben ser atendidos los derechos de la víctima (Resolución en Pleno del 26/10/2011. Registros del T.I.P.: Legajos 661/4 “Dr. Facundo Bon-dergham, defensor de Luis Enrique Dias Castañeira” y Legajo 661/0 s/Recurso de Impugnación, y nº 661/6 “Dr.Hugo Luis Vercellino, defensor de Juan Carlos Escala s/Recurso de Impugnación”).

El TIP claramente advirtió, en tal Plenario, que no se trata del simple cambio de la ley procesal, sino la puesta en marcha de un sistema procesal que apareja cambios profundos en la mentalidad de los operadores judiciales. En tal inteligencia, el poder del MPF se ha incrementado, teniendo, de hecho, la disponibilidad sustancial de la acción penal a partir del art. 15 C.P.P., y las facultades de los jueces se han restringido en su rol inquisitivo. Sí realzando su rol de tercero imparcial, protector -en primer lugar y sobre todo- del debido proceso, despejando toda duda razonable que el acuerdo resulte un medio extorsivo para con el firmante en pos de lograr un derecho -generalmente la libertad-, cuestión que afortunadamente nunca he advertido en la circunscripción.

Así las cosas, si el acuerdo no contiene una discrepancia notable con los hechos, será el MPF quien asuma la responsabilidad institucional de optar por una figura menos gravosa o una pena tal vez exigua, en relación a la eventual sanción luego de un juicio común, pero con el beneficio de una condena rápida y efectiva.

El otro estándar fijado por la Alzada finca su mirada en la víctima. La ley 26.845 a pesar que en su artículo 41 pretende tener un correlato con un sistema de derecho penal de mínima intervención, ha generado cambios en la jurisprudencia y reacomodamientos de institutos, que aún hoy transitan en zonas farragosas, con vaivenes interpretativos. Lo que me parece insostenible, desde la razonabilidad que debe primar en todo acto de gobierno -y el sentenciar es uno de ellos-, es trazar un corte abrupto en el sistema penal, según la cuestión sea o no de violencia de género. Los justiciables y los operadores del sistema deben gozar de cierta previsibilidad en las resoluciones jurisdiccionales, de modo tal que no se prive a unos de lo que se otorgue a otros.

El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia, Sala B, revocando el avenimiento que oportunamente le fuera concedido a Marcelo Javier Tomaselli (Leg.nº 912/3, de fecha 24 de julio de 2012) advierte que la vigencia de los tratados internacionales y la legislación en la materia desechan toda posibilidad de conciliación o mediación. Ello implica que la voluntad de las partes se encuentra recortada en relación a salidas alternativas, pero nada dice sobre la necesidad inexorable de llevar adelante un juicio para concluir en condena. Si el imputado reconoce el hecho y la autoría, y la víctima fue escuchada, creo que el juicio abreviado es una herramienta válida para hacer efectivos los derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales reseñados en el art. 16 de la ley nº 26.485.”

Resulta necesario entonces realizar un esfuerzo para armonizar las interpretaciones y los derechos en pugna, resolviendo en un plazo razonable la situación del imputado, respetando a la vez los derechos de la víctima.

Asimismo, debe tenerse presente que el propio Tribunal de Impugnación Penal ha dicho expresamente al resolver el legajo caratulado “SCHONFELD, Daniel s/ Impugna Rechazo de Juicio Abreviado”...

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