Sentencia Nº 358 de Secretaría Penal STJ N2, 28-12-2017

Fecha de Resolución:28 de Diciembre de 2017
 
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///MA, 28 de diciembre de 2017.
VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: “B., J.A. y A., J.s.ón de menores s/Juicio s/Casación” (Expte.Nº 29256/17 STJ), puestas a despacho para resolver, y
CONSIDERANDO:
Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se transcribe a continuación.
El señor J. doctor S.B. dijo:
1. Antecedentes de la causa:
Mediante Sentencia Nº 21, de fecha 27 de marzo de 2017, la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma resolvió condenar a J.A. a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de facilitador de actos de corrupción de menores, en concurso ideal con facilitador de la prostitución de una menor de edad (arts. 45, 54, 125, 125 bis 126 C.P., y 372, 375, 377, 379 y cc del CPP)”; asimismo, condenó a J.A.B. a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de promoción de la corrupción de menores (arts. 45, 125 C.P., y 372, 375, 377, 379 y cc del CPP)”.
Contra tal decisión interpusieron recursos de casación los señores defensores de ambos imputados, los doctores M.M. y L.P. -en representación de B.- y el señor Defensor Penal doctor P.V. -luego de ser anoticiado de la voluntad recursiva manifestada por A.-, que fueron declarados admisibles por el a quo.
2. Agravios de los recursos de casación:
2.1. Recurso de casación presentado a favor de B.:
La defensa recurre en razón de la inobservancia de la ley sustantiva y de las normas procesales, por absurda y arbitraria valoración de la prueba, lo que torna arbitraria la sentencia. Ello por entender que existe atipicidad en el hecho enrostrado a su asistido, el que subsidiariamente considera nulo, además de que se ha incurrido en “una irracional y segmentada valoración del plexo probatorio”, por lo que los letrados pretenden su absolución.
/// Reseñan determinados elementos probatorios que deben ser revisados y plantean, en primer lugar, la atipicidad del hecho por el que se condenó a B., por considerar que de este no emerge una conducta típica, antijurídica y culpable.
Señalan que el señor F. de Cámara, y en consecuencia el Tribunal de Juicio, ha confundido los términos “corrupción” con “consumo” de prostitución y que los actos presuntamente efectuados por B. no se identifican con la descripción del tipo penal enrostrado, según la ley y la jurisprudencia vigente. Mencionan que se le atribuye haber mantenido relaciones, con consentimiento, con quien con normalidad ejercía la prostitución, sin que se establezca circunstancia alguna que signifique que el acceso haya conllevado alguna circunstancia sexual anormal. Sostienen entonces que la imputación devela una falacia en cuanto no revela de qué forma o en qué medida se ha corrompido el normal comportamiento sexual. Entienden que no se ha individualizado cuáles serían los actos del imputado que terminaron corrompiendo o poniendo en peligro de que ello suceda, a lo que agregan que de la lectura del hecho, cuya técnica de redacción critica, emergería una relación sexual normal, no anormal, ni surge una conducta depravada o pervertida. Tampoco existe, prosiguen, prueba alguna de que efectivamente se haya modificado la sexualidad de C., que a su entender se encontraba debidamente desarrollada con prescindencia de la conducta de B. y más allá de la vulnerabilidad o no de aquella. C. doctrina en abono de su planteo.
Como segundo agravio, en subsidio a lo anterior, la defensa plantea que el hecho intimado es nulo, por no reunir una detallada descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que menoscaba el derecho de defensa del imputado, que tiene derecho de conocer acabadamente de qué se lo acusa, y el principio de congruencia.
Hace referencia a los planteos articulados en este sentido y a lo establecido en el art. 273 del Código Procesal Penal, además de doctrina y jurisprudencia sobre el tema.
Luego de reiterar lo ya expuesto sobre la acción típica del delito endilgado, cuestiona en particular la indeterminación del factor tiempo, por su amplitud, que imposibilita proveer elementos de descargo concretos; también formula críticas en lo que respecta al lugar, aludiendo a las vastas dimensiones de la chacra, donde no se define un ambiente o espacio, además de mencionar el yerro relativo a la tranquera de ingreso, que no es del lado izquierdo sino derecho del kilómetro…; se agravia asimismo por las “no menos de dos” oportunidades
///2. referidas en la imputación, que no son identificadas, además de que la víctima dijo haber visto a B. una sola vez en su vida (en el asado); finalmente, sostiene que tampoco se hace referencia a qué elementos de valor se alude, que serían entregados por B.
Concluye que se trata de una nulidad de carácter general, puesto que afecta garantías constitucionales, por lo que su planteo no tiene preclusión o caducidad.
En tercer término, invoca la absurda y arbitraria valoración de la prueba, por cuanto considera que el juzgador ha fragmentado los elementos probatorios y ha construido la prueba de cargo.
Los letrados critican que se haya encuadrado esta causa en tratados internacionales a favor de los derechos de los niños vulnerables y las mujeres en situación de violencia de género para “dar flexibilización al plantel probatorio”, cuando a su entender ni el tipo penal ni la situación que emerge del hecho permitían dicho encuadre. Aluden a ciertas situaciones y publicaciones en redes sociales en relación con la víctima y otras personas que resultan ser testigos que darían cuenta de que no se estaría ante situaciones de intimidad ni hechos cometidos entre paredes.
Agregan que el a quo omitió analizar y referirse a determinados elementos que la defensa estimaba esenciales para su cliente, lo que consideran arbitrario.
También aducen que el Tribunal completó el silencio de los testigos que callaron (por miedo, temor o vulnerabilidad), cuando lo que correspondía era absolver o formar causa por presunto falso testimonio.
Seguidamente analizan los testimonios brindados en el debate.
En cuanto a C., entre otras consideraciones señalan que ella dijo que no conocía a B. y que no lo tenía agendado, por lo que critican que en la sentencia se haya afirmado lo contrario y que se haya omitido considerar el informe de la OITEL, que da cuenta de que no existen registros de comunicación de ningún tipo (entre ellos y tampoco entre B. y las demás personas que participaron del asado). También hacen referencia al miedo de la víctima que, de existir, sería sin interferencia de los imputados, a lo que suman que consideran arbitraria su ponderación. Cuestionan además que se hayan tenido como ciertos los dichos de R. respecto de que reconoció la voz de B. cuando lo vio en un
/// reportaje, dado que lo había escuchado en una breve comunicación desde el celular de T., testigo con un claro interés por ser la pareja de la víctima y padre de sus dos hijos.
Critican asimismo la valoración de los dichos de diversos testimonios de oídas, tales como los de M., S., G., G., D., M., J., aclarando que ninguna de esas personas dijo que T. les haya referido que tuviera relaciones sexuales con B. En forma similar, afirman que si bien D. mencionó que la víctima afirmó que se “prostituía con los viejos” y aludió -sin dar nombres- a un juez, también respondió que no cuando se le preguntó si los operadores le dijeron que C. u otras menores habían tenido sexo con B.
Por otra parte, aluden a ciertas pruebas que estiman de descargo, cuya valoración habría sido omitida por el juzgador, entre ellas: el testimonio de N.P., que negó haber dado nombres; la valoración de lo expresado por la madre de la víctima, en cuanto al episodio que ocasionó temor en su hija y la referencia que esta le hizo respecto de una supuesta “amiga que se acostaba con un J. para que suelte a su hermano preso”, que sería ella misma, pero sin ponderar lo que surge del incidente de ejecución de D.T., en el que B. no le otorgó ningún beneficio y consta el otorgamiento -en voto conjunto y un año antes del hecho imputado- de un beneficio de estudio extramuros, y la ponderación de los dichos de F.V., Coordinador del CAINA, a cuyo respecto solo se valoró que las menores se reunían en la chacra, sin decir nada sobre que B. nunca estuvo cuando se reunían allí, y que era esa ausencia la que motivaba tales reuniones. En el mismo sentido, y en cuanto al testimonio de P.M., en relación con esta causa cuestionan que se le haya restado credibilidad por el tiempo que dijo que permanecieron en la chacra el día del asado (una hora y media) y porque no refirió que alguien haya al menos salido para ir al baño, lo que estiman absurdo; sobre los dichos de C., critican que no se haya precisado el dato ponderado por el a quo, sobre la presencia de la víctima, L.V. y S. en un campo, con hombres manteniendo “algo más que charlas”, de lo que dedujo que mantuvieron sexo; de modo similar, acerca de las declaraciones de P. y U.O., argumentan que también son de descargo y no fueron así ponderadas, como tampoco se ponderó un elemento objetivo (el informe de la OITEL antes referido), lo que la defensa vincula con los dichos de R. sobre que habría reconocido la voz de B., como ya se expuso. También en lo relativo a los dichos de este último testigo (R.), la defensa aduce que no se tuvieron en
///3. cuenta determinadas pruebas que ofreció y que desmentirían su relato en cuanto a un episodio en que le habría arrojado piedras al rodado de B., que habrían impactado en la chapa y los cristales (informe mecánico y certificado de cobertura y póliza de seguro). Más adelante agregan que se omitió valorar el informe psicológico del Cuerpo Médico Forense, que no advirtió indicios de trastornos evidentes de la personalidad en ninguna de las tres acepciones de la palabra “perversión”.
Sobre la testigo N.B., quien dijo conocer por boca de T. que esta mantenía relaciones sexuales con B., la...

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