Sentencia Nº 355 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 23-08-2021

Fecha23 Agosto 2021
Número de sentencia355
MateriaP.R.R.Y.O. Vs. C.D.S.S.(.C. S/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común Sala I ACTUACIONES N°: 3157/16 En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, agosto de 2021, se reunen en acuerdo los Sres. Vocales de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial, D.. L.A.D., M.F.R. y Á.Z. para conocer y decidir el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en los autos caratulados "P.R.R. Y OTRO c/ CAJA DE SEGUROS S.A. (EX CSVSA) s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)"- Expte. N° 3157/16. Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de la votación, el mismo dio el siguiente resultado: D.. Á.Z., L.A.D. y M. fabiana R.. Los Sres. Vocales se plantean las siguientes cuestiones: ¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA EN RECURSO? ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR? A la PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Vocal, D.Á.Z., dijo: I.V. los autos a conocimiento y decisión del Tribunal, por el recurso de apelación interpuesto a fs. 306 por la letrada apoderada de los actores, S.C.M., contra la sentencia de primera instancia de fecha 28/10/2019 (fs. 303/305) que hace lugar a la excepción de falta de acción en relación a la co-actora R.R.P., recepta favorablemente la defensa de prescripción liberatoria opuesta por la demandada, y en consecuencia rechaza la demanda de ducida de cumplimiento de seguro de vida colectivo. II. Antecedentes relevantes del caso. Conforme surge del escrito de demanda (fs. 14/20), R.R.P. y R.Á.C., promueven acción sumarísima de consumo fundada en las disposiciones de la Ley 24.240 (en adelante LDC), en contra de la Caja de Seguros S.A., a causa del incumplimiento en que invocan habría incurrido la demandada respecto del seguro de vida colectivo, individualizado bajo la póliza n.º 5110991147601, que tenía contratado su hijo P.D.C., a quien se le descontaba la prima de sus haberes, y quien falleciera el 23/05/15. Reclaman resarcimiento de daños patrimonial y moral, y solicitan se aplique la multa prevista en el art. 52. Bis de la ley citada. A su turno, la accionada, al contestar demanda (fs. 181/191) plantea la inaplicabilidad de la LDC al contrato de seguro y la inconstitucionalidad del art. 52 bis; asimismo, opone prescripción de la acción, excepción de falta de legitimación activa de R.R.P. y falta de cobertura alegando como causal de exclusión el abuso de alcohol previsto en la póliza. Por último, objeta las sumas reclamadas en concepto de daño patrimonial moral y punitivo, y solicita la ordinarización del proceso. Por resolución del 25/09/2017 (fs. 193) el J. a-quo imprime al presente juicio la vía ordinaria, difiriendo los planteos de inaplicabilidad de la LCD, inconstitucionalidad del art. 52 bis, defensa de falta de legitimación activa y prescripción de la acción para su oportunidad; decisorio que es revocado por este Tribunal mediante sentencia del 31/05/18 (fs. 211/212). De esta manera, en oportunidad de realizarse la audiencia del art. 401 procesal (fs. 223), los actores se oponen a los planteos y excepciones interpuestas por la demandada. Mediante la sentencia aquí impugnada de fecha 28/10/2019 (fs. 303/305) el Juez de grado hizo lugar a la defensa de falta de legitimación activa opuesta respecto de R.R.P., por no ser beneficiaria del seguro de vida colectivo. Asimismo, consideró aplicable el plazo de prescripción de un año que consagra la Ley de Seguros (LS) (art. 58 ley 17418), por considerar, entre otros argumentos, que pese a estar vigente a la fecha del siniestro el art. 50 de la LDC que establece un término de 3 años para las acciones y sanciones que emergen de dicho cuerpo normativo, "la misma no reemplaza ni deroga ni modifica propiamente a la ley de seguros”. De esta manera, concluyó que entre el rechazo de la cobertura el 19/11/15 y la interposición de la demanda el 21/02/17 -descontado el plazo en el que estuvo suspendido en razón del trámite de mediación-, transcurrió el plazo prescriptivo previsto por la LS, por lo que hizo lugar a la prescripción liberatoria interpuesta por la aseguradora y declaró extinguida la acción deducida en su contra. II. El recurso. Los Agravios. El actor expresa agravios a fs. 308/313. En lo medular de su planteo cuestiona que el fallo impugnado haya concluido que en el caso transcurrió el término prescriptivo previsto por la LS. Considera que la norma aplicable al supuesto de autos es el art. 50 de la Ley 24.240, con la reforma introducida por la Ley 26.361, que establece el plazo trienal de prescripción para las acciones judiciales emergentes del contrato de seguro, toda vez que el asegurado falleció en fecha posterior a su sanción (23/05/2015). Sostiene que la ley consumeril, de orden público y con jerarquía constitucional, resulta aplicable en virtud de la naturaleza que vincula a las partes y por ser más beneficiosa al consumidor. Manifiesta que, conforme a ella, el asegurado puede ser considerado consumidor, y la literalidad de dicha disposición inhabilita interpretaciones contrarias a ella u omisiones de su aplicación sin previa declaración de su inconstitucionalidad. Concluye que debe entenderse plenamente vigente la correcta inteligencia del art. 50 de la LDC, en cuanto al establecer el plazo de prescripción, comprende todas las acciones que nacen del estatuto consumeril, como también las del derecho común, y por ser un texto de jerarquía constitucional, prevalece como norma especial sobre cualquier otro precepto que establezca un plazo diferente. Por último, se agravia respecto de la imposición de costas a su cargo, toda vez que considera que tenía razones más que suficientes para interponer la presente demanda, por lo que debieron imponerse por el orden causado. A fs. 315/318 contesta agravios la Dra. M.C.L.Á., en representación de la accionada Caja de Seguros S.A., solicitando el rechazo del recurso intentado. Sostiene que la Ley de Defensa del Consumidor resulta inaplicable en el caso de prescripción de acciones derivadas del contrato de seguro. Señala que aun con la modificación de la ley 26.362, precedentes jurisprudenciales consideran igualmente aplicable el art. 58 de la Ley 17.418 al plazo de prescripción del contrato de seguro, haciendo mención en tal sentido al fallo “D.” de la CSJT, de fecha 14/11/16, por lo que solicita se confirme el fallo impugnado. III. La solución. Ingresando al estudio del recurso de apelación interpuesto por la actora, me permito adelantar que, si mi voto fuera compartido, el mismo habrá de prosperar, conforme a las siguientes consideraciones. (i). Marco regulatorio. Contrato de Seguro de Vida Colectivo. Ley de Defensa del Consumidor y Ley de Seguros. De la reseña efectuada precedentemente, se advierte que, en primer término, resulta dirimente dilucidar cuál es el régimen jurídico aplicable al caso, para luego examinar la excepción de prescripción de la acción entablada por la parte actora. Conforme surge del escrito demanda (fs. 14/20) el actor promueve acción sumarísima de consumo contra la Caja de Seguros S.A. a fin de obtener el cumplimiento de la póliza de seguro de vida colectivo correspondiente a su hijo fallecido, de la cual resulta beneficiario. De manera expresa funda su acción en las disposiciones de la Ley 24.240 (punto 4), por entender que la accionada es comercializadora de servicios y por tal razón proveedora en los términos del art, 2 de la LDC, y que quien se adhiere a un plan de aceptación garantizada, es consumidor en los términos del art. 1 del mencionado cuerpo normativo. Señala que el contrato que vinculó a las partes, es un típico contrato de adhesión con cláusulas preestablecidas, por lo que tales características negociales ponen de manifiesto la tutela de la LDC y sus modificatorias. A su turno, la demandada reconoce la existencia del seguro de vida colectivo conforme póliza n.º 5110-9911476-01 celebrada entre la aseguradora Caja de Seguros S.A. y el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, en su carácter de tomador en beneficio de sus dependientes. Sin embargo, niega que la LDC y sus modificatorias, en especial la ley 26.381, sean aplicables al presente contrato. Señala que las leyes 17.418 y 20.091 fijan un régimen específico de protección del asegurado que resultan de mayor amplitud que el de la ley 24.240. Asimismo, entiende que, en el caso el tomador no resulta consumidor ya que no consume el seguro como destinatario final, ni en beneficio propio o de su grupo familiar o social, por lo cual solicita se declare la inaplicabilidad al caso de autos de la LDC. Por su parte el Sr. Juez de grado al dictar la sentencia aquí apelada (fs. 303/304), si bien considera que “la relación subyacente en autos constituye una relación de consumo”, luego sostiene que “no cualquier acción de un consumidor puede ser considerada inexorable y necesariamente emergente de la ley de defensa del consumidor”, lo que considera que “acontece en la especie, por cuanto se pretende, en definitiva, el resarcimiento de los daños ocasionados a raíz del incumplimiento de un contrato de seguro”, por lo que en el caso decide aplicar la regulación legal específica, esto es la LS N° 17.418. Conclusión sentencial con la que habré de disentir. Es que, si bien es cierto que el contrato de seguros se encuentra regulado por su propia ley específica (Ley 17.418), cuya aplicación es preferente frente a la normativa general de contratación, también lo es que, como ya sostuviera al respecto esta Sala -con distinta integración- y cuyo criterio comparto, “El seguro de vida colectivo implica una relación de consumo aprehendida en las normas de la ley 24.240, pues cumple acabadamente las exigencias de sus artículos 1 y 2 y restantes disposiciones. En efecto, como la doctrina ha señalado "se trata de un contrato celebrado a título oneroso, entre un consumidor final -persona física o jurídica-, con una persona jurídica que, actuando profesionalmente, se obliga, mediante el pago de una prima o cotización, a prestar un servicio (art. 1 inc. b ley 24.240), consistente en la asunción de riesgos mediante coberturas asegurativas. Y que...

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