Sentencia Nº 353 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 16-06-2020

Número de sentencia353
Fecha16 Junio 2020
MateriaSALVATIERRA FRANCISCA DEL ROSARIO Vs. ALABARCE CRISTIAN JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

SENT Nº 353 C A S A C I Ó N Provincia de Tucumán, a los 16 (dieciséis) días de junio dos mil veinte, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por la señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, el señor Vocal doctor Antonio D. Estofán (con firma digital) y la señora Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos, bajo la Presidencia de su titular doctora Claudia Beatriz Sbdar, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: “Salvatierra Francisca del Rosario vs. Alabarce Cristian Jesus y otros s/ Daños y perjuicios”. Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctor Antonio D. Estofán,y doctora Eleonora Rodríguez Campos, se procedió a la misma con el siguiente resultado: La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la actora Francisca del Rosario Salvatierra (fs. 160/172) contra la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 18/6/2018, (fs. 152/154). Corrido traslado del recurso y contestado a fs. 178/180, fue declarado admisible por resolución del referido Tribunal del 04/10/2018 (fs. 182). La sentencia impugnada hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por el Sistema Provincial de Salud y en consecuencia rechazó la demanda interpuesta por la Sra. Francisca del Rosario Salvatierra, impuso las costas y reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 2. La actora sostiene que “en autos los daños y perjuicios, es decir esta acción civil se desprende de una causa penal por el delito de homicidio culposo ocurrido el 23/2/2012, pues queda determinado que esta acción civil es accesoria de la causa penal, la que reviste el carácter de principal y conlleva a la acción civil; siendo ello no solo lo expresamente normado sino el espíritu de la norma en todos sus extremos”. Expresa que “V.E. se equivoca al realizar el cómputo de los términos para la prescripción de la acción civil por daños y perjuicios al considerar la fecha del hecho dañoso como el inicio del plazo para la prescripción de la acción, debiendo rectificar el inicio de dicho cómputo al momento en que finaliza la acción penal, es decir cuando operó el sobreseimiento (notificado y firme) del imputado en la causa penal”. Afirma que “yerra V.E. en computar el cargo de la presentación con objeto ‘promueve continuidad de acción civil’ realizada por la actora en fecha 23/11/2015 como la fecha en la que se interpone la demanda, ya que la demanda fue interpuesta en sede penal ante la notificación del decreto 310 del cód. procesal penal; es decir que la demanda civil fue deducida en fecha 8/10/2014, tal como se encuentra acreditado; pues en esta fecha concreta la demanda civil por ser el momento procesal oportuno para hacerlo…”. Postula que “la responsabilidad civil sobre los daños y perjuicios derivados de un hecho dañoso que nos ocupa involucra en forma solidaria al conductor del vehículo (cosa riesgosa) causante directo del daño, a su titular dominial, y a la compañía aseguradora de los riesgos; tal como lo expresa toda la normativa que se refiere, pues un mismo hecho (ilícito y a su vez causante de los daños) vincula a varios sujetos respecto de la responsabilidad”. Propone doctrina legal. 3. La sentencia impugnada consideró que “el momento de inicio de la prescripción, como se dijo, viene dado por la producción o, en su caso, por el conocimiento del daño sufrido, lo que conforme lo enuncia la propia actora acaeció el 23/02/2012, fecha ésta en la que se produjo el evento dañoso del que derivaran los perjuicios que invoca en su demanda. Acorde al precepto del artículo 4.037, el plazo de prescripción de la acción por daños y perjuicios en cabeza de la demandante feneció el 23/02/2014, con lo cual habiendo deducido su demanda el 23/11/2015, claramente se advierte que su acción se encuentra prescripta”. Sostuvo que “en la especie no se ha dado cuenta de la existencia de ningún hito susceptible de suspender o interrumpir el curso de la prescripción de la acción”. Luego agregó que “a los fines de demandar por la responsabilidad que eventualmente le pudiera corresponder por el hecho que origina la causa, en relación al Estado no puede invocarse la suspensión del curso de la prescripción por la deducción de querella criminal prevista en el artículo 3.982 bis del Código Civil; ello pues dicha norma no alcanza a aquel ya que los vínculos generadores de responsabilidad entre el actor y el demandado, son distintos”. Expresó que “la responsabilidad que existiría entre el demandado y su dependiente es de naturaleza concurrente, de modo que se trata de dos obligaciones que tienen un mismo acreedor e identidad de objeto pero distinto deudor y causa. Consecuentemente, la interrupción o suspensión de la prescripción respecto a uno de ellos no incide sobre el otro”. Llegó a la conclusión de que “es atinado significar que el Estado Provincial (latu sensu) no es pasible de ser querellado, por lo que, a fin de computar el plazo de prescripción de la acción de daños y perjuicios entablada, no resulta aplicable la excepción contemplada en la norma de fondo contenida en el artículo 3.982 bis del Código Civil...

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