Sentecia definitiva Nº 34 de Secretaría Civil STJ N1, 20-04-2012

EmisorSecretaría Civil STJ nº1
Fecha20 Abril 2012
Número de sentencia34
PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EXPTE. Nº 25209/11-STJ-
SENTENCIA Nº 34

///MA, 20 de abril de 2012.

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores, Víctor H. Sodero Nievas, Roberto H. Maturana y Francisco A. Cerdera, con la presencia de la señora Secretaria doctora Elda Emilce Alvarez, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “REY, FERNANDO ANDRES EN AUTOS: \'MARTINEZ, JUAN CARLOS s/CONCURSO PREVENTIVO\' (EXPTE. Nº 574/08/J1) s/ INCIDENTE DE REVISION s/CASACION” (Expte. Nº 25209/11-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Ia. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Viedma, para resolver el recurso de casación deducido a fs. 77/88, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden del sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S

1ra.-¿Es fundado el recurso?

2da.-¿Que pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor Víctor H. Sodero Nievas dijo:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia en virtud del recurso de casación deducido por la parte actora a fs. 77/88, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 136 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Ia. Circunscripción Judicial, obrante a fs. 68/72, por la que se hizo lugar a la///.- ///.-apelación planteada por la demandada y en consecuencia revocó la sentencia de Primera Instancia (de fs. 36/37), en cuanto hizo lugar al pedido de verificación del crédito insinuado por el acreedor Fernando Andrés Rey por la suma de $215.641,14, en carácter de quirografario.

El recurrente se agravia de que la sentencia atacada ha aplicado erróneamente el art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras, ya que –a su criterio- la misma en ningún lado dice que hay que probar la causa de la obligación sino sólo que hay que invocar la causa de la obligación y acompañar los títulos justificativos de la misma, siendo el pagaré suscripto por el concursado el título justificativo, máxime si allí se ha invocado precisamente la causa de la obligación. Continúa expresando que también resulta violatoria de la ley la doctrina que afirma que un acreedor tiene que invocar la causa cuando pide la verificación al Síndico, pero que una vez abierta la etapa incidental de revisión del crédito, hay que no sólo invocar sino también probar la causa de la obligación; ello por cuanto en la etapa de revisión, lo que el revisionista debe hacer es invocar la causa y acompañar los títulos justificativos de la misma.

Por otra parte, el recurrente, señala que la sentencia ha violado la doctrina legal sentada por este Superior Tribunal de Justicia en la Sentencia Nº 64/05 dictada en los autos: “La Técnica Pasqui Hnos. c/Z. A. y otra”. De tal forma, sostiene que allí se señaló que la causa de la obligación puede surgir del mismo pagaré, y que si el Máximo Tribunal consideró en el precedente señalado que la leyenda “por igual valor recibido/// ///2.-en mercaderías” como la causa de la obligación, a la misma conclusión cabe arribar con la leyenda “por igual valor recibido en dinero efectivo”, que consta en el pagaré ejecutado por su mandante.

Seguidamente se agravia de que la sentencia de Cámara ha aplicado erróneamente la doctrina legal sentada en el precedente “Mullally” (Se. Nº 100/06 –STJRN-). Invoca por una parte, que en dicho fallo el Dr. Balladini, en su voto no dijo que estaba en desacuerdo con la doctrina judicial señalada por el Dr. Sodero Nievas, sino que aún aplicando tal doctrina el crédito reclamado por Mullally no podía ser declarado admisible, adhiriendo entonces al rechazo formulado por el Dr. Lutz. Por otra parte, señala que los antecedentes de hecho que llevaron al Superior Tribunal de Justicia a declarar inadmisible el supuesto crédito de Mullally, difieren notoriamente de los antecedentes de este concurso.

Por último, advierte que la Cámara ha obviado analizar si hay indicios de un concierto fraudulento entre su mandante y el concursado, tendiente a abultar ficticiamente el pasivo concursal y así manejar las mayorías en la junta de acreedores o provocar el retorno del dividendo falencial al fallido. Continúa afirmando que en este concurso no existe el mínimo indicio de concilio fraudulento entre su mandante y el concursado, señalando una serie de razones, que corroboran tal afirmación, como: la imposibilidad de la subasta en el expediente ejecutivo, la acción revocatoria de la donación que hiciera el concursado -a favor de su hija menor- del inmueble que se trataba de subastar, la omisión del concursado de informar el crédito de/// ///.-su parte, la falta de redargución de falsedad por parte del concursado de su firma o del contenido del pagaré, que la sentencia monitoria se encuentra firme y consentida, etc..

Ingresando al examen del recurso de marras, se observa que la cuestión en controversia en estos autos se circunscribe a la acreditación de la causa de la obligación del crédito que se pretende verificar; y en tal sentido, es preciso señalar que ya me he expedido sobre tal cuestión en el precedente: “M., M. J. en autos: \'ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/CONCURSO PREVENTIVO (Expte. 1020/02/J1) s/INCIDENTE DE REVISION (ART. Nº 37 L.C.Q.) s/CASACION\'” (Se. Nº 100/06), adoptando el criterio más atemperado del que fue establecido oportunamente por la jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional Comercial –“DIFRY SRL” y “TRANSLINEAS”-.

Así en tal oportunidad sostuve que la télesis, de la doctrina anotada en los mencionados plenarios, ha sido evitar el abultamiento ficticio del pasivo concursal, que deudores inescrupulosos lograrían echando mano al fácil recurso de inventar pseudos acreedores al entregar a éstos títulos valores abstractos, con el propósito de manejar las mayorías en las juntas de acreedores o provocar el retorno del dividendo falencial al fallido. Esos plenarios quisieron evitar el concierto fraudulento entre el presunto acreedor y el concursado, depurando el pasivo aparente de los \'acreedores\' irreales, en protección de los verdaderos acreedores. Pero, en modo alguno, esa doctrina judicial plenaria ha podido tener en mira desproteger el interés del crédito ni licuar los pasivos reales mediante la combinación de una actitud facilista de///.- ///3.-los Síndicos sumada a la dogmática aplicación de una regla de origen judicial que nunca buscó proteger al concursado sino, al contrario, a sus...

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