Sentecia definitiva Nº 34 de Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo STJ N3, 15-05-2009

Fecha de Resolución:15 de Mayo de 2009
Emisor:Secretaría Laboral y Contencioso Administrativo nº3
 
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///MA, 14 de mayo de 2009.-

Habiéndose reunido en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores L.A.L., A.I.B. y V.H.S.N., con la presencia del señor S. doctor G.G.L., para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "H.J., INES Y OTRA C/ EL RAPIDO ARGENTINO CIA DE MOSA S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte Nº 22391/07-STJ), elevados por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de S.C. de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 97/109 vlta. por la parte actora, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:


C U E S T I O N E S

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?


V O T A C I Ó N
A la primera cuestión el señor Juez doctor L.L. dijo:

1.- EL CASO: Llegan las presentes actuaciones a mi consideración a raíz del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por las actoras a fs. 97/109 vlta. contra la sentencia de fs. 85/92 de la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de S.C. de Bariloche, la cual rechazó por mayoría las acciones incoadas contra El Rápido Argentino Cía. de MOSA, por cobro de salarios adeudados.

Para decidir de tal suerte, por mayoría de sus integrantes, la Cámara advirtió que la situación laboral acaecida durante la temporada del año 2005 estuvo objetiva y directamente vinculada con concretas razones que superaron la / ///-2- decisión empresarial de llevar a cabo la refacción del establecimiento hotelero.

En ese sentido, más allá de posibles disidencias acerca del encuadre del instituto jurídico de la fuerza mayor, el tribunal a quo tuvo presente la situación de auténtica emergencia que afectó al establecimiento de la demandada y que a su vez motivó la convocatoria de las actoras ante la autoridad administrativa local, en aras de posibilitar la concreción de las recíprocas prestaciones contractuales.

Con relación a su cumplimiento, tuvo asimismo en consideración que la legítima expectativa de ocupación en cabeza de un trabajador temporario se halla en correspondencia con el adecuado uso de la potestad organizativa del empresario, que puede traducirse en la modificación del plazo de actividad, aunque siempre con estricta atención a la realidad de su giro comercial, el cual en la emergencia resultó de manifiesta anormalidad.

En definitiva, se ponderó que en el supuesto en examen la empleadora invocó causas objetivas que derivaron de la actividad misma, con el fin de administrar de modo razonado la duración de la temporada con directa observancia del cumplimiento estricto del mínimo temporal de trabajo garantizado por el Laudo Arbitral 437/93.

La Cámara advirtió asimismo que la duración de la temporada está dada por la naturaleza de la actividad en tratamiento, de suerte que aun cuando resulta de incidencia jurídica a favor de un trabajador la duración laboral del ciclo trabajado respecto de la temporada siguiente, ello sólo es así en la medida en que el empresario no dé por concluida la temporada, dirección argumental según la cual concluyó entonces que, habiendo mediado razones objetivas de peso, y no acreditado en tal supuesto un ejercicio abusivo del jus variandi, no corresponde en el caso habilitar el rubro /// ///-3- integración de temporada, por ausencia de trasgresión normativa alguna.

Como razón coadyuvante a su postura, el Tribunal agregó que la empresa demandada debió enfrentar un proceso concursal, que sorteó concretamente mediante la venta de parte de sus activos, entre los que se hallaba la planta baja del Hotel Sol -donde se desempeñaban las actoras-, por lo que debió seguidamente encarar una serie de refacciones para dotar al edificio de un nuevo ingreso.

Así, sostuvo, al verse restringida de tal modo en su capacidad operativa, la empresa debió convocar a sus trabajadores temporarios para cumplir respecto de cada uno de ellos con el mínimo de trabajo garantizado en el laudo correspondiente, adoptando una decisión genérica hacia todos y, por ende, no discriminatoria ni abusiva ni violatoria del orden jurídico, en tanto no se acreditó en autos que procediera de modo desigual respecto de sus dependientes temporarios.

El sentenciante concluyó entonces, por mayoría, que la demandada cumplió acabadamente con la totalidad de los trabajadores, al darles ocupación por encima del mínimo garantizado en el convenio zonal, razón por la cual consideró carente de fundamento lo pretendido por las actoras, cuyos reclamos rechazó.

2.- EL RECURSO: Contra lo decidido por la Cámara según el voto mayoritario, las actoras interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en los términos de fs. 97/109 vta. y, en cuanto interesa aquí considerar, sostienen haber trabajado para la demandada como mucamas temporeras durante los períodos denominados -según Laudo Arbitral 437/93- de temporada única, con ocupación cíclica que superaba ampliamente -según sus dichos- el mínimo allí garantizado.

Manifiestan que en la temporada 2005/2006 la empresa pretendió asignarles un ciclo de tan sólo 90 días de labor, ///
///-4- invocando injustificadamente causas de fuerza mayor, y afirman que el recorte de dicha temporada y, con él, la pérdida de sus expectativas laborales respecto del plazo al que tenían derecho, obedeció a causas inculpables a la dirección empresarial de la demandada.

Desde su perspectiva, las recurrentes estiman que tal recorte del ciclo temporario importó un abusivo ejercicio del jus variandi y transgredió además la previsión del art. 221 de la LCT, es decir, que la suspensión en caso de fuerza mayor no puede exceder el plazo de 75 días anuales, aduciendo también que la demandada no inició ante el organismo correspondiente el procedimiento preventivo de crisis, según lo previsto en los arts. 98 y acordes de la ley 24.013Ley Nacional de Empleo-.-
Las recurrentes, recabando en el voto de la minoría, alegan asimismo (fs. 99) que ha resultado acreditado en la causa que fueron temporeras de temporada única en el marco del Laudo Arbitral 437/93, según el cual la temporada se inicia el día 1 de junio de cada año y finaliza el día 30 de enero del subsiguiente; que la demandada se hallaba concursada y que el Hotel Sol no abrió sus puertas en el año 2005, por hallarse en refacción, y que la demandada notificó con fecha 9 de junio que no cumplirían funciones desde el comienzo de la temporada (20 de junio), convocándolas entonces para el día 1 de octubre.

Las actoras declaran que impugnaron dichas suspensiones en forma reiterada en el entendimiento de que no correspondía aplicar a la situación acaecida entre las partes la previsión del art. 247 de la LCT –instituto de fuerza mayor-, por lo que aducen que se impone en consecuencia dilucidar si la decisión de suspender la relación laboral se ajustó o no a las pautas de los arts. 221 y 247 de la LCT. En tal sentido, opinan que la mayoría del tribunal valoró arbitrariamente las probanzas e incurrió por tanto un desvío lógico, es decir, una conclusión a partir de premisas fácticas falsas.
/// ///-5- En tal línea argumental, afirman que se ha considerado dogmáticamente que el concurso preventivo de la demandada importó causal suficiente para reputar en el caso la existencia de una fuerza mayor condicionante a su vez de la decisión empresaria. Al respecto, aducen que no existe prueba suficiente por parte de la demandada que sustente que el recorte de la temporada 2005 respondiera a causas imprevisibles y no resultara arbitrario.

Pese a ello –insisten desde diversos ángulos argumentales-, se juzgó que existieron razones objetivas y que, por ende, no hubo conducta desaprensiva, ni abusiva, ni contraria al orden jurídico de parte de la demandada, conclusión que a su criterio se aparta indebidamente de las disposiciones establecidas en los arts. 78, 97, 219, 221 a 223 y 247 de la LCT, y 98 y acordes de la ley 24013.

En cuanto cabe tener además presente en este análisis y en relación con las razones objetivas mentadas, finalmente afirman que la dilación temporal para finalizar la obra, que impidió la incorporación anterior de las actoras, resultó directamente imputable a la empleadora.

Rematan su pensamiento afirmando que sostener que la empleadora no puede garantizar la duración de la temporada –y no decir por qué- es carecer de causa de relevancia jurídica para decidir el acto de referencia. Por todo ello, piden que se revise lo resuelto por la Cámara y se haga lugar a sus reclamos.
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3.- LA DECISIÓN: Más allá del temperamento argumental plasmado en el recurso y a tenor de las cuestiones traídas a consideración de este Superior Tribunal, para alcanzar un adecuado enfoque del caso bajo examen entiendo oportuno desbrozar sus elementos jurídicos en distintos y sucesivos planos de análisis, de acuerdo con su auténtica prelación.

En este sentido y atendiendo a la génesis de las /// ///-6- obligaciones y derechos de las partes, destaco en primer lugar el encuadre contractual en el que se desempeñaron las actoras, cuya labor transcurrió según un cauce normativo que, visto de modo concéntrico desde lo más genérico hacia lo más específico, configuró de modo particular sus situaciones jurídicas.

Dichas situaciones, pues, generadas según los beneficios de la Ley de Contrato...

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