Sentencia Nº 3352-2004 de Cámara Nacional Electoral del 30-09-2004

Fecha de Resolución:30 de Septiembre de 2004
 
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CAUSA: "Movimiento de Acción Popular
(M.A.P.) s/pedido de nulidad” (Expte. NE
3865/04 CNE) - MISIONES.-
FALLO Nº 3352/2004
///nos Aires, 30 de septiembre de 2004.-
Y VISTOS: Los autos “Movimiento de Acción Popular (M.A.P.) s/pedido
de nulidad” (Expte. NE 3865/04 CNE), venidos del juzgado federal electoral del distrito
Misiones en virtud de los recursos de apelación deducidos a fs. 83/86 vta., y fs. 88/108
contra la resolución de fs. 70/77 vta., y
CONSIDERANDO:
1°) Que a fs. 1/10 el señor apoderado del partido
“Movimiento de Acción Popular” se presenta ante el señor juez federal con competencia
electoral del distrito Misiones con el objeto de “impugnar el cronograma electoral
notificado [...] en fecha 11 de agosto” (cf. fs. 1), por fundarse en una convocatoria
“absolutamente nula” (cf. fs. cit.). Solicita, en consecuencia, que se declare la nulidad de
los decretos mediante los cuales el Poder Ejecutivo de la provincia convocó para el 30 de
enero de 2005, bajo el régimen de simultaneidad previsto en la ley 15.262 (decr. 852/04),
a la elección de los legisladores nacionales y autoridades provinciales que reemplazarán a
aquellos cuyos mandatos caducarán el 10 de diciembre de ese año (decr. nº 729/04 y
730/04). Impugna, asimismo, la convocatoria a comicios internos para la nominación de los
candidatos a tales categorías de cargos, fijada para el 14 de noviembre de 2004 (decr. nº
1188/04).-
Funda su pretensión, sintéticamente, en que la simultaneidad
dispuesta es de cumplimiento jurídico imposible por encontrarse en vigencia una ley
provincial (nº 4068), según la cual la fecha de los comicios destinados a elegir autoridades
de ese orden debe establecerse en el período comprendido entre los noventa y los treinta
días anteriores a la asunción de las autoridades a elegir. Explica que, por ello, no es posible
celebrar el acto electoral en la fecha fijada por el Poder Ejecutivo provincial.-
Sostiene, por otra parte, que el decreto nº 729/04 -mediante
el cual se convoca a la elección de legisladores nacionales- debe invalidarse por ser
absolutamente irrazonable. En tal sentido, afirma que la convocatoria para el 30 de enero
de 2005 constituye un típico acto arbitrario, “que desborda totalmente la discrecionalidad
temporal que razonablemente le otorga al Poder Ejecutivo la Constitución y la ley” (cf. fs.
8) y “se funda en [...] la sola voluntad del gobernador que convierte a un acto de suprema
garantía para los electores, en una imprudente puja de poder político” (cf. fs. cit). Refiere,
finalmente, que elegir autoridades el 30 de enero significa “poner frenos a una labor
legislativa que debe desenvolverse plenamente y sin presiones durante todo el primer
semestre del año 2005" (cf. fs. cit).-
A fs. 17/21 vta. contesta la impugnación el señor Fiscal de
Estado de la provincia, quien afirma que la sanción de la ley provincial nº 4068 tiene
efectos decisivos sobre la realización de las elecciones para cubrir los cargos nacionales,
en tanto al haberse dispuesto la celebración simultánea de los comicios (decreto 852/04)
“los límites establecidos en la ley provincial [...] modifican indefectiblemente el
cronograma electoral” (cf. fs. 18 vta.). Refiere, luego, diversas deficiencias formales y
sustanciales que advierte en los decretos cuestionados.-
A fs. 53/69 se presenta el señor C.E. R., en su
carácter de gobernador de la provincia de Misiones.-
En primer término, sostiene que el caso es de competencia
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “ya que una de las partes del litigio
-la parte demandada- resulta ser el Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones y
[...][dicha] provincia” (cf. fs. 55). Sobre esa base, opone excepción de incompetencia y
contesta la impugnación deducida en forma subsidiaria.-
Afirma que la interpretación de la actora con relación a la ley
provincial nº 4068 es errónea, ya que dicha norma “no produce efectos jurídicos
vinculantes, pues está suspendida su vigencia temporal, en virtud de que el Poder Ejecutivo
ha promovido un conflicto de Poderes y Competencia ante el Superior Tribunal de Justicia
de la provincia [...] en donde solicita la declaración de nulidad por inconstitucionalidad de
dicha ley” (cf. fs. 63 vta./64).-
Por otra parte, manifiesta que la referida norma no puede
tener efectos por encima de la legislación nacional en la que se enmarca la convocatoria
para la elección de legisladores nacionales.-
Con relación a la denunciada irrazonabilidad de los decretos
impugnados, sostiene que “la oportunidad, mérito, conveniencia y legitimidad del Poder
Ejecutivo para convocar a un acto eleccionario, no necesita de la consulta a los partidos
políticos [...][y] no es materia judiciable” (cf. fs. 66). Añade que mediante resolución 428-
STJ-04 el Superior Tribunal de la provincia estableció la validez y legalidad de los decretos
que en la presente causa se cuestionan.-
A fs. 70/77 el señor juez de primera instancia declara la
cuestión en debate como de puro derecho; desestima la excepción de incompetencia
deducida, y declara la nulidad de los decretos 729/04, 853/04 y 1188/04.-
Señala, en primer término, que su competencia para entender
en la causa resulta de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Código Electoral Nacional,
de la ley 23.298, y de lo previsto en el art. 17 y cc. del decreto 1397/02, reglamentario de

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