Sentencia Nº 330 de Corte Suprema de Justicia de Tucumán, 29-09-2025

Número de sentencia330
Fecha29 Septiembre 2025
MateriaL.S.R. S/ HOMICIDIO AGRAVADO

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN CENTRO JUDICIAL CAPITAL OGA IMPUGNACION CAUSA: “L.S.R. s/ HOMICIDIO AGRAVADO”. LEGAJO N° 21630/07-I2-I1. S.M. de Tucumán, 29 de septiembre de 2025. AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en el marco de este proceso, en virtud del recurso de impugnación articulado por la defensa técnica de la condenada S.R.L.;

y CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES.
1. Por sentencia dictada en audiencia de fecha 18/08/2025, el Sr. Juez de Ejecución de Sentencias, Dr. G.J.O., resolvió: “(...) 3).- ATENTO lo considerado, NO HACER LUGAR a lo solicitado por la defensa técnica en relación a habilitar la posibilidad de matricularse para el ejercicio de la profesión de abogacía en el Colegio de Abogados de Tucumán (...)”. 2. Notificado de tal resolución, el defensor técnico de la interna L. articuló recurso de impugnación; el que fue concedido por el juez de mención en fecha 25/08/2025, elevándose las actuaciones respectivas al Tribunal de Impugnación. 3. Radicadas las actuaciones en esta instancia, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), corrió traslado del escrito recursivo, y procedió a fijar audiencia y a designar a la autoridad judicial interviniente, mediante sorteo. 4. El MPF no efectuó contestación por escrito. 5. El día 22/09/2025 se desarrolló la audiencia prevista en el artículo 314 del CPPT, mediante plataforma virtual Z., en la que estuvieron presentes: la condenada S.R.L., junto a su abogado defensor, el Dr. F.V.; y la Dra. F.P., representante de la Unidad Fiscal de Ejecución de Sentencias (en adelante, MPF). También estuvieron presentes S.S. y R.S., hijos de la condenada, que en el caso revisten la calidad de víctimas -por ser hijos de la víctima fallecida E.S.-, y además ejercen la tuición de la condenada en el marco del régimen de salidas transitorias. II. ADMISIBILIDAD. En el marco de la audiencia, no mediando oposición a la admisibilidad del recurso, dispuse declararlo formalmente admisible, teniendo en cuenta que fue articulado contra una decisión objetivamente impugnable (Art. 343 CPPT); por quien se encuentra legitimado para ello (Arts. 306 y 354 CPPT); y que lo hizo dentro del plazo legalmente previsto, expresando los correspondientes motivos de agravio (Art. 311 CPPT). III. AGRAVIOS - CONTESTACIÓN. Para mayor claridad, las exposiciones y contestaciones realizadas por las partes, serán referenciadas en lo sustancial de sus argumentos, sin perjuicio de las manifestaciones que constan en el registro audiovisual (Art. 111 del CPPT) y que la totalidad de ellas, junto los argumentos vertidos en su sentencia por el Juez de Ejecución, serán tenidas en cuenta para el análisis y la decisión del recurso. Postura de la defensa técnica. Alegó el impugnante -tanto en su presentación escrita como en el marco de la audiencia respectiva- que el magistrado aplicó erróneamente los preceptos legales y que las valoraciones efectuadas no se condicen con la realidad de los hechos; redundando ello en una fundamentación sólo aparente, que conculca los derechos constitucionales de su defendida. En la audiencia ante este Tribunal de Impugnación, hizo un racconto en relación a los estudios y al trabajo que desempeña actualmente su defendida. Así, relató que S.R.L. comenzó a estudiar abogacía durante el cumplimiento de su condena, estando privada de la libertad, y que pese a los obstáculos que supone estudiar en contexto de encierro (tuvo que hacer huelgas de hambre e incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para lograr el resguardo de su derecho a la educación), logró graduarse en el año 2023, y que siempre tuvo el propósito de poder ejercer algún día la profesión. Manifestó que actualmente su defendida trabaja en el Ministerio de Educación de la Provincia, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, y que su tarea consiste en efectuar la procuración de las respuestas a oficios emanados de las distintas oficinas jurisdiccionales, que brinda opinión técnica jurídica, y que elabora proyectos de dictamen, pero que no puede firmar dictámenes porque no tiene matrícula. Agregó que, mediante Resolución 173 de la Fiscalía de Estado, fue incluida dentro del Registro de Abogados del Estado. En lo que respecta a los agravios invocados, en primer término, consideró que el juez confundió la pretensión defensiva. En este sentido, aclaró que no se había solicitado que L. sea autorizada a desempeñar un nuevo trabajo fuera del establecimiento, o que el juez ordenara al Colegio de Abogados que la matricule, sino que la pretensión siempre fue que se precisen los alcances de su condena y si la pena accesoria de inhabilitación absoluta constituye una restricción al ejercicio profesional de la abogacía. A consultas del tribunal, aclaró que la resolución del Colegio de Abogados de fecha 23/06/2025 no constituye una denegatoria lisa y llana al pedido de matriculación (lo cual habría habilitado la competencia contencioso administrativa), sino que establece una suspensión del procedimiento, hasta tanto la interesada acredite la habilitación para el ejercicio de la profesión mediante la correspondiente autorización judicial (lo cual, entiende, resulta de competencia del Juez de Ejecución). Cuestionó que el magistrado incurrió en una arbitraria interpretación de los artículos 12 y 19 del Código Penal. En este sentido, criticó la valoración efectuada en cuanto a que la interna estaría incapacitada para ejercer la profesión y que estaría sometida a curatela, lo cual no se condice con la realidad de los hechos. A este respecto, destacó que L. tiene un empleo y que efectúa por sí misma actos de administración de sus propios bienes y cuentas, y que no se encuentra sometida a ningún régimen de curatela, por cuanto no es una persona incapaz de hecho. Destacó también que en el propio incidente de ejecución existen autorizaciones para que realice por sí misma trámites bancarios de administración, lo cual echa por tierra el razonamiento del juez. Asimismo, afirmó que no existe normativa alguna que impida a una persona condenada a pena mayor a tres años de prisión ejercer una profesión liberal. Cuestionó además que el juez efectuara una remisión al viejo Código Civil, cuando la normativa actualmente vigente, se rige por el principio de capacidad progresiva. Consultado por este tribunal respecto a los alcances de la remisión que hace el artículo 12 del Código Penal en el sentido de que la persona quedará sujeta a un curador, expresó que se trata de una norma que quedó desfasada a partir del dictado del Código Civil y Comercial de la Nación, y que conforme a éste, la señora L. no tiene afectada su capacidad de hecho ni se encuentra impedida de ejercer la profesión. Por otro lado, cuestionó la consideración efectuada por el Dr. Ortega en torno a los alcances de la inhabilitación absoluta, habiendo expresado el magistrado “cuando dice inhabilitación absoluta, es absoluta”. Entendió que el juez sí efectuó una precisión de los alcances de la condena, pero que lo hizo de manera arbitraria y contraria a derecho. En este sentido, arguyó que es el propio artículo 19 del Código Penal el que establece el alcance concreto de la inhabilitación absoluta, y destacó que la señora L. no se encuentra comprendida en ninguno de los incisos de esa norma, y que no corresponde extender sus alcances por vía de analogía en perjuicio de la condenada. Por otra parte, cuestionó la conclusión del juez en cuanto a que cualquier persona dependiente de la administración pública puede realizar dictámenes aún cuando no estén matriculadas. Entendió que tal afirmación resulta arbitraria por cuanto no se condice con la realidad. En este sentido, expresó que la Ley 5233 establece que para ejercer la profesión es necesario estar matriculado, y que la norma no establece distinciones entre el ejercicio dentro o fuera del Estado. En igual sentido, expresó que el artículo 30 de la Ley N° 8896, establece que las reparticiones de la administración pública provincial deben mantener actualizada la información relativa a los profesionales integrantes del registro de Abogados del Estado, incluyendo expresamente los datos de la matrícula habilitante. De este modo, concluyó que -a diferencia de lo considerado por el juez- la matrícula habilitante constituye un requisito indispensable para realizar cualquier actividad que implique el ejercicio profesional (el cual no se limita a litigar). A consultas de este tribunal, precisó que para poder firmar sus dictámenes, la señora L. debería estar matriculada, agregando que es el propio Colegio de Abogados el que suele instar a Fiscalía de Estado a que matricule a los abogados y abogadas que ejercen la profesión dentro de esa repartición. Consultado por el tribunal respecto a si la ausencia de antecedentes penales constituye un requisito para la matriculación, expresó que los artículo 3 y 19 de la Ley 5233 establecen supuestos específicos de incompatibilidades e inhabilidades, recalcando que ninguno de esos supuestos resultan aplicables a su defendida. Concluyó su exposición solicitando que se revoque la sentencia impugnada, y se dicte sustitutiva fijando los alcances de la condena impuesta y si el ejercicio de la profesión está comprendido dentro de los actos vedados por la condena. Postura del MPF. A su turno, la representante fiscal sostuvo que debe confirmarse la sentencia impugnada. En este sentido, dijo que el Dr. Ortega fijó adecuadamente los alcances de la condena impuesta a la señora L., destacando que se trata de una prisión perpetua que trae aparejada una inhabilitación absoluta que opera de forma automática, de modo tal que la limitación para ejercer la profesión por parte de la condenada, surge tanto de la ley (Art. 12 C.P.) como de la propia sentencia condenatoria. Asimismo, manifestó que el magistrado tuvo en cuenta, por un...

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