Sentencia Nº 33 de Secretaría Penal STJ N2, 06-05-2013

Fecha de Resolución: 6 de Mayo de 2013
 
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PROVINCIA: RÍO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: PENAL
EXPTE.Nº: 26146/12 STJ
SENTENCIA Nº: 33
PROCESADO: B.J.A.
DELITO: HOMICIDIO
OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
VOCES:
FECHA: 06/05/13
FIRMANTES: BAROTTO MANSILLA BUSTAMANTE (SUBROGANTE)
///MA, de mayo de 2013.

Habiéndose reunido los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia doctores S.M.B., E.J.M. y J.B. este último por subrogancia-, con la presidencia del segundo y la asistencia del señor Secretario doctor W.A., en las presentes actuaciones caratuladas: “BÁEZ, J.A. s/Homicidio s/Apelación s/Casación” (Expte.Nº 26146/12 STJ), y concluida la deliberación, se transcribe a continuación el acuerdo al que se ha arribado en atención a las prescripciones del art. 439 del Código Procesal Penal, con el planteo de la siguiente:
-
C U E S T I Ó N

¿Es procedente el recurso deducido?

V O T A C I Ó N
El señor J. doctor S.M.B. dijo:

1.- Mediante Sentencia Nº 53, del 21 de agosto de 2012, la Cámara Primera en lo Criminal de la IIIª Circunscripción Judicial resolvió sobreseer a J.A.B. en orden al hecho motivo de acusación a tenor de los arts. 306 inc. 3º del Código Procesal Penal y 34 inc. 1º del Código Penal. Asimismo, dispuso la internación del nombrado en un establecimiento específico para enfermos mentales conforme la Ley 2440, donde deberá ser sometido a tratamiento psicofarmacológico adecuado (fs. 817/820).

2.- Contra lo decidido, el doctor J.M.G.B., apoderado de la parte querellante señora M.E.A., y la señora Defensora de Menores e Incapaces doctora A.M.F.I., interpusieron sendos recursos
///2.- de casación (fs. 829/842 y 843/845, respectivamente), que fueron declarados admisibles por el Tribunal de origen (fs. 849/855) y este Superior Tribunal de Justicia (fs. 862/864).

3.- En esta última resolución también se dispuso que el expediente quedara por diez días en la Oficina para su examen por las partes.

4.- Luego de realizada la audiencia prevista por los arts. 435 y 438 del código adjetivo con la asistencia del letrado de la parte querellante doctor J.M.G.B., la parte querellante señora M.E.A., la señora Defensora General doctora M.R.C.L., la señora F. General subrogante doctora A.Z. y el señor Defensor Oficial doctor G.B., los miembros del Tribunal pasaron a deliberar.

5.- Recurso de casación de la querellante particular:-
5.1.- En su escrito plantea dos agravios: 1) un exceso en el ejercicio de la competencia por parte de la Cámara Criminal que vulnera los principios de congruencia (arts. 17 y 18 C.Nac.) y dispositivo y 2) la arbitrariedad de la decisión por fundamentación aparente.

En cuanto al primer agravio señala que, de acuerdo con el principio dispositivo en materia recursiva y el art. 418 del rito, el Tribunal ad quem debe limitar su actuación al objeto del recurso interpuesto. En tal sentido, remarca que ambas apelaciones tuvieron su origen en la solicitud de cese de la internación del imputado por parte de la señora Defensora de Incapaces y la petición del Defensor Oficial para que se dejara sin efecto la custodia y se ordenara la
///3.- internación en un lugar adecuado. La parte argumenta que, al haber sido denegadas ambas peticiones por el J. de Instrucción, la Cámara excedió su competencia al resolver en la apelación de estas el sobreseimiento del imputado, valiéndose para ello de la vista contestada por el señor F. de Cámara en tal sentido.

En su segunda impugnación alega que el sobreseimiento constituye una decisión “adoptada de manera arbitraria, con fundamentación meramente aparente, por cuanto omite la consideración de prueba esencial y resulta además notorio su alarmante desajuste con las constancias del expediente”.

Al respecto, entiende que no existe contradicción alguna entre el informe de fs. 796/797 y la opinión que los mismos profesionales desarrollaron a fs. 729, puesto que “en el dictamen de fs. 729, dicen los peritos que sin el examen personal del imputado no pueden informar si el mismo pudo al momento del hecho comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones; y en el dictamen de fs. 796/797 los peritos afirman que de la historia clínica y de los estudios realizados no surge el diagnóstico sugerido a fs. 299/300 por los integrantes del Cuerpo Médico Forense local, lo cual es bien distinto, tanto, que es innecesario ahondar al respecto”.

Así, sostiene que el F. del Cámara y el Tribunal inferior han errado al sostener la irrelevancia del dictamen de los peritos de la Segunda Circunscripción Judicial.

Aduce además que el informe del L.. B. fue realizado con gran rapidez, en el sentido de que insumió no más de tres horas en llegar al Juzgado, cuando cinco días
///4.- más tarde dos médicos psiquiatras y una psicóloga de Salud Mental del Hospital informaron al Juzgado que B. estaba vigil, lúcido, tranquilo y colaborador, sin alteraciones senso-perceptivas, con pensamiento de ritmo y curso conservado, contenido y coherente; no presentaba causas clínicas que justificaran su internación ni síntomas y/o signos que sugirieran la necesidad de tratamiento en el área de salud mental.

Agrega a ello que tales profesionales admitieron la necesidad de contar con determinados estudios para corroborar el diagnóstico (fs. 338), lo cual también fue indicado por los profesionales consultados por esa parte (fs. 649/650), y que en función de ellos se descartó posteriormente (fs. 799) el diagnóstico presuntivo inicial.-
Remite a lo informado por los especialistas a fs. 531, 536, 655, 733 de autos y fs. 15 del legajo de actuaciones complementarias, relativo a la innecesaria internación del señor B. y a la falta de síntomas que sugirieran la necesidad de tratamiento por salud mental.

5.2.- A fs. 871/875 la parte querellante realiza una ampliación de fundamentos y reitera los agravios antes señalados. Finalmente, pide que se anule la resolución recurrida y se ordene reenviar las actuaciones para la continuidad del trámite.

5.3.- En la audiencia de debate ante este Cuerpo, el letrado expone sus agravios de forma similar (ver acta de debate a fs. 917/919) y también hace su análisis crítico la señora M.E.A. (fs. 922/923).

6.- Recurso de casación de la Defensora de Menores e
///5.- Incapaces:

La funcionaria sostiene que B. se encuentra internado en el Hospital Zonal desde el mes de septiembre de 2010 con custodia policial (según surge de fs. 422), aun cuando los profesionales de dicho nosocomio han reiterado que no es necesaria la internación y que su permanencia en el establecimiento pone en riesgo su salud.

Argumenta que “entonces se desoye el criterio del equipo de salud” y se avasalla el art. 20 de la Ley 26675, que prescribe que “la internación involuntaria solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. Asimismo se deja de lado la intervención del equipo terapéutico prevista por los arts. 9, 14 y 15 de la Ley 2440…”.

Esgrime motivos haciendo referencia al art. 28 de la Ley 26657, a los principios de la ONU para la protección de los Enfermos Mentales (Res. 46/119) y de la Declaración de Caracas (para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica), entre otros, incluidos en la referida ley nacional, que precisa los derechos de los enfermos mentales a recibir el tratamiento terapéutico más conveniente, personalizado, y en un ambiente apto, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria (art. 7 inc. d y 1), haciendo hincapié en la interacción del sujeto y restringiendo en lo posible la internación (art. 9).

Entiende que “nada de esto se ha tenido en cuenta en la Sentencia dictada. Ni siquiera frente al informe de fs.
///6.- 799 que da cuenta claramente del fracaso de la internación llevada a cabo”.

Se agravia asimismo con sustento en la Ley Provincial 2440 y finalmente solicita que se revoque la internación ordenada y “se cumplimente lo normado por el art. 9 de la Ley 26657: atención a [su] asistido fuera del ámbito de internación hospitalaria e intersectorial, basado en los principios de atención primaria a la salud”.

7.- Intervención de la Defensora General:

La funcionaria acompaña breves notas y en la audiencia de debate alega que trata el recurso de la Defensora de Menores e Incapaces en punto a la internación de B..

Entiende que el reiterado pedido de cese de internación tiene fundamento en la imposibilidad de los hospitales de dar respuesta a estas cuestiones y, sobre el tema, añade que, si no hay criterio de internación y B. tiene una falta de mérito de largo tiempo, no debe permanecer en la situación indicada. Hace una reseña del recurso que sostiene y argumenta que las casas de día y de tratamiento ambulatorio nunca se pusieron en marcha, lo que implica la falta de atención al imputado. Insiste en que no hay criterio de internación, por lo que no pueden tomarse decisiones que impliquen una restricción en la libertad, dado que no hay fundamentos legitimantes para una internación compulsiva. Lee el art. 14 inc. b) de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que considera violentado.

A lo anterior suma la incompetencia de los jueces penales para tomar la decisión a la que arribaron luego del
///7.- dictado del sobreseimiento.

Afirma que, si el equipo de salud considera necesaria una internación, corresponde la actuación de la justicia civil en un marco de revisión, tal como establece la ley de salud mental nacional.

Por último, sostiene y comparte lo dicho por la Defensora de Menores e Incapaces e insiste en la incompetencia del fuero penal.

8.- Dictamen de la F.ía General:


La doctora A.C.Z. toma intervención, se remite a las breves notas que acompaña, hace una reseña de la temática sometida a discusión y afirma que una falta de mérito por más de dos años violenta la garantía del plazo razonable.

Estima que, pese a su alegato, la querella no logra demostrar la arbitrariedad alegada y considera que los informes mencionados no son periciales que...

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