Sentencia Nº 3100-2003 de Cámara Nacional Electoral del 25-03-2003

• Fecha: 25 Marzo 2003
• Número de sentencia: 3100-2003

CAUSA: "Monner Sans, Ricardo

s/promueve acción de amparo”

(Expte. 3613/03 CNE) - CAPITAL

FEDERAL.-

FALLO Nº 3100/2003

///nos Aires, 25 de marzo de 2003.-

Y VISTOS: Los autos “Monner Sans, Ricardo

s/promueve acción de amparo” (Expte. 3613/03 CNE), venidos

del juzgado federal electoral de Capital Federal en virtud

del recurso de apelación deducido a fs. 134/135, contra la

resolución de fs. 111/122 vta., obrando el dictamen del señor

fiscal actuante en la instancia a fs. 185/191, y

CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 111/122 vta. la señora juez

federal con competencia electoral del distrito Capital

Federal rechaza por falta de legitimación activa la acción de

amparo deducida por el doctor Monner Sans. Mediante ella, se

cuestionaba la constitucionalidad del artículo 4° de la ley

de acefalía presidencial n° 20.972 (modif. por la ley n°

25.716) -en cuanto dispone que “en caso de existir Presidente

y Vicepresidente de la Nación electos, éstos asumirán los

cargos acéfalos”- sobre la base de que resulta contrario al

artículo 88 de la Constitución Nacional, por consagrar la

posibilidad de que asuma la Presidencia de la Nación vacante

quien no es funcionario público.-

La sentencia se sustenta en que el actor

no demostró que los agravios que invoca tengan la suficiente

concreción e inmediatez exigida para procurar el proceso.

Hace mérito, el a quo, del carácter obligatorio que reviste

lo resuelto por este Tribunal in-re “Salvatierra” -Fallo N°

3060/02 CNE- (cf. art. 6° de la ley N° 19.108) y concluye que

el accionante no dio cumplimiento a la exigencia de acreditar

el perjuicio que le provoca la norma que impugna. Refiere que

aquél “sólo se limita a aseverar que la modificación del art.

4 de la ley de acefalía lo afecta directamente [...]

interrogando [...] si con ello se lo está obligando a ser

instigador de ataques constitucionales o promotor de un

delito [...] cuando [...] en su escrito inicial también

manifiesta que podría darse el caso de que el candidato

elegido que deba cubrir la vacancia, en atención a la norma

cuestionada, fuera funcionario público”. Circunstancia ésta

-añade- que de producirse en los hechos, y según se desprende

de las argumentaciones del demandante, no violaría el

artículo 88 de la Constitución Nacional.-

Finalmente, transcribe lo expuesto en el

citado Fallo N° 3060/02, según lo cual “el contenido de una

causa de inconstitucionalidad no puede ser la sola

declaración de la ineficacia jurídica de normas legales o

reglamentarias preexistentes. Se requiere, además, que como

consecuencia de ella se llegue a dictar sentencia [...] esto

es, que reconozca a favor del actor un derecho concreto a

cuya efectividad obstaban las normas impugnadas”. Concluye,

entonces, que ello le impide “analizar y dictar sentencia

sobre la existencia o no de inconstitucionalidad de una norma

en forma genérica, es decir, cuando, como en el caso de

autos, y siempre siguiendo el criterio del Superior, no se ha

verificado la afectación concreta de un derecho que la

Constitución Nacional garantiza al actor”.-

Esta decisión es apelada a fs. 134/135

por el accionante, quien expresa agravios a fs. 136/143; y a

fs. 147 por el señor apoderado del H. Senado de la Nación en

cuanto a la imposición de las costas del proceso.-

Considera la actora que la resolución es

nula por no haberse asegurado la intervención del Ministerio

Público en la instancia de grado. Asimismo, refiere que

existe una “autocontradicción” al haberse dado trámite a su

demanda, para rechazarla luego por falta de legitimación.

Sostiene, en tal sentido, que de entendérselo no legitimado

el a quo debió rechazar in limine su planteo.-

Por otra parte, cuestiona la validez

constitucional del artículo 6° de la ley N° 19.108 y del

artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, sobre la base de que al consagrarse como obligatoria

para todos los jueces del fuero la interpretación de una

norma se invade la esfera de actuación del Poder Legislativo.

Añade que ello cercena la libertad de criterio del juez de

primera instancia, “congela” el desarrollo del derecho y, en

definitiva, afecta la garantía de la doble instancia

judicial.-